El Gobierno ha aprobado este martes un tercer tramo de avales del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importe de 24.500 millones de euros para créditos a empresas, pymes y autónomos afectados por el impacto económico de la crisis del coronavirus.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha explicado que de ese total, que se suma a los 40.000 millones dispuestos hasta el momento, 20.000 millones irán destinados a avalar a las empresas, 10.000 de los cuales serán para pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.
Otros 4.000 millones serán garantías para las emisiones de pagarés de compañías no financieras que operen en el mercado de renta fija siempre que tengan su sede social en España, distinción que se establece a fin de evitar que opten a estas ayudas empresas procedentes de paraísos fiscales o que se destinen fondos públicos al pago de dividendos.
El importe máximo del aval, cuya gestión será realizada por el ICO en colaboración con Bolsas y Mercados Españoles (BME), será del 70 % del principal de cada una de las emisiones y el plazo máximo de 24 meses.
El coste será de 30 puntos básicos para avales con vencimiento de hasta 12 meses, y de 60, para avales con vencimiento entre 13 y 24 meses.
Los 500 millones restantes irán a reforzar hasta un 80 % los avales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), y aumentar la capacidad de las Sociedades de Garantía Recíproca de las comunidades autónomas.
El acuerdo del Consejo de Ministros fortalece además la protección de las empresas y autónomos estableciendo que las entidades financieras no podrán repercutir ningún coste financiero o gasto sobre los importes no dispuestos.
De igual modo, fija que las empresas deberán emplear la financiación avalada para atender las necesidades de liquidez derivadas, entre otros, de la gestión de facturas, pago de nóminas y proveedores, necesidad de circulante y vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, sin que pueda, en ningún caso, destinarse al pago de dividendos ni de dividendos a cuenta.
Podrán solicitar estos avales los autónomos, pymes y empresas afectados por la pandemia que no estuvieran en situación de morosidad a cierre de 2019 ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020, y no se encuentren en situación de crisis, según la normativa de la Unión Europea (UE).
El aval garantiza el 80 % de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes; para el resto de empresas, se garantiza el 70 % de la nueva financiación concedida y el 60 % en el caso de las operaciones de renovación.
Las garantías tendrán una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años.
Con esta tercera fase, el Gobierno ya ha habilitado 64.500 millones de euros, del total de 100.000, la mayor parte reservada para pymes y autónomos, con lo que la prioridad de proteger a este tejido "está teniendo su resultado", ha dicho Montero.
Según los datos ofrecidos por la ministra, hasta el lunes se han cerrado 269.843 operaciones, el 98 % destinadas a pymes y autónomos, con lo que el Estado ha avalado 27.510 millones de euros y ha inyectado 36.190 millones para este sector.
Respecto a las quejas de las empresas que tratan de acceder a estas ayudas, Montero ha recalcado que el Gobierno está tratando de dar respuesta a todas las cuestiones y que las seguirá "sujetando a vigilancia y seguimiento".
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a que se retome la licitación de obra pública sin necesidad de motivarlo como sucedía hasta el momento.
De este modo, se permite que continúen los procedimientos de contratación suspendidos por el estado de alarma así como que se pongan en marcha de otros nuevos, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos.
Asimismo, ha indicado Montero, las Administraciones podrán realizar anticipos de los contratos que se habían suspendido por la emergencia sanitaria, "beneficiando esta medida a un número importante de proveedores del sector público".
A preguntas de los periodistas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aclarado además que los grandes eventos, como las ferias de negocio, aún tendrán que esperar ya que "no están previstos en la fase de desescalada".
