UPA valora que el Ministerio proteja a viticultores en imposición de precios

UPA de Castilla-La Mancha ha valorado la disposición mostrada por la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), para proteger a los productores de vino de los precios impuestos en campaña de vendimia

El secretario general de UPA de CLM, Julián Morcillo, atendiendo a los medios este martes en Toledo momentos antes de iniciarse la concentración de viticultores
photo_camera El secretario general de UPA de CLM, Julián Morcillo - Archivo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha valorado la disposición mostrada por la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), del Ministerio de Agricultura, para proteger a los productores de vino de los precios impuestos en campaña de vendimia.

La organización agraria ha destacado en nota de prensa que por, primera vez, el Ministerio velará por la protección de los viticultores, como ocurre con los productores de leche y de aceite, según el compromiso adquirido ayer en la reunión entre representantes de la AICA y de las organizaciones agrarias, cooperativas y de la Federación Española del Vino (FEV).

En el encuentro, el director de la AICA, José Miguel Herrero, insistió a los industriales en la obligatoriedad de que existan contratos previos por escrito, con anterioridad a la campaña de vendimia, para transacciones superiores a los 2.500 euros, tal y como establece la Ley de Cadena Alimentaria que obliga a establecer los precios a través de contrato previo con el viticultor.

Aunque la ley entró en vigor el pasado 1 de enero, el primer precio de uva en Castilla-La Mancha se publicó en tablilla el 26 de agosto, en una bodega de Valdepeñas, con la vendimia ya comenzada y con uva de por medio, generando una "absoluta indefensión al sector productor, ya que o lo aceptaba o no hubiera podido descargar la uva en la bodega", ha reseñado.

Además de esta demanda histórica de los agricultores para conocer previamente cuánto se les a pagar por la uva, el director de la AICA también instó a los industriales a pagar obligatoriamente a los productores al mes de haber entregado la uva, ya que se trata de un producto perecedero, pese a la reticencia de la FEV.

Todas estas circunstancias, a juicio de la organización agraria, demuestran el compromiso de la Administración de regular el mercado del vino y proteger a un sector de Castilla-La Mancha del que forman parte 100.000 viticultores y genera 9 millones de jornales cada año.

No en vano es un cultivo que genera el 60 por ciento de la mano de obra del conjunto de la agricultura y el motor económico del sector más importante de la región.

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