Según recoge Diario Gol, aunque las noticias sobre el coronavirus ocupan la mayoría de las portadas de los medios, así como buena parte del tiempo de los informativos de radio y televisión, va bien recordar de vez en cuando la otra gran noticia que salió a la luz durante la crisis del COVID-19.
Nos referimos al caso de los presuntos 100 millones de euros cobrados en comisiones de Arabia Saudí por parte del rey emérito de España Juan Carlos I, a raíz de la construcción del Ave Medina-La Meca.
Felipe VI reacciona
Un asunto al que Felipe VI respondió retirándole la asignación a su padre y renunciando a su herencia. Una decisión que en algunos círculos se dice que habría sido cosa del propio Juan Carlos, que habría aceptado absorber los golpes para limpiar la imagen de la monarquía y dejar a Felipe VI libre de culpa.
Otros aseguran, sin embargo, que no es así, y que esta decisión no ha sido más que una humillación al emérito en toda regla.
Sea como sea, parece que con esta determinación se haya corrido un tupido velo sobre el asunto. De hecho, desde el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez se dijo que no indagarían en el asunto. Pero parece que no es así en absoluto.
La casa real, en jaque
Para desagrado de la casa real, los grupos parlamentarios siguen insistiendo en que se investiguen esas comisiones. Y ojo, porque desde el Gobierno apuntan que el asunto no está en stand by y que "se continuará colaborando" en la investigación de la presunta corrupción del rey emérito.
“Como no puede ser de otra manera, se continuará colaborando con las autoridades judiciales cuando estas lo requieran en las investigaciones ya iniciadas, tanto por ellas como por la Fiscalía", habrían señalado desde el Gobierno, tal y como recoge Europa Press.
En este sentido, señalan en la agencia que “el Ejecutivo es consciente de la importancia de la transparencia y de la necesidad de seguir confiando en las instituciones del Estado".
Asimismo, desde el Gobierno apuntan que en caso de duda sobre la inmunidad de Juan Carlos, “corresponde definir su alcance a los jueces y tribunales”. “El Gobierno no emite opiniones relativas a decisiones de los Tribunales ni de la Fiscalía", habrían añadido.
