UPA ha solicitado una reunión urgente con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para la situación de los viticultores ante el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de los industriales, a los que que ha exigido acabar con sus "prácticas abusivas".
Así lo han pedido el secretario regional, Julián Morcillo, y el responsable de Vino del sindicato, Alejandro García-Gasco , quienes han denunciado en Valdepeñas (Ciudad Real) la falta de tablillas con los precios de la uva en la mayoría de las bodega privadas, ha informado UPA en una nota de prensa.
Morcillo ha asegurado que esta situación "perjudica terriblemente" a los viticultores de Castilla-La Mancha, que "no saben a qué atenerse y sienten como si jugaran con su trabajo".
Asimismo, ha advertido de que la mayoría de ellos no tienen ningún contrato en el que figure el precio de las variedades tempranas, ya que "solo se les ha entregado un albarán con los kilos y una muestra del grado baumé".
El secretario regional de UPA ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria establece que es obligatorio disponer de un contrato previo con un precio cierto y con fecha de pago a un mes de la entrega, y ha avisado: "Exigiremos a todas las industrias que cumplan con la ley".
Respecto a los precios de la uva que han hecho públicos algunas bodegas, el dirigente agrario ha señalado que son "una barbaridad" porque suponen "bajadas iniciales del 17 % en tinto y el 15 % en blanco", que además de "ser un desastre para los viticultores", no se corresponden con la realidad del mercado.
Por su parte, el responsable de Vino de UPA, Alejandro García-Gasco, ha recordado que la campaña pasada fue "la más baja del siglo" y que las tres precedentes fueron bajas y ha denunciado que "las bajadas se convierten en una tradición y da la sensación de que la industria pretende abusar de las prisas del viticultor porque tienen un producto perecedero".
Por ello, ha considerado que "es urgente regular y acabar con estas prácticas abusivas", por lo que recurrirán a la AICA, a la que también han solicitado información "sobre un expediente que se abrió a García-Carrión hace tres años".
ASAJA VALORARÁ SI DENUNCIA "POSIBLES PRÁCTICAS IRREGULARES"
De su lado, Asaja de Castilla-La Mancha ha considerado que es "sospechoso" que las tablillas que recogen los precios de las uvas en las puertas de las bodegas compradoras se hayan publicado al mismo tiempo y con cantidades semejantes en las distintas zonas de la región.
En una nota de prensa, la organización agraria ha denunciado que la información de los precios se ha dado con la vendimia ya iniciada, a pesar de que la Ley de la Cadena Agroalimentaria establece la obligación de los operadores de dar a conocer al viticultor los precios de su producto antes de entregar la cosecha.
Incluso hay algunas industrias aún no han facilitado las cantidades, y otras, han podido firmar contratos previos con precios referenciados a los de las tablillas y con primas sin especificar, ha añadido.
Por ello, el Comité Ejecutivo Regional de Asaja, que se reunirá el jueves en Toledo, analizará la posibilidad de presentar una demanda o denuncia para que se investiguen posibles prácticas irregulares ante las Administraciones competentes, como la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) o la Consejería de Agricultura.
Según Asaja, la posibilidad de que haya unos precios de la uva alterados "perjudica seriamente a los agricultores y a la clarificación del mercado y pide a las Administraciones que no miren a otro lado y actúen con urgencia".
Además, ha asegurado que los precios publicados "no se ajustan a las circunstancias del mercado y de producción actuales", puesto que las existencias de vino en bodegas y cooperativas son prácticamente nulas y las exportaciones están siendo favorables, y ha insistido en que "una alteración puede suponer insuperables pérdidas económicas para los viticultores".
Ante esta situación, la organización agraria decidirá el jueves las actuaciones a seguir con el fin de proteger los derechos e intereses de los viticultores y ha reiterado su advertencia de que "cualquier deficiencia o anomalía que detecte en las operaciones de compraventa de uva, mosto y vino, serán trasladadas a las Administraciones competentes para que tomen las medidas oportunas".
COAG PIDE UN PROGRAMA PARA COMPROBAR CONTRATOS
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que ponga en marcha de forma urgente un subprograma específico de comprobación de contratos en el sector vitivinícola, como ya existe en otros sectores.
En un comunicado de prensa, el responsable del sector vitivinícola de COAG, Joaquín Vizcaíno, ha opinado que es necesario intensificar los controles ante "la opacidad de industriales y bodegas" en el primer tramo de la presente vendimia, pues ha denunciado que tras varias semanas recogiendo uva, "la confusión e incertidumbre reina entre los viticultores ante la ausencia de tablillas con precios de referencia".
"Es ilegal e intolerable que a estas alturas el agricultor entregue su producto sin saber a cuánto ni cuándo se lo pagarán”, ha denunciado Vizcaíno, que ha recordado que la ley de mejora de la Cadena Alimentaria obliga a tener firmado un contrato de compra-venta antes de iniciar la vendimia, que podrá ser exigido por los inspectores la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Dicho contrato , ha recordado, debe recoger de forma obligatoria el precio acordado y las condiciones de pago, que en el caso de la uva de vinificación será a 30 días, al tratarse de un producto perecedero.
Sin embargo, ha lamentado que desde el inicio de la actividad de la AICA, en 2014, el sector del vino acumula 139 sanciones, que son el 11 por ciento del total, en la mayoría de los casos por incumplimientos de los plazos de pago, ausencia de contratos y reincidencia en las infracciones.
UNIÓN DE UNIONES VE INJUSTIFICADA LA BAJADA
Por último, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha considerado injustificado el descenso del 14 por ciento o más de los precios de la uva en la presente campaña de vendimia, lo que los sitúa por debajo de los costes de producción.
En un comunicado, el sindicato agrario se ha referido así a los primeros precios que han hecho públicos las principales bodegas privadas de la región, que registran bajadas en torno al 14 por ciento para las variedades tempranillo y airén, aunque otras variedades, sobre todo las de mayor precio, "sufren recortes mucho mayores”, ha advertido Unión de Uniones.
Con estos precios, las cotizaciones para el grueso de la producción regional serían inferiores a los costes de producción, que se moverían, según las estimaciones de Unión de Uniones, entre los 0,023 y los 0,27 euros por kilogrado, lo que según la organización agraria coloca a los viticultores castellano-manchegos "en situación de pérdidas en esta campaña".
Además de cuestionar este descenso por la situación de estabilidad del mercado, el moderado nivel de existencias y las previsiones de cosecha media, el sindicato agrario pedirá también a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que "examine la alineación exacta" que se da en alguno de los precios publicados.
Y se ha preguntado para qué sirve que el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, "se vanaglorie cada año de los récords de exportación de vino y de los millones de subvenciones públicas que concede a la industria vinícola para comercialización y promoción, si los beneficios del mercado no repercuten a los viticultores".
Al respecto, la organización ha pedido a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que no conceda subvenciones a aquellas industrias privadas que no se comprometan a un reparto equilibrado del valor añadido generado en la cadena del sector vitivinícola y a pagar unos precios "dignos" a los productores.
"Ni un euro de subvenciones públicas para aquellas industrias que arruinan a los viticultores de la región" ha subrayado el sindicato, que ha considerado que esos fondos deberían de destinarse "a financiar mejor las iniciativas de las cooperativas y del pequeño tejido empresarial".
