El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha mostrado este jueves su "especial preocupación" por garantizar las condiciones de dignidad de alojamientos para los trabajadores en las campañas agrícolas.
Así lo ha señalado durante la Comisión regional de Flujos Migratorios que ha presidido y donde ha explicado las novedades que recoge el Real Decreto-Ley para garantizar la recolección de las cosechas y mejorar las condiciones sociolaborales en situación de desempleo, ha informado en nota de prensa la Delegación del Gobierno en Castila-La Mancha.
Tierraseca ha subrayado que es "imprescindible" la actuación de todas las instituciones y colectivos en la exigencia de garantizar alojamientos dignos y ha recordado que los contratantes deben proporcionar ese alojamiento a quienes no residan en las proximidades del lugar de trabajo.
Asimismo, ha indicado que siguen en vigor limitaciones de carácter general, derivadas de la declaración del estado de alarma, como la limitación de circulación de vehículos y de hospedaje y las recomendaciones en materia de protección sanitaria y de higiene, así como el distanciamiento físico de 1,5 a 2 metros.
Por otro lado, el Delegado del Gobierno en la región ha indicado que la disponibilidad de mano de obra para las próximas semanas se centra en las personas trabajadoras, nacionales o extranjeras, que en la actualidad se encuentran en territorio español.
Según el Real Decreto-Ley, se debe tener en cuenta la proximidad geográfica -que el alojamiento esté en el mismo término municipal o limítrofe del centro de trabajo- y, en este sentido, ha dicho que las comunidades autónomas pueden ajustar este criterio en función de la estructura territorial y teniendo en cuenta el despoblamiento o la dispersión de municipios.
Las medidas, ha explicado, son "compatibles" con todas las prestaciones y subsidios siempre que no sean las derivadas por el COVID-19, por lo que se podrá compatibilizar el salario producto del trabajo realizado con el subsidio o prestaciones por desempleo, las derivadas de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o cese de actividad, si no es por causa del coronavirus, y cualquier otra prestación de carácter económico o ayuda social.
