De Isabel, auxiliar a domicilio con un salario de 748 euros al mes, depende el bienestar de los mayores y personas con discapacidad que atiende cada día; Fernando, repartidor que con suerte supera los mil euros, nunca se ha sentido más útil: no daba abasto con las entregas de comida y medicinas durante el confinamiento.
Personal sanitario con contratos de días, trabajadoras de cuidados con empleos intermitentes, cajeras de supermercado con salarios bajos, transportistas con muchas horas a sus espaldas o personal de limpieza del que han prescindido en muchos hogares por miedo a contagio, son profesionales esenciales para la protección de la sociedad -sobre todo en tiempo de pandemia- que viven en ocasiones al límite de la pobreza.
La situación económica y social generada por la covid podría arrojar a la pobreza a más de 700.000 personas, hasta alcanzar los 10,8 millones de personas pobres en España, estima Oxfam Intermón.
Cáritas ha alertado esta semana de que ya hay 7,8 millones de personas que no pueden afrontar gastos imprevistos o que tienen que pedir dinero a parientes o amigos porque viven en hogares en situación de inestabilidad laboral grave. La provoca la temporalidad de los trabajos o los empleos informales que tienen las personas que aportan los ingresos a la familia.
El trabajo no consigue recatar de la pobreza a más de 2,5 millones de personas que comparten esa doble daga: trabajar y ser pobre; trabajan en condiciones tan precarias que no les sacan de esa situación de exclusión social.
REPARTIENDO EN BICI COMO "FALSO AUTÓNOMO"
A Fernando García le gusta su trabajo, reparte en bici por las calles de Madrid desde hace dos años. Es de los veteranos -cuenta a Efe- porque la mayoría de sus compañeros no duran en este trabajo más de siete meses. "No les llega ni para pagar los gastos de autónomo; los que empiezan pueden cobrar con suerte 200 euros y los que ya llevamos más tiempo hay meses buenos, pero otros no llegas a los 600". Con estas condiciones es imposible organizar tu vida, y menos si hay hijos a cargo. "Tienes que estar guardando y trampeando".
Su día a día transcurre en la calle, entre coches. "Como tengas un accidente o se rompa la bici, ese mes en blanco".
"El nivel de explotación y de abuso es brutal, pero estamos organizándonos y luchando contra ello". "Queremos que se nos reconozca como empleados, pedimos un convenio, vacaciones y seguridad en el trabajo, como cualquier trabajador de este país".
"Muchos de mis compañeros son extranjeros, están con la presión de que tienen que mandar dinero, no pueden parar ni un día y piden trabajar 70 horas a la semana, cuando lo normal es que hagamos 50 ó 60".
Explica que el problema de los mensajeros es que son "falsos autónomos" y carecen de derechos asociados a un contrato laboral, además de vivir con esa irregularidad de ingresos y jornadas.
Se queda con la satisfacción del reconocimiento de la gente, que le aplaudió cuando le tocaba repartir a las ocho de la tarde. También de haber sido esencial para muchos.
"Hice muchos repartos de alimentos y medicinas, que enviaban hijos a sus padres mayores; cuando llegaba a sus casas les decía, se lo dejo en el felpudo, no se asome, lo coge ahora cuando me vaya" y a veces oía su agradecimiento detrás de la puerta.
AUXILIARES A DOMICILIO: CUATRO USUARIOS AL DÍA
A Isabel Calvo también le gusta su trabajo. "He cuidado de mis padres y siempre me atrajo el entorno de los cuidados". Es auxiliar de atención a domicilio del sistema de atención a la dependencia en Fuenlabrada (Madrid), tras haber realizado su formación en la Universidad de Alcorcón. Lleva trece años.
Asegura que lo normal en su sector son los contratos de seis horas al día, en los que se atiende una media de cuatro usuarios; hora y media para cada uno. El salario base son 748 euros, al que se suman otros 60 euros de transporte.
"Cuando llegas al domicilio te encuentras con una persona dependiente, le ayudas a levantarse, en su aseo personal, le preparas el desayuno, si te da tiempo también haces la comida y la cena, recoges la habitación y el baño y en ocasiones tienes que salir a comprar". Todo eso en menos de dos horas.
Recuerda que no tienen reconocida ninguna enfermedad profesional, "con los sobreesfuerzos que precisa este trabajo": "Somos grúas humanas, tenemos que levantar a personas, y eso pueden ser 70 kilos".
Sus contratos a tiempo parcial -lo que les ofrecen-, les dejarán "pensiones irrisorias" cuando se jubilen y por ello cree que si aumenta la demanda de trabajo, debería aumentar las horas a las personas que trabajan, en lugar de hacer nuevos contratos.
Sus condiciones laborales empeoraron aún más durante el estado de alarma: "Algunas empresas han obligado a sus trabajadores a coger vacaciones". Sufrieron la escasez de material de protección y tuvieron que realizar su trabajo en esas condiciones, que generaron mucho miedo. "Nadie estaba preparado, ni las empresas, ni las comunidades ni los auxiliares".
Isabel defiende que estos servicios de cuidados deberían realizarse en el ámbito público, porque muchas de las empresas que los ofrecen "nada tienen que ver con el sector sociosanitario, algunas son constructoras y van a lucrarse; les preocupa poco la calidad de la atención".
El problema -añade- es que "es un trabajo muy solitario, con poca relación con las compañeras y de ello se aprovechan las empresas que cuelan siempre un montón de horas extraordinarias" y a las que no les preocupa la salud de las trabajadoras.
IMPRESCINDIBLES, PERO PRECARIOS
En estos meses, los ciudadanos han sido más conscientes de que no se pueden vivir sin estos trabajadores esenciales, que ya arrastraban la precariedad antes de la pandemia.
La tasa de temporalidad en España es la más alta de la UE, prácticamente el doble de la media comunitaria, alerta el último informe de Oxfam Intermón "Esenciales".
En 2019, más de uno de cada tres contratos con duración determinada tenía una duración inferior a una semana, mientras que prácticamente una de cada tres personas asalariadas tuvo tres o más contratos.
Esta precariedad laboral afecta también al sector sanitario, con especial incidencia entre los jóvenes: la tasa de temporalidad es del 80 % entre las enfermeras de entre 24 y 35 años contratados en el sistema público.
Una realidad que tiene rostro de mujer: el 74 % de las personas con contratos parciales son mujeres y tras esos contratos se esconden, en ocasiones, horas no cotizadas y trabajadas en el marco de la economía informal.
