Un total de 279 prejubilaciones dentro del Acuerdo Marco de Transición Justa para la Minería del Carbón 2019-2027, con un coste medio de 2.320 euros cada una, un coste acumulado de 16 millones y una edad media de los prejubilados de 45 años, se habían tramitado ya a 21 de septiembre.
Según el informe expuesto a la comisión de seguimiento del acuerdo, que se ha reunido este jueves para hacer balance del acuerdo alcanzado en octubre 2018, se encuentran en fase de tramitación 25 solicitudes de prejubilación, bien porque el trabajador mantiene su relación laboral con la empresa o por que faltan por verificar los planes de cierre de las explotaciones en que trabajaban.
En cuanto a las bajas incentivadas (para trabajadores que no podían prejubilarse), a 21 de septiembre se habían liquidado ayudas a favor de 128 trabajadores, con un coste medio de 51.511 euros cada una y un coste acumulado de 6,59 millones de euros.
Actualmente, se continúa con la tramitación de la liquidación de bajas incentivadas de 26 trabajadores y a 45 trabajadores no ha sido posible hasta la fecha liquidarles bajas indemnizadas concedidas en 2017 y 2018 por estar en situación de incapacidad o mantenerse en activos en sus empresas.
Los trabajadores apoyados a través de uno u otro esquema en las distintas comunidades autónomas son 430-55 en Aragón, 196 en Castilla y León, 167 en Asturias y 12 en Castilla-La Mancha- y 23 de ellos son mujeres.
Respecto a la bolsa de trabajo que se creó para los trabajadores que no podían acogerse a estas medidas, con el fin de que accedan a un empleo, a 21 de septiembre, había 323 trabajadores inscritos -12 en Aragón, 193 en Castilla y León y 119 en Asturias-.
También para mantener el empleo se han realizado dos convocatoria de ayudas para restauración de explotaciones mineras en cierre: una primera por la que se concedieron 15,9 millones a la empresa Samca para la clausura y restauración ambiental de sus minas en Aragón, y una segunda dotada con 6 millones convocada para apoyar a empresas en los trabajos de restauración ambiental.
La restauración, que es la herramienta a corto plazo para evitar la caída del empleo y para la cual se cuenta con los trabajadores excedentes que están en la bolsa de trabajo, se está encontrado con problemas.
Por un lado, muchas empresas mineras estaban en concurso de acreedores o liquidación a 31 de diciembre de 2018, fecha para el cierre de las minas, y otra la situación que atraviesan las comunidades autónomas, que cofinancian las tareas de restauración, por la crisis del coronavirus.
Y es que las competencias sobre restauración de minas son de las comunidades autónomas y los proyectos pueden ser subvencionados en un 100 %, de los que el Instituto para la Transición Justa (ITJ), nueva denominación del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), financia el 75 % de la inversión y la comunidad autónoma el 25 %.
Los sindicatos están preocupados por la ralentización de las tareas de restauración, pues a 31 de diciembre los excedentes no acogidas al plan social cumplirán 24 meses de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y podrían quedar sin cobertura sin desempleo.
Las fórmulas que se están poniendo sobre la mesa pasan por desde que se pueda prorrogar la cobertura social, lo que implicaría en la negociación al Ministerio de Trabajo, hasta que el ITJ adelante en el momento actual parte de la cantidad que corresponda poner a las comunidades autónomas para restauración y que luego se vaya compensando en la distribución de la cofinanciación en años posteriores.
Por otra parte, a 31 de diciembre ya se han otorgado ayudas a 140 proyectos, que generarán 648 nuevos empleos y la movilización de 126 millones en inversiones en zonas afectadas por la reeestructuración de la minería.
Además, antes de que finalice el año se convocarán las ayudas de 2020, con un total de 27 millones de euros (20 millones de euros en ayudas para proyectos empresariales y 7 millones para pequeños proyectos de inversión).
En cuanto a los convenios de transición justa, a 21 de septiembre estaban en marcha diez, a los que se sumarán los de centrales térmicas que han solicitado el cierre, y se han recibido más de 1.300 propuestas e ideas de proyectos.
