CCOO y UGT han urgido al Gobierno a tomar medidas para "taponar" la vía de los despidos, que creen que pueden superar el millón solo en marzo, y a controlar más las causas de la regulación temporal de empleo (ERTE), a la que están recurriendo de forma masiva las empresas ante la crisis del coronavirus.
En una rueda de prensa conjunta, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han reconocido que las cifras de trabajadores afectados por algún tipo de medida de ajuste laboral durante esta pandemia está superando las previsiones más pesimistas y han urgido al Gobierno a tomar más medidas, tanto de protección a colectivos más vulnerables, como para impedir los despidos y controlar mejor los ERTE aunque sea tras su aprobación.
En el caso de los despidos individuales, proponen aplicar una "moratoria" para que no se pueda despedir durante esta crisis, vincular la obtención de financiación a no rescindir contratos o elevar la indemnización a 45 días con un pago mínimo equivalente al salario mínimo (950 euros) para que "no sea rentable despedir", ha explicado Sordo.
El líder de CCOO ha avanzado que los despidos este mes "seguramente van a andar en el entorno de un millón", tres cuartas partes de ellos en contratos temporales vinculados a hostelería o comercio, entre otros.
Álvarez ha abogado también por dificultar las subvenciones a las empresas que despidan o que no sea posible acogerse a ningún tipo de despido que no sea el improcedente.
"Los que despiden tienen que ser conscientes de que están haciendo un mal a la economía española y a sus propias empresas", ha dicho Álvarez, que ha reconocido que las cifras de afectados por medidas de ajuste laborales son "astronómicas" por encima "de las previsiones más pesimistas".
Ambos han asegurado que estas cuestiones fueron planteadas al Gobierno en la reunión mantenida a comienzos de esta semana.
Junto a esto, han defendido las medidas aprobadas para facilitar los ERTE que ya son los suficientemente "automáticos" y han apelado a las empresas a usarlos para evitar los despidos, pero también desde la responsabilidad dada la flexibilidad y las ayudas públicas con las que cuentan.
"Hay que evitar picarescas", ha señalado Sordo.
Y por ello, han instado al Gobierno a que, ya que se avalan sin poder evaluar la causa "a priori", se "reserve el derecho a revisarlos a posteriori", para evitar que alguna empresa pueda acogerse al de fuerza mayor (que exime del pago de las cotizaciones sociales) en vez de al de causas económicas.
"No está en la misma situación el que pierde la temporada turística de Semana Santa, que ya no vuelve, que el que tiene que diferir su producción al segundo semestre", han explicado.
Además de "taponar la vía de agua" que están provocando los despidos en esta crisis, ambos líderes sindicales han asegurado que hay colectivos que se han quedado fuera de la protección aprobada por el Gobierno.
En concreto, se han referido a las personas a las que se les despide y no tienen prestación por desempleo porque no han generado el derecho o a las que se le termina un contrato eventual, para los que piden una prestación como la de los incluidos en ERTE.
En este sentido, han añadido que estos colectivos "ya estaban en el espíritu de la norma aprobada" y que podrían ser incluidos en la misma vía Consejo de Ministros o vía instrucciones del propio Ministerio de Trabajo.
Asimismo, han urgido a aprobar un "subsidio nuevo" para las empleadas de hogar, tanto para aquellas que estaban dadas de alta a la Seguridad Social y que han sido despedidas por la crisis del COVID-19, como para las que no lo estaban.
Ambos están de acuerdo en que continúe la producción en aquellos sectores que siguen funcionando, con la excepción quizás de algunos ámbitos de la construcción, si bien han exigido que sea obligatorio para ello que se cumplan todas las medidas de seguridad y protección de sus trabajadores.
"No puede ningún centro de trabajo que esté abierto y no cumpla las medidas de seguridad", han dejado claro.
Los dos sindicatos han reclamado también un "apoyo decidido" de Europa, que creen que debe movilizar recursos, en tanto que han descartado las manifestaciones el próximo 1 de mayo para el que buscarán otros formatos de reivindicar los derechos de los trabajadores.
