martes 07.07.2020

Cuenca y Guadalajara tendrán movilidad interterritorial desde este lunes dentro de la fase 3

Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha firma un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para afrontar la vulnerabilidad causada por un lanzamiento de vivienda
El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este sábado
El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este sábado

Cuenca y Guadalajara tendrán movilidad interprovincial a partir del lunes próximo, cuando ambas provincias pasen a la Fase 3, de tal manera que sus ciudadanos podrán circular sin restricciones entre ambas provincias.

La propuesta, que ha partido del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido aceptada por el Gobierno central y este sábado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha avanzado que el Gobierno regional había solicitado que Cuenca y Guadalajara se considerasen como una única unidad territorial en términos de movilidad “y así se nos ha concedido, movernos entre las provincias de Cuenca y Guadalajara sin que ello suponga un problema desde el punto de vista legal”.

Asimismo, Hernando ha informado de los distintos aspectos que contempla la entrada a la fase 3 en cuanto al levantamiento de restricciones y aforos en distintos ámbitos. Entre ellos, ha destacado el que tiene que ver con al aumento del aforo en los eventos taurinos, que hoy publica el BOE, y del que ha asegurado que “es importante que esta solicitud, que había hecho el presidente García-Page, haya podido ser admitida y el Estado lo ha considerado favorablemente. Además, ha anunciado una reunión con el sector “para ver de qué manera es también viable para ellos dadas las condiciones de seguridad que planeta el BOE, en cualquier caso, ha destacado que desde el Gobierno regional “estamos bastante ilusionados” con la medida.

El consejero de Fomento, además, ha detallado que, en Cuenca y Guadalajara, en los bares y restaurantes, en su interior, se extenderá el aforo de un máximo del 50 por ciento de su capacidad siempre y cuando se garantice la separación de clientes.

Asimismo, podrá procederse a la apertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose el aforo al 75 por ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal.

Respecto a los centros comerciales, se levanta la prohibición de utilización de las zonas comunes y zonas recreativas de los centros comerciales. Eso sí, el aforo estará limitado al 50 por ciento y la distancia de seguridad se mantendrá en dos metros. Asimismo, el aforo de los locales y establecimientos comerciales ubicados en los mismos se fija también en un 50 por ciento.

Con respecto a las bodas, se podrán celebrar con un número máximo de 150 asistentes al aire libre y 75 en espacios cerrados, “eso sí, nunca se podrá superar el 75 por ciento del aforo de las instalaciones”, ha detallado Hernando.

En relación a los velatorios, se podrán celebrar con un máximo de 50 personas en la Fase 3 de desescalada si son al aire libre y de 25 si se celebran en espacios cerrados, mientras que para el enterramiento o despedida para cremación se restringe a 50 personas.

Asimismo, se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el 75 por ciento de su aforo, si bien la capacidad máxima se tendrá que publicar en lugar visible y se deberán cumplir las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

CONVENIO CON EL CGPJ

En otro orden, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha firmado un nuevo convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que tanto el Gobierno regional como la institución judicial sigan colaborando en la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Fomento durante su comparecencia, quien ha explicado que “el propósito fundamental de este acuerdo es mejorar nuestra capacidad para identificar aquellas personas que se puedan encontrar en casos de incumplimiento sobrevenido de las obligaciones de préstamos, créditos hipotecarios o contratos de arrendamiento”, ya que, ha destacado, “ante las dificultades que puedan atravesar las familias de la región no podemos mirar hacia otro lado, por eso, este convenio nos hace más fácil conocer sus problemas y ofrecerles ayuda lo antes posible”.

Asimismo, Hernando ha remarcado que este acuerdo “nos ayuda a ayudar a aquellos que más lo necesitan; actuando forma coherente con una idea social y emancipadora del derecho de las personas a acceder a una vivienda digna”, y lo ha calificado de “buena noticia”

Además, el consejero de Fomento ha explicado que “seguimos transitando esta vía hacia la igualdad de oportunidades juntos” si bien, ha continuado “nuestro compromiso en esta materia viene de antes”, y ha recordado que a lo largo de la presente y de la anterior legislatura se han suscrito varios convenios de colaboración y se han puesto en marcha las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH), que, desde su creación en octubre de 2015, han atendido más de 4.300 consultas de la ciudadanía castellano manchega, y han conseguido frenar más de 150 lanzamientos de familias vulnerables desde su puesta en marcha, y “han sido y son una herramienta útil para alcanzar acuerdos, siendo a día de hoy más de 390 familias las que han conseguido llegar a un acuerdo gracias a la labor de las OIH”, ha detallado.

Hernando ha explicado que “gracias a este convenio, cuando una familia esté ante el caso de procedimientos de ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual, o bien por impago de la renta arrendaticia, tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como el Consejo General del Poder Judicial, propiciarán que el órgano judicial que conozca del proceso tenga conocimiento de las circunstancias de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social de las personas afectadas”.

Además, ha explicado que “resulta de vital importancia porque una vez conocidas dichas circunstancias por el órgano judicial se dará traslado a la Oficina de Intermediación Hipotecaria y se puedan tomar las medidas oportunas, que pueden ser o bien en una propuesta de intervención social o bien su inclusión en los programas de vivienda social que gestiona la Junta”.

En definitiva, ha concluido Hernando, lo que supone este acuerdo “es un convenio que lo que pretende es que no seamos números en los expedientes, ya que somos personas, familias y así merecemos que nos traten las instituciones, y más aún si cabe en momentos de tanta dificultad como es el del verse en medio de un proceso de desahucio, de lanzamiento de tu vivienda”, ha concluido.

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