El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la ley que modificaba la jornada de trabajo de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, por lo que tumba la iniciativa del Gobierno regional de que éstos recuperen las 35 horas de semanales.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se estima el recurso promovido por el presidente del Gobierno contra al artículo 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 2015 que recogía la vuelta a las 35 horas semanales y modificaba la ley de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de los servicios sociales, que estipulaba que la jornada laboral de los empleados públicos de la región pasaba a ser de 37,5 horas semanales.
La sentencia, fechada el 22 de septiembre, ha contado con el voto particular del magistrado Fernando Valdés Dal Ré al que se han adherido la vicepresidenta del tribunal, Adela Asua, y el magistrado Juan Antonio Xiol.
En los fundamentos jurídicos, la sentencia considera que fijar en 35 horas semanales la jornada general de trabajo de tres tipos de personal del sector público autonómico contradice la jornada general de trabajo mínima de 37,5 horas semanales del sector público, incluido el personal estatutario, establecida en los Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Por lo tanto, continúa el fallo, la Junta de Comunidades invade de "modo mediato" un ámbito competencial reservado al Estado, a pesar de que, según apunta, el letrado mayor de las Cortes y la letrada de la Junta de Comunidades defienden lo contrario en sus alegaciones.
La sentencia señala que la ley castellano-manchega recurrida sobre la duración de la jornada laboral de los funcionarios autonómicos está estableciendo condiciones concretas de trabajo de dicho personal, una competencia que corresponde a las comunidades autónomas, aunque insiste en que el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de sus competencias exclusivas "no puede desconocer las normas que el Estado haya podido aprobar en virtud de los títulos competenciales estatales".
En este caso, el Estado tiene la competencia para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios y para aprobar la legislación laboral y ambas amparan la aprobación de la disposición adicional de la ley 2/2012 en la que se prevé que la jornada laboral del sector público no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales.
Así, el tribunal aprecia, a partir de estas indicaciones, que dicha disposición adicional "admite una norma autonómica que iguale o amplíe la duración de dichas jornadas laborales y también que señale los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo que finalmente se establezca".
"Sin embargo, resulta incompatible con aquella norma estatal una norma autonómica que determine una duración de la jornada de trabajo que sea inferior, como sucede con el artículo 1 de la ley autonómica objeto de este recurso, que prevé que la jornada general de trabajo del personal del sector público autonómico será de 35 horas semanales de promedio de cómputo anual", señala la sentencia.
Por todo ello, concluye que el articulo 1 de la ley autonómica que regula las 35 horas semanales "no resulta ser un ejercicio constitucionalmente legítimo porque desconoce una norma que el Estado ha aprobado en uso de las competencias que le corresponden sobre el ámbito material del régimen jurídico del personal del sector público autonómico".
Como consecuencia de esta sentencia, también se declara inconstitucional la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración de la Junta de Comunidades.
Los aproximadamente 70.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha dispusieron de la jornada laboral de 35 horas desde el 1 de enero de 2016, si bien el Gobierno central interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida, por lo que los funcionarios volvieron a las 37,5 horas el 6 de mayo, después de que el Tribunal Constitucional dispusiera la suspensión de la medida como medida cautelar.
CCOO LUCHARÁ POR LAS 35 HORAS Y UGT ACATA PERO NO COMPARTE
Tras conocerse el fallo, el sindicato CCOO de Castilla-La Mancha ha señalado que seguirá luchando para recuperar las 35 horas semanales para los empleados públicos y, al igual que UGT, señala que acata la sentencia del Tribunal Constitucional aunque no la comparte.
En un comunicado, CCOO ha asegurado que recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de Castilla-La Mancha "es una medida justa y necesaria", además de ser "clave" para recuperar el empleo perdido la anterior legislatura.
En este sentido, el sindicato ha expresado que "forma parte esencial, irrenunciable e imprescindible de la recuperación de derechos de los empleados públicos" por lo que seguirá trabajando, en el marco jurídico y de la negociación colectiva, para que sea una realidad "lo antes posible", ha indicado Chelo Cuadra, coordinadora del Área Pública regional de CCOO.
Así, en la Mesa de la Función Pública CCOO emplazará al Gobierno de Castilla-La Mancha y a los sindicatos a buscar fórmulas legales que permitan recuperar las 35 horas semanales.
Por su parte, el responsable de Sanidad de UGT en Castilla-La Mancha, José Manuel Pinillos, ha señalado a Efe que el sindicato no comparte la sentencia, aunque la acata, porque su postura era defender la jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos.
Los servicios jurídicos de UGT están analizando, igualmente, la sentencia del Tribunal Constitucional.
CSIF VE "FORMAS" DE ALCANZAR LAS 35 HORAS
De su lado, el sindicato CSIF ha lamentado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la jornada, y ha considerado una "mala noticia" el fallo aunque ha afirmado que "hay muchas formas de conseguir" este horario laboral.
Así lo ha indicado a Efe el presidente regional de CSIF, Julio Retamosa, quien ha dicho: "lamentamos la decisión del TC, pero el presidente regional, Emiliano García-Page puede tomar sus medidas. De hecho, en otras comunidades están disfrutando de esas 35 horas. Y en diputaciones y ayuntamientos lo están haciendo también".
Además, ha advertido de que por esta sentencia "se van a perder 400 o 500 empleos en Castilla-La Mancha y en un sector fundamental como es sanidad".
En este sentido, ha apuntado que el Gobierno regional tiene medidas como "la formación, la conciliación de la vida familiar o laboral o el solape de los cambios de guardia de los profesionales sanitarios" para "instalar" esa jornada de 35 horas semanales en los empleados públicos.
Retamosa ha asegurado también no saber si el Gobierno regional impuso las 35 horas "para que después explotara la historia de las 37,5 horas por el Gobierno central" y ha incidido: "Nunca sabes dónde está la verdad".
Por otra parte, el representante de CSIF ha reprochado que la situación en la región está "exactamente igual" porque continúa "congelado el 3 por ciento de los empleados públicos en Castilla-La Mancha, la única región en España afectada por este recorte".
"Fue muy criticado por el PSOE, pero ha pasado un año de Gobierno y tenemos los mismos recortes que teníamos con Cospedal. Una cosa es predicar y otra es dar trigo", ha apostillado.
STAS ABOGA POR UN GOBIERNO ALTERNATIVO
Por último, la Intersindical STAS ha afirmado que acata pero no comparte la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y ha instado al presidente regional, Emiliano García-Page, a "ir a Madrid y apostar por un cambio de gobierno".
Así se ha pronunciado el representante de STAS Gustavo Fabra, que ha manifestado a Efe respecto a la ley impulsada por el Gobierno regional y declarada nula por el TC que, a su juicio, "había argumentos jurídicos suficientes para mantenerla".
"Aunque hemos sufrido una derrota jurídica, esto tiene muy fácil solución si hay voluntad política, simplemente consiste en cambiar la normativa básica", ha apuntado Fabra, que ha considerado "imprescindible que haya gobiernos distintos al del PP, que es quien ha aplicado esta medida en la región vía Cospedal".
En este sentido, ha indicado que el STAS ha sido "muy crítico" con el Gobierno regional y la defensa de los servicios públicos aunque en este caso de las 35 horas "ha actuado correctamente, intentando mantener la legalidad en todo momento".
"Si realmente el señor Page quiere apostar por las 35 horas, que apueste en Madrid por un cambio de Gobierno de Mariano Rajoy porque es la mejor manera de poder aplicar esta jornada laboral", ha señalado el representante sindical, que ha añadido: "También invitamos al PSOE a que apueste decididamente por buscar un Gobierno alternativo que defienda los servicios públicos y privados".
Respecto a la repercusión que pueda tener esta sentencia en la acción sindical, Fabra ha advertido que Intersindical decidirá "la semana que viene si hay movilizaciones".
