La organización agraria Unión de Uniones ha pedido a la Consejería de Agricultura que haga una apuesta "valiente" en favor del agricultor profesional en la aplicación de la futura Política Agraria Común (PAC).
Según ha informado la organización en nota de prensa, en una reunión mantenida con la directora general de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce, ha solicitado al Gobierno regional que se posicione a favor del empleo de mecanismos, como el tope de ayudas por explotación o los pagos redistributivos, para avanzar en que el reparto de las ayudas favorezca a quienes viven del trabajo en la explotación agraria.
Así, el presidente de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, Andrés García Vaquero, ha coincidido con la directora general en que hay que corregir las "deficiencias" de un sistema de pagos basado en criterios históricos y avanzar en la "convergencia de las ayudas directas" para eliminar "discriminaciones" entre agricultores.
Unión de Uniones también ha pedido a la Consejería que defienda la "total vigencia" de los objetivos originales de la PAC que se encuentran en el Tratado de Funcionamiento de la UE, y que incluyen la finalidad de garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados y asegurar al consumidor alimentos a precios razonables.
En este sentido, la organización ha considerado que estos objetivos, que están aún por alcanzar, "están siendo ignorados" en la reforma de la PAC, e incluso "sacrificados en aras a otros nuevos objetivos" de carácter ambiental o la liberalización del comercio agroalimentario.
Por otra parte, ha expresado sus "recelos" sobre vincular en mayor medida los pagos directos a las cuestiones ambientales si ello no va acompañado de un presupuesto suficiente.
Así, ha señalado que sin una mayor intensidad de las compensaciones, someter a los agricultores y ganaderos a mayores exigencias en base a compromisos internacionales es "poner en peligro la competitividad y la pervivencia económica de las explotaciones agrarias".
En todo caso, ha resaltado la organización agraria, la mejora de los ingresos de los agricultores y ganaderos debe venir del mercado, ya que aunque los pagos directos de la PAC en España suponen 5.000 millones de euros anuales, el negocio agroalimentario genera más de 150.000 millones.
Por ello, Unión de Uniones ha tildado de "indispensable" que la Unión Europea adopte disposiciones comunes en mejora de la cadena alimentaria que regule la posición de dominio en los mercados y persiga las prácticas abusivas que se ejerzan, así como una armonización de las normas de competencia aplicadas al sector agroalimentario.
