Un estudio sobre las necesidades y carencias formativas de los trabajadores de Castilla-La Mancha en cinco de los sectores que se han revelado como esenciales durante la pandemia de la covid-19 ha revelado que los altos cargos de dichas empresas son en su mayoría hombres, con una tendencia mayor en las residencia de mayores.
Así se desprende de un estudio realizado por el sindicato entre los meses de febrero y septiembre de 2021, que se ha centrado en los sectores agroalimentario, transporte terrestre de pasajeros, limpieza, gestión de residuos y residencias de mayores, ha informado este jueves el sindicato UGT en rueda de prensa.
El estudio evidencia que los altos cargos de las empresas de la región son en su mayoría hombres, especialmente en las residencias de mayores, así como que en todos los sectores se detectan desigualdades de género y estereotipos, que algunos están muy masculinizados y otros muy feminizados y que, en las residencias de mayores, el 63 % de las personas trabajadoras tiene un elevado desgaste físico, el 47 % ha sufrido ansiedad y un 24 por ciento ha sufrido depresión.
Así lo ha destacado el coordinador regional de Proyectos y Estudios de UGT, Marc Torres, que también ha resaltado que "se ha detectado que apenas se ha impartido formación sobre la covid-19", por lo que se pretende poner en marcha una campaña de sensibilización, sobre todo para empresas del sector de residencias, en el que se especifique dicha problemática.
Por otro lado, Marta Guerrero, portavoz de RUGE (formación que aglutina a los jóvenes del sindicato UGT, ha resaltado que, en Castilla-La Mancha, existe la necesidad de realizar un relevo generacional ya que los sectores estudiados "están muy envejecidos" e incluso en algunos sectores como el del transporte se ha estimado que, de cara a los próximos cinco años, se necesiten alrededor de 15.000 trabajadores.
Se da además la circunstancia de que en ninguno de los sectores estudiados se supera el 5 por ciento de jóvenes menores de 25 años incorporados a la plantilla.
El estudio de UGT, en el que han participado seis técnicos, ha contado con la financiación de la Junta de Comunidades y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
