El pleno del Senado ha aprobado hoy el proyecto de ley orgánica de deuda comercial en el sector público, que obliga a las administraciones públicas a pagar las facturas a sus proveedores en 30 días.
La ley ha sido enmendada a su paso por el Senado -que ha rechazado los cinco vetos presentados por la oposición-, por lo que tendrá que volver al Congreso para su aprobación definitiva antes de entrar en vigor.
Entre las enmiendas introducidas en la Cámara alta, figura la que amplía para los funcionarios y personal laboral de las administraciones públicas y sus organismos y entidades los días "por asuntos particulares" a cuatro cada año.
La justificación de esta enmienda del PP es que las perspectivas económicas permiten esta ampliación "teniendo en cuenta" que los empleados públicos han contribuido "decisivamente" en el esfuerzo de consolidación fiscal.
En defensa de la ley, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho que "el peor enemigo de la sostenibilidad financiera es el descontrol de la deuda".
Ha subrayado que "un aumento desmedido" de la misma en el sector público "pone en riesgo la capacidad de asumir compromisos de gasto presentes y futuros".
En su opinión, la reducción de la morosidad en las administraciones públicas "es imprescindible para la recuperación" económica.
Ha comentado que el objetivo de la norma es "reducir hasta llegar a su mínima expresión la morosidad del sector público", lo que no sólo mejorará la capacidad de competir, sino que también aumentará la confianza en el conjunto de las administraciones públicas.
Montoro ha indicado que éstas tendrán que pagar en 30 días a sus proveedores y que la morosidad conlleva "efectos negativos para ambos", al suponer costes cuantiosos para el sector privado y para el público compromisos de pagos futuros, que incrementan la deuda comercial y financiera y provocan una mayor inestabilidad presupuestaria.
El senador de CiU Ferrán Bel ha considerado que esta ley es "una injerencia y una limitación de la gestión" autonómica y local.
Tras reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica y local, en la defensa de su veto ha indicado que esta normativa es "la segunda modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en pocos meses" y coloca en "una situación difícil y conflictiva" a las autonomías y ayuntamientos.
En su opinión, "no se podrá cumplir con el pago a 30 días" y ha criticado los "mecanismos de corrección y sanciones muy duras" por el incumplimiento de los plazos de pago, "cuando es el Estado el que incumple de forma reiterada sus compromisos" con Cataluña.
En similares términos se ha expresado el presidente de la Entesa, José Montilla, quien ha dicho que "no cumplir" con las inversiones en Cataluña, "convierte al Gobierno central en moroso".
En la defensa de su veto, ha preguntado al Gobierno que si cree que con control y sanciones administrativas se van a resolver los problemas de liquidez de los ayuntamientos y las comunidades, "porque no se trata de una actitud irresponsable de los gestores públicos sino de problemas de liquidez".
El senador del PP Julio Francisco de España ha defendido el informe de la ponencia.
