Tribunal de Cuentas recomienda a las Diputaciones más mecanismos de control

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados
photo_camera El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha recomendado este martes a las Diputaciones que deberían implantar mecanismos y procedimientos para asegurar que la elaboración, aprobación y rendición de las cuentas generales se realice en plazo.

Ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada en el Congreso, ha agregado que también deberían dotarse de más medios para garantizar la suficiencia y adecuación a sus necesidades, así como elaborar manuales de gestión patrimonial e inventario e implantar más aplicaciones informáticas.

Según el informe presentado, debería mejorarse el procedimiento para el registro contable y en el inventario de todas las operaciones que afectan a los bienes inmuebles y que se lleve a cabo en un tiempo adecuado.

Sugiere reforzar la planificación en la gestión del patrimonio, para favorecer los procesos de toma de decisión, así como para conseguir una adecuada administración y conservación de aquel.

Recomienda la implantación de sistemas de contabilidad analítica, que permitan conocer de manera individualizada los costes e ingresos generados por los inmuebles.

El informe evalúa el cumplimiento de la legalidad en el control, registro y la gestión de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, de los bienes destinados al servicio público y de los patrimoniales, fundamentalmente, edificios y terrenos.

La fiscalización se ha extendido a las 38 Diputaciones provinciales, los siete Cabildos de las Islas Canarias y tres de los Consejos Insulares de Baleares, excluido el de Formentera, en el período 2014-2015.

Por lo que se refiere a la rendición de cuentas, las 48 entidades analizadas habían rendido sus cuentas, aunque con retraso, especialmente la de Cádiz.

Al término de la fiscalización, todas las entidades, excepto la de Orense, disponían de un inventario de sus bienes y derechos.

El 46 % de las entidades analizadas no realizó, con ocasión de la constitución de la nueva Corporación en 2015, la comprobación del inventario requerida por el Reglamento de Bienes.

En el 79 % no estaban coordinados el inventario y la contabilidad y el 65 % del total no disponía de registros auxiliares con el detalle de los inmuebles integrantes de los saldos de balance de las cuentas de terrenos y construcciones.

Además, en catorce entidades había un desconocimiento de la composición de los saldos contables correspondientes a los bienes inmuebles, por lo que esos saldos no eran representativos de la imagen fiel del patrimonio inmobiliario de la respectiva entidad en ninguno de los ejercicios fiscalizados.

Entre otras deficiencias, el Tribunal de Cuentas constata que, del análisis del destino del parque inmobiliario de las entidades fiscalizadas el 57 % de los bienes se dedicaron al cumplimiento de los fines propios; el 24 % eran utilizados gratuitamente por otras entidades públicas o sin ánimo de lucro; el 10 % estaban sin uso; el 7 % se utilizaban por terceros a cambio de contraprestación y no consta información sobre el uso del 2 % restante.

No se han aportado datos individualizados de los costes de mantenimiento y conservación de los inmuebles de su propiedad, por parte del 23 % de las entidades que los utilizan.

La generación de ingresos por los inmuebles utilizados por las propias entidades se limitó al 4 % de los bienes, "destacando en especial los inmuebles singulares por su interés artístico o cultural", según el informe.

Once de las entidades fiscalizadas desconocían el uso dado a algunos de sus inmuebles, lo que denota "una debilidad en la gestión y control de su patrimonio inmobiliario".

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