El Tribunal de Cuentas ha observado deficiencias en la contratación administrativa de la Comunidad de Castilla-La Mancha a la hora de justificar la necesidad para el servicio público de los contratos adjudicados y de establecer criterios de adjudicación objetivos y precisos.
Así lo ha subrayado este martes en la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas el presidente de este organismo, Ramón Álvarez de Miranda, que ha expuesto los informes de fiscalización globales del sector público autonómico, de los ejercicios 2010-2011, 2012 y 2013, así como de las comunidades de Extremadura, La Rioja, Cantabria y Murcia y de las ciudades de Ceuta y Melilla de los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, y de Castilla-La Mancha (2013 y 2014).
En materia de contratación administrativa se han detectado deficiencias a la hora de justificar la necesidad para el servicio público de los contratos adjudicados y de establecer criterios de adjudicación objetivos y precisos. Asimismo en los contratos de obras se han producido importantes demoras en la ejecución.
A este respecto, precisa que Radio-Televisión de Castilla-La Mancha y las sociedades Radio Autonómica de Castilla-La Mancha y Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha procedieron a la contratación de personal sin el informe previo y favorable de la Dirección General de Presupuestos, incumpliendo lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Las cuentas del ente público Radio-Televisión Castilla-La Mancha y de la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, integradas en la Cuenta General de la Comunidad, deberían haberse presentado de acuerdo con los principios y normas de contabilidad pública.
En ambos ejercicios se produjeron actos de convalidación, por el Consejo de Gobierno, por omisión del trámite de fiscalización previa de actos de contenido económico, por importe de 12 millones de euros, en 2013, y de 5 millones, en 2014.
Según el organismo fiscalizador, en ese último ejercicio no existía vinculación aún entre la aplicación de inventario y la contabilidad para todos los bienes y había diferencias entre los registros de las rúbricas de inventario y los saldos contables de las cuentas de inmovilizado.
Esta falta de conexión entre los sistemas se centra, sobre todo, en aquellos bienes y derechos que no son inmuebles afectos al dominio público o elementos de transporte.
Con carácter general, las cuentas de la Administración General de la Junta y de los entes sujetos a contabilidad pública se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables aplicables.
La gestión presupuestaria se desarrolló según las normas que la rigen, si bien, con respecto a los ejercicios analizados, se realizan una serie de salvedades y observaciones.
Así, en el 2013, al no contar todas las modificaciones presupuestarias con financiación específica, se produjo un desequilibrio entre los créditos definitivos del presupuesto de gastos y las previsiones de ingresos por importe de 184 millones.
En el 2014 se tramitaron ampliaciones de crédito por 290 millones de euros, incumpliendo la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2014, que prohíbe las modificaciones de crédito que supongan aumento en las necesidades totales de financiación, salvo aquellas de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado que se realicen con cargo al Fondo de Contingencia.
Por su parte, el saldo de la cuenta "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" del Servicio de Salud, a finales de 2013, fue de 56 millones de euros.
Si se hubiera realizado una correcta imputación temporal de las obligaciones al ejercicio en que los gastos se realizaron el resultado presupuestario del ejercicio del organismo habría disminuido en 12 millones de euros, señala el tribunal.
Respecto de los gastos del Servicio de Salud derivados de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones, realizadas con anterioridad al año 2014, fueron imputados al presupuesto del ejercicio, por 52,5 millones de euros. A su vez, gastos realizados, por importe de 64 millones de euros, quedaron pendientes de imputación al cierre del mencionado ejercicio.
Las fundaciones Cultura y Deporte, Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración y Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha no registraron la cesión de uso de las instalaciones en las que desarrollaban sus actividades.
Castilla-La Mancha incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria de los dos ejercicios analizados, aunque sí lo hizo con el de deuda y respetó la regla de gasto establecida para el ejercicio 2014.
Al cierre del ejercicio 2013, el proceso de reordenación del sector público autonómico habría alcanzado el 95 % del objetivo inicial de reducción del número de entes.
La Comunidad se adhirió al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, en las tres fases de este mecanismo, y el Tribunal de Cuentas ha observado ciertos errores en su gestión, por pagos duplicados o defectos de imputación presupuestaria.
