La renta de los caseros duplica ya a la de los inquilinos en Castilla-La Mancha, según Consumo

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto cifras a la desigualdad entre propietarios e inquilinos en el mercado del alquiler. Un avance del informe que está elaborando el Departamento que dirige Pablo Bustinduy, y al que ha tenido acceso Europa Press, revela que en Castilla-La Mancha —junto a Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias— los ingresos de los caseros suponen ya el doble que los de los inquilinos, una brecha que se ha consolidado en los últimos años.

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la diferencia de renta mediana entre ambos colectivos asciende a 23.638 euros: los arrendadores cuentan con 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de quienes viven de alquiler. En términos generales, la renta de los propietarios es un 82 % superior a la de los arrendatarios, una desigualdad que se reproduce en Castilla-La Mancha con especial intensidad.

Un riesgo de ampliación de la brecha con las renovaciones de 2026 y 2027

El informe advierte de que la situación podría agravarse en los próximos años. Si los contratos que expiran en 2026 y 2027 se renuevan a precios de mercado, la diferencia de ingresos entre caseros e inquilinos afectados aumentaría en 2.216 euros de media en España, elevando la renta mediana de los arrendadores hasta 54.665 euros.

En total, 632.369 contratos firmados en 2021 caducarán en 2026, afectando a 1,6 millones de personas, mientras que los 405.234 contratos firmados en 2022 que terminan en 2027 elevarían la cifra potencial hasta casi 2,7 millones.

Consumo contextualiza este riesgo con la escalada del mercado del alquiler en los últimos años. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el precio ofertado por metro cuadrado ha pasado de 10,85 euros a 14,5 euros según Idealista, lo que supone una subida acumulada del 34,3 %. Esta presión también se percibe en Castilla-La Mancha, donde el encarecimiento del alquiler ha tensionado a miles de hogares que destinan más del 30 % de sus ingresos al pago mensual.

Sumar rechaza los incentivos fiscales anunciados por Sánchez

Los datos publicados han reabierto el debate político sobre las medidas para contener el precio del alquiler. Sumar, formación a la que pertenece el ministro Bustinduy, ha reiterado su rechazo al decreto ley anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que plantea bonificar el 100 % del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler al renovar sus contratos en 2026.

El Ejecutivo defiende que la bonificación compensará las ganancias que obtendrían los caseros subiendo el alquiler en los contratos a renovar, pero Sumar considera la medida "ineficaz" e "injusta", especialmente a la luz de la diferencia de renta entre arrendadores y arrendatarios.

El grupo plurinacional recuerda que presentó meses atrás un real decreto-ley alternativo que planteaba la renovación automática de los contratos con la única subida del IPC, como ya se aplicó durante la pandemia. Esta medida, señalan, permitiría proteger de forma inmediata a 1,6 millones de personas y solo perjudicaría a quienes pretendan subir los precios de manera abrupta, en ocasiones hasta un 40 %.

Desde Sumar insisten en que la situación exige una intervención urgente del mercado del alquiler, no una medida opcional “a la que pueden adherirse unos propietarios sí y otros, no”. Subrayan que la desigualdad detectada en regiones como Castilla-La Mancha hace imprescindible garantizar el derecho a la vivienda desde la perspectiva de los inquilinos.

Gestha reclama reestructurar los incentivos del IRPF

A las críticas se han sumado los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que piden una mayor concreción de las medidas fiscales anunciadas y una restructuración de los incentivos vigentes para evitar distorsiones. Recuerdan que actualmente se aplica una bonificación del 90 % a los propietarios que reducen al menos un 5 % el precio del alquiler en zonas tensionadas.

Sin una redefinición clara, advierten, podría generarse la percepción de que quienes mantienen el precio obtienen más ventajas fiscales que quienes lo rebajan. No obstante, remarcan que todavía es pronto para valorar el impacto de las bonificaciones vigentes —del 90 %, 70 %, 60 % y 50 %—, pues entraron en vigor en enero de 2024 y se aplicarán por primera vez en la declaración de la renta de ese mismo año.