Tierraseca defiende que los PGE contemplan inversiones "para no dejar a nadie atrás"

El borrador mantiene el compromiso con la modernización económica de Castilla-La Mancha y con la continuación de las infraestructuras
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha informado en rueda de prensa del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE)
photo_camera El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha informado en rueda de prensa del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE)

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha afirmado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 contempla inversiones “para no dejar atrás” a nadie, en plena crisis sanitaria, ya que contemplan “la mayor subida en gasto social de la historia”.

En rueda de prensa para valorar el documento recién presentado por el Ejecutivo Central y que recoge inversiones por 470 millones de euros para el próximo año en esta comunidad, Tierraseca ha expuesto que, a pesar de ser un proyecto de presupuestos “eminentemente sociales, no se abandonan las infraestructuras”.

El delegado del Gobierno ha destacado los 34,5 millones de euros que la comunidad recibirá a través de los Fondos de Compensación Interterritorial y ha insistido en el hecho de que el Estado “va a asumir en 2021 la mitad del déficit de las comunidades autónomas, lo que representa aproximadamente el 1,1% del PIB”.

Entre otras cuestiones, el delegado se ha referido a la consolidación del Ingreso Mínimo Vital o a la revalorización de las pensiones, que beneficiará, en el caso de las contributivas (un 0,9%) a 373.613 castellano-manchegos y en el de las no contributivas (un 1,8 %) a otros 19.565 ciudadanos más.

Según Tierraseca, esa atención a las personas se traducirá también en mayor dinero del Estado para prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, para dependencia, para ampliar los permisos de paternidad o para asentar el Estado de Bienestar de los castellano-manchegos; inversiones, ha dicho, que se completarán con las relativas también al apoyo de la formación, a través de impulso a las becas, al empleo joven o a la formación profesional.

El proyecto de Presupuestos del Gobierno también presta atención a la modernización económica, con una inversión de 248,46 millones de euros para actuaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con un importante esfuerzo en la conservación y explotación de carreteras.

El delegado ha valorado también que habrá presupuesto en 2021 para proyectos relevantes para la Administración de Justicia, como los nuevos juzgados de Torrijos y Talavera de la Reina, la sede del Instituto de Medicina Legal de Toledo, la rehabilitación de la Audiencia Provincial de Toledo, los edificios judiciales de Ocaña, Manzanares, Puertollano y Motilla del Palancar, y las nuevas sedes judiciales de Albacete y de Guadalajara.

Tierraseca también ha destacado, en materia de vivienda, los más de 60 millones de euros de fondos europeos para rehabilitación de entornos residenciales y edificios públicos, de los que se van a beneficiar unos 28.900 hogares, o el impulso al parque de vivienda en Castilla-La Mancha, a través del Plan Estatal de Vivienda, que prevé destinar a este cometido más de 14 millones de euros.

También ha subrayado que, “por primera vez se incluyen en los Presupuestos partidas específicas para la mejora de infraestructuras de Seguridad del Estado”.

Y, en este sentido, ha detallado que el proyecto de PGE contempla partidas para la redacción de los nuevos acuartelamientos de Caudete y Villarrobledo, los dos en la provincia de Albacete, la nueva Comisaría de Puertollano (Ciudad Real), la nueva sede de la Comisaría Provincial de Cuenca o la reforma de los centros penitenciarios de Herrera y Alcázar de San Juan, ambas en la provincia de Ciudad Real.

Por último, el delegado ha señalado que el proyecto de Presupuestos para 2021, que todavía se puede ver modificado e incorporar otras actuaciones en su tramitación parlamentaria, permite a las autonomías, en general, y a Castilla-La Mancha en particular, contar con los recursos necesarios para abordar los efectos de la pandemia.

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