La reforma de la financiación seguirá postergada unos meses más, nadie moverá ficha hasta que pasadas las elecciones se conformen los nuevos gobiernos autonómicos pero hecho esto, las comunidades deberán reformular el modelo y acordar un reparto equilibrado de recursos.
En lo que sí parece que las autonomías están de acuerdo es que una vez vuelvan a la mesa de "diálogo político", que quedó interrumpida a finales de año, el asunto de la infrafinanciación sea prioritario y el Estado haga una mayor aportación a las regiones en función de las competencias asignadas.
UN MODELO DE 2010
El actual modelo, que entró vigor en 2010 por un período de cuatro años, lleva cinco años de aplazamientos, y aunque en 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy dio un impulso y encargó un informe a una comisión de expertos, la situación política, los casos de corrupción, la falta de un Govern en Cataluña y la moción de censura dilataron los plazos e hicieron inviable el acuerdo.
Sin embargo, el trabajo hecho no ha sido en balde. Fuentes de Hacienda han reconocido a Efe que "hay un punto de partida en el que se fijó estimar la infrafinanciación, y eso debería mantenerse".
Y en ese punto de partida también está el informe de la comisión de expertos, que tardó ocho meses en elaborarse y recibió alegaciones y comentarios de todas las comunidades autónomas.
El informe, que aún está a debate, contempla la capacidad de las comunidades para fijar copagos, subir o bajar impuestos, mejorar la fiscalidad y la autonomía tributaria y, sobre todo, un gran acuerdo para financiar el Estado del bienestar y pagar la educación y la sanidad en un supuesto tiempo de crisis.
LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA
Consciente el Gobierno de Pedro Sánchez de que no tenía tiempo material para hacer la reforma, anunció estos meses una serie de iniciativas para mejorar de forma inmediata la financiación de las comunidades y paliar sus urgencias económicas.
Aquí se incluye una senda de estabilidad que concede 2.500 millones adicionales a las autonomías, tras aumentar en dos décimas su objetivo de déficit para 2019; las entregas a cuenta que aumentan un 7,2 por ciento este año y el compromiso de devolver a las comunidades 2.000 millones que les corresponden por la liquidación del IVA de 2017.
Estas mejoras fueron acompañadas de la celebración en septiembre de una Comisión de Financiación Autonómica que incorporó a Cataluña, tras más de un año ausente por el 155 y el reconocimiento implícito de Hacienda de que algunas comunidades estaban mal financiadas.
Aunque el barco no llegó a puerto, la reforma del modelo sigue estancada y Cataluña dejó claro que no iba intercambiar una nueva financiación por el derecho de autodeterminación, las comunidades se han ido relajando al ver crecer sus ingresos, tener más capacidad de gasto y más beneficios con los contactos bilaterales con el Gobierno.
LA OPINIÓN DE UN EXPERTO
En declaraciones a Efe, el miembro de la comisión de expertos de la reforma del sistema de financiación de 2017 Jorge Onrubia subraya que "lo que hay que tener muy claro" es que el objetivo del sistema es financiar los servicios públicos de competencia autonómica, y no aportar fondos extraordinarios para mejorar la convergencia regional.
Para eso, dice, existen otros mecanismos, "como el Fondo de Compensación Interterritorial, que languidece desde hace años" o la política de inversión pública del Estado.
Onrubia, profesor de Hacienda Pública en la Complutense e investigador en Fedea, insiste que el sistema debe encargarse de financiar, la educación, la sanidad, los servicios sociales y el resto de competencias asegurando unos niveles similares de recursos por habitante ajustado en todos los territorios. "Ambos objetivos no deben mezclarse", resalta.
Desde la perspectiva política, añade, la cuestión debe ser consensuar el grado de nivelación que evite discriminaciones inasumibles en la oferta de servicios públicos, sin que esto tenga porque suponer una igualación total de recursos, algo que no sucede prácticamente en ningún país.
Además, subraya que otra de las decisiones que no se debería obviar es la integración de los regímenes forales del País Vasco y Navarra con el régimen común.
¿Y LAS COMUNIDADES FORALES?
"¿Deben aportar las comunidades forales a la solidaridad territorial?, ¿Se debe redefinir la fórmula del cómputo del cupo?", este experto admite que esto a priori se antoja "muy difícil" siendo seguramente el PNV determinante para la formación del próximo Gobierno pero, insiste que, "se debería avanzar en ello, para una legitimación plena del nuevo sistema".
Respecto a Cataluña, Onrubia sostiene que el problema no se resuelve con una financiación autonómica a la carta.
A su juicio, el problema "está en una esfera distinta, en una búsqueda de conflicto sin más pretensión que la desestabilización de España y sin más meta que una imposible independencia".
Añade que paralizar un nuevo sistema de financiación "porque haya un gobierno en Cataluña que boicotea la reforma no es de recibo.
"Se debe aprobar urgentemente un modelo y si el gobierno catalán no quiere estar por razones políticas en esa discusión, debe dar explicaciones a los electores catalanes".
