La Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla-La Mancha ha interpuesto una demanda ante la sala de lo social del Tribunal SJ solicitando medidas cautelarísimas para que la Dirección General de Función Pública realice las evaluaciones de riesgos obligatorias por ley y los protocolos pertinentes antes de volver al trabajo presencial.
El sindicato ha considerado que con la resolución del de la Dirección General de la Función Pública sobre la reincorporación presencial al trabajo no se garantiza la ausencia de riesgo, ya que ha señalado que a día de hoy hay puestos sin evaluar y los protocolos no han sido consensuados con las organizaciones sindicales ni incluyen las últimas medidas sanitarias, como es el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados, ha explicado en un comunicado.
Según el responsable del sector Autonómico y Sociosanitario de FeSP UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, es "imprescindible contar con los representantes de los trabajadores para detallar los protocolos",y ha asegurado que en el foro que se debatió la instrucción "no se llevó a cabo ninguna negociación", sino que fue una "imposición directa sin recoger aportación ninguna" a pesar de que, según ha sostenido, UGT había registrado el 20 de abril un documento técnico con 14 medidas a implementar en la incorporación.
En este sentido, ha asegurado que FeSP UGT Castilla-La Mancha "defiende la incorporación y vuelta a la normalidad progresiva pero de manera segura" y ha explicado que su demanda está centrada en la protección de la salud de los trabajadores de la Junta y ha alertado de que " mientras esto no se garantice, no se puede volver a los centros de trabajo independientemente de la fase de desescalada" en la que se esté.
