UPA CLM se opone a plan de extracciones de la CHG que reduce la dotación de agua

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves - EFE/Mariano Cieza
photo_camera El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, en una imagen de archivo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha mostrado su oposición al plan de extracciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para el año 2018 que, según la organización agraria, reduce las dotaciones de agua para los cultivos.

En un comunicado, UPA ha informado de su reunión con la Junta de Gobierno de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa de Agua Subterránea Lillo-Quintanar y ha recordado que ésta presentó un recurso contencioso-administrativo contra el mencionado plan, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).

El secretario general de UPA en la región, Julián Morcillo, y el presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa de Agua Subterránea Lillo-Quintanar, David Manzanares, han coincidido en que los planes de extracción condicionan a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha y su futuro.

En este sentido, Morcillo ha destacado la actitud "valiente" de la Junta de Gobierno porque "aún siendo un ente de dominio público, antepone los intereses de los regantes y lucha por ellos" y ha añadido que sería "bueno" que esta actitud se trasladara al resto de masas de agua.

Por su parte, Manzanares ha resaltado que son muchos los agricultores que habían hecho inversiones en sus explotaciones y luego se han encontrado con que se les reduce la dotación de agua, lo cual le parece "una expropiación encubierta".

El presidente de esta Comunidad de Usuarios ha agradecido el interés y el apoyo de la organización agraria y ha explicado que el plan de extracciones contempla un volumen máximo de 2.200 metros cúbicos por hectárea en herbáceos y 1.500 para cultivos leñosos.

Morcillo también ha recordado que está recurrido y visto para sentencia el plan de cuenca del Guadiana aprobado en 2016 junto a otras 23 comunidades de regantes del Alto Guadiana.

A su juicio, "esta actuación está motivada por un proceso de planificación que adolece de suficiente rigor técnico, con bailes de cifras de superficie de regadío legal y perímetros aleatorios de las masas de agua establecidos sin ningún criterio técnico".

Y, sobre todo, ha agregado, "con una estimación a la baja de los recursos disponibles que no refleja la situación real de los acuíferos".

Ambos han coincidido también en que estas limitaciones impiden el acceso al agua a jóvenes que quieren incorporarse al sector agrario, ya que "reducen los derechos legales de los regantes y establecen el mercadeo con derechos de agua, un bien declarado público, que se debería repartir con criterios sociales", han concluido.

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