El tribunal que juzga la salida a Bolsa de Bankia ultima su decisión sobre las cuestiones previas, en mitad del dilema sobre si es factible apartar a las acusaciones y celebrar un juicio con cuatro acusados por un único delito, cuando la propia Fiscalía abrió la puerta al posible cambio de sus conclusiones.
Entre los temas pendientes destaca la legitimidad de los pequeños accionistas, la cual ha sido cuestionada por las defensas, especialmente la de la entidad, que solicitó poder desbloquear dos millones de euros de su fianza para resarcir al centenar de minoristas -de los 180.000 que acudieron a la operación- que quedan por recuperar su inversión.
Para Bankia, este reintegro conllevaría la renuncia a cualquier acción legal, como ya ha sucedido con varias acusaciones, algunas de las cuales directamente no se presentaron, en tanto que otras han anunciado su retirada una vez haya cobrado su cliente.
Sin embargo, fuentes del resto de acusaciones, aunque reconocen a Efe que buena parte recibió su dinero a través de la vía civil o del mecanismo extrajudicial por el que el banco desembolsó unos 1.840 millones de euros, defienden su derecho a permanecer en el juicio por los daños morales y patrimoniales sufridos durante, al menos, cinco años.
Según el letrado de la entidad, el número de cuentas de accionistas que reúnen las condiciones para ser considerados perjudicados se eleva a 176, las cuales concentran 205 personas físicas y cuatro jurídicas.
Se trata de un número de cuentas muy reducido, entiende Bankia, que advirtió a la sala de que es posible que continúen personados en el procedimiento algunos accionistas fallecidos, que deberían ser expulsados ya que las causas penales no prevén la sucesión procesal de sus herederos, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Al futuro de los perjudicados permanecen atentas las acusaciones populares, el otro bastión de la batalla contra el expresidente Rodrigo Rato y otras 33 personas para los que solicita hasta doce años de prisión y multas millonarias para el grupo BFA-Bankia y su auditora, Deloitte, también por falsedad contable.
Significado especial para la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representada por el precursor de la querella inicial de la formación UPyD, Andrés Herzog, que junto con la CGT y el movimiento 15MpaRato, se verían sacudidas por la posible aplicación de la llamada "doctrina Botín".
Adoptada por el Supremo en 2007 y posteriormente matizada por la "doctrina Atutxa", con ella se cerró el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el entonces presidente del Santander, Emilio Botín, limitando el ejercicio de la acción popular cuando ni la Fiscalía ni los perjudicados ejerzan acusación, al entender que sus perspectivas de éxito están "claramente mermadas".
A dicha doctrina se encomiendan, de forma especial, los 30 acusados contra los que no presenta cargos el Ministerio Público, que sólo señala a Rato y los otros tres antiguos administradores de Bankia, José Luis Olivas, José Manuel Fernández-Norniella y Francisco Verdú, para los que pide entre cinco años y dos años y siete meses de prisión por estafa a inversores.
Pero el hecho de que Anticorrupción abriera la puerta a considerar una presunta falsedad en las cuentas, hasta ahora descartado, ha sido entendido por algunos letrados como una maniobra ante la posible exclusión de las acusaciones.
Así lo expresó la defensa de la exconsejera Araceli Mora, una de las más críticas con el anuncio, para quien la Fiscalía, "previendo" que iban a apelar a la "doctrina Botín", quiso "adelantarse al éxito de la cuestión previa".
La posible modificación depende en gran medida de la ingente documentación que ha remitido en las últimas semanas, la mayoría relacionada con la gestión de Olivas al frente de Bancaja y Banco de Valencia, y con el reciente informe realizado por el criticado perito Antonio Busquets, según el cual Bankia ocultó del folleto el impacto de una posible reclamación de Aviva, vinculada a la caja levantina hasta la integración.
Documento que, según el experto, sería un nuevo ejemplo de que no se ofreció a los inversores una "imagen fiel", y que deberá ser admitido por el tribunal, el cual analizará el contraperitaje en el que Bankia reprocha que las acusaciones se fundamenten en un análisis "insuficiente" de su cartera crediticia.
Aunque las cuestiones previas pueden dictarse en sentencia, dada la enjundia de las planteadas está previsto que el próximo 8 de enero la juez Ángela Murillo emita la opinión de la sala, tras lo cual comenzarán los interrogatorios de los acusados, con Rato, que pasará su primera Navidad en prisión, a la cabeza.
