El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) determinó que la Administración General del Estado es responsable en el pago del justiprecio de los terrenos que fueron expropiados de forma forzosa para la construcción de la autovía Madrid-Toledo (AP-41).
El Tribunal, en un auto sobre la ejecución de una sentencia previa, da dos meses de plazo al Estado para el pago de esa compensación económica más los intereses generados.
En febrero de este año, el TSJ dictó varias sentencias en las que obligaba al Estado a pagar más de 200.000 euros a dos ciudadanos cuyos terrenos fueron expropiados de forma forzosa para la construcción de la autovía Madrid-Toledo (AP-41), pues la concesionaria de la autopista se ha declarado en concurso de acreedores.
Ahora, en un auto, expone que el pago del justiprecio tiene el rango y tratamiento de garantía constitucional, de la que "debe responsabilizarse plenamente el Estado" sin poder atribuir a un particular la responsabilidad de su cumplimiento "ni mucho menos someter al expropiado al peregrinaje concursal (incluidas posibles quitas y esperas) para que dicha garantía sea efectiva".
"Parece poco menos que ridícula la idea de que pueda delegarse en un particular, con carácter definitivo, único y excluyente de la Administración, la responsabilidad de la verificación y respeto a lo que es nada menos que una garantía pública constitucional", sostiene la resolución judicial.
Por ello, los jueces afirman que la Administración, aun cuando haya beneficiario expropiatorio, y con más motivo en los casos, como este, en el que pasa a ser titular del bien expropiado, "posee una responsabilidad compartida con el beneficiario en el pago del justiprecio".
Los jueces precisan que dicha responsabilidad del Estado es "a título expropiatorio y no de responsabilidad patrimonial, pues la Administración debe garantizar el pago en la primera línea de defensa del derecho constitucional".
El auto cuenta con un voto particular de un juez contrario al planteamiento de la mayoría.
