El Gobierno de España aprueba destinar 90,5 millones para ayudar al sector del vino

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado suavizar los requisitos de ayudas de la PAC para hortofrutícola y vino por la COVID-19
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del Ministerio
photo_camera El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una imagen de archivo en rueda de prensa

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas extraordinarias de 90,5 millones de euros para ayudar al sector del vino a paliar las dificultades que atraviesa por la crisis del coronavirus. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado en un comunicado de dicho paquete, que recoge la destilación de 2 millones de hectolitros de vino, el almacenamiento de otros 2,25 millones y la aplicación de la cosecha en verde para las comunidades autónomas que lo deseen. 

A propuesta del MAPA, el Gobierno ha adoptado dichas medidas de urgencia, "dadas las posibilidades que ofrecen los reglamentos comunitarios publicados con motivo de la pandemia y que responden a muchas de las peticiones realizadas por España". 

La destilación de crisis, dotada con 65,5 millones de euros, tendrá cupos separados para vinos con denominación de origen (con importes de ayuda de 40 euros por hectolitro) y el resto de vinos (30 euros/hectolitro).

Dicha cuantía incluye los costes de suministro y de destilación, lo que beneficiará a bodegas, destilerías y viticultores, según el Ministerio. 

Se abonarán suplementos adicionales cuando la distancia a la destilería sea superior a 150 kilómetros para que todas las zonas vinícolas puedan optar a la ayuda, de acuerdo a una decisión del Gobierno que precisa que el alcohol obtenido deberá utilizarse para fines industriales y energéticos, "nunca de boca o alimentarios". 

Las ayudas al almacenamiento privado, que benefician a las bodegas y suman 15 de millones de euros, se orientan exclusivamente a los vinos con denominación de origen e indicación geográfica protegidas, que retomarán su cotización y su ritmo de ventas con la recuperación del mercado. 

El importe de la ayuda es de 0,027 euros por hectolitro de vino y día de almacenamiento, para un periodo de 180 días en todos los vinos, plazo que puede ampliarse hasta 270 o 360 días en el caso de los tintos. 

El paquete abre la puerta a aplicar, por primera vez en España, la cosecha en verde en comunidades que así lo decidan para parcelas amparadas bajo denominaciones de origen protegidas, una medida que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros que se abonarán directamente a los viticultores. 

Estas medidas van acompañadas de otras de regulación del mercado, como limitaciones de rendimientos máximos de uva por hectárea y un posible incremento del volumen de alcohol exigido en los subproductos resultantes de la elaboración del vino. 

Según cifras oficiales, el sector vitivinícola mueve un mercado que supera los 1.200 millones de euros anuales y constituye más del 4 % de la producción vegetal en España.

AYUDAS DE LA PAC

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado modificar cuatro reales decretos que afectan a los sectores de frutas y hortalizas, y del vino para adaptar la normativa y ayudarles a superar las consecuencias de la COVID-19 a través de la flexibilización de requisitos para cobrar ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Estos cambios han sido aprobados en Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y se publicarán "de manera urgente" para que se apliquen cuanto antes a los beneficiarios de estas ayudas, superiores a los 250 millones de euros anuales en el caso del sector hortofrutícola y de 210 millones en el caso del vino.

En el régimen de ayudas a través de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, se ha dado luz verde a conceder más "flexibilidad" este año en los controles de reconocimiento a estas entidades y permitirles "diferir" la comunicación de información.

Además, dejará que cada organización de productores pueda "delegar en órganos más dinámicos la toma de decisiones sobre los programas operativos", y ser así "más ágiles" a la hora de ejecutarlos.

En el sector del vino, del lado del viñedo se pretende "evitar que los agricultores vean mermados sus derechos, tras haberse visto abocados a inevitables retrasos en los procedimientos de autorización y haberse enfrentado a dificultades para realizar las labores del cultivo".

Para conseguirlo se retrasan al 4 de mayo de 2021 algunos plazos del procedimiento de concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones.

En cuanto al Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (Pavse), se han adoptado medidas referidas a las ayudas a la promoción en terceros países, reestructuración y conversión.

El Ejecutivo ha considerado que "mediante la inclusión de la fuerza mayor se aporta más seguridad jurídica a las entidades gestoras de las diferentes medidas a la hora de resolver expedientes, además de facilitar el acceso a la ayuda a los beneficiarios".

El texto legislativo aprobado recoge además "modificaciones de tipo técnico para contribuir a equilibrar la oferta y la demanda de algunos productos, así como adaptar determinadas inversiones de los programas operativos a la evolución del sector hortofrutícola".

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