La Asamblea de Regiones Vitivinícolas Europeas (AREV), de la que forma parte Castilla-La Mancha, ha remitido un escrito a la presidenta del Parlamento Europeo, Úrsula von der Leyen, solicitando un plan de recuperación urgente con un presupuesto extraordinario para el sector del vino ante la preocupación existente por la situación provocada por la COVID-19.
Así lo ha informado en una nota el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha señalado que esta misiva es una de las acciones acordadas en las últimas reuniones que se han mantenido por videoconferencia con los representantes de la Asamblea, presidida desde 2017 por el presidente regional, Emiliano García-Page.
El vino, se recuerda en el escrito rubricado por García-Page como presidente de la AREV, es "un sector dinámico con un fuerte vínculo de identidad con los territorios europeos y merece un verdadero plan de recuperación urgente, que pueda potenciar el doble rendimiento, -tanto económico como ambiental, del sector vitivinícola".
Para revertir esta situación se insta a la Comisión Europea a que se dote al mercado vitivinícola de un presupuesto extraordinario tal y como se ha hecho con otros sectores como el de la carne o el lácteo, sugiriendo, además, la creación de grupo de alto nivel sobre el vino.
Un grupo en el que se cuente con representantes de la Comisión, del Parlamento Europeo y de las partes interesadas para proponer medidas capaces de promover la reactivación del sector vitivinícola y asegurar el desarrollo sostenible de las regiones vitícolas.
Con sede en Bruselas la AREV, que este año cumple el XXXII aniversario desde su constitución, está conformada por regiones procedentes de más de una docena de países, entre ellos, además de España, Francia, Italia, Portugal o Alemania, principales productores de vino en la Unión Europa que, en conjunto, representan el 45 por ciento de la superficie vitícola, el 65 por ciento de la producción, el 57 por ciento del consumo mundial y el 70 por ciento de las exportaciones en términos globales.
El objetivo de este proyecto colectivo es "defender" los intereses del sector vitivinícola en la Comisión Europea, más aún en una situación excepcional como la que se está viviendo,ha subrayado Martínez Arroyo.
Además de este escrito enviado esta misma semana a la presidenta de la Comisión Europea desde la AREV, se va a solicitar una reunión al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, el polaco Janusz Wojciechowski.
"NO SON DINERO NUEVO"
Por otra parte, el presidente de la Organización Interprofesional del Vino, Ángel Villafranca, ha pedido "fondos extraordinarios" para ayudar a paliar la crisis por el coronavirus, y ha señalado que las ayudas de 90 millones aprobadas por el Gobierno "no son dinero nuevo", sino dotaciones que ya estaban en el presupuesto para el sector.
Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, ha reaccionado así, en declaraciones a Efe, al conjunto de medidas aprobadas esta semana por el Ejecutivo, para apoyar al sector vitivinícola ante las dificultades por la pandemia.
"Es una crisis extraordinaria y necesitamos medidas y fondos extraordinarios, no ordinarios", ha subrayado Villafranca, quien ha indicado que los 90 millones proceden de presupuesto que ya estaba asignado al sector y que la novedad es que se han reprogramado, para poder aplicar las medidas con el fin de solventar la crisis en esta producción.
Entre ellas, figuran la "destilación de crisis" o la autorregulación, que, para el presidente de la interprofesional son "positivas" y buenas, porque contribuyen a solucionar el problema de exceso de oferta.
Pero el sector "sigue demandando una solución definitiva" y que el viñedo entre dentro de los planes de recuperación de la Unión Europea (UE) tras la pandemia.
El consumo -especialmente el hostelero- y "la normalidad" no se van a recuperar a corto plazo y existe "mucha preocupación" en las bodegas, según el responsable de la interprofesional.
Villafranca ha añadido que el sector seguirá reclamando un fondo extraordinario, con financiación de la UE.
Las medidas aprobadas por el Gobierno incluyen la destilación de 2 millones de hectolitros de vino, el almacenamiento de otros 2,25 millones y la aplicación de la cosecha en verde para las comunidades autónomas que lo deseen.
