El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y anula la ley regional que fijaba la jornada laboral de los funcionarios en 35 horas semanales, por lo que estos retornaron a las 37,5 horas.
La sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales, en materia de jornada de trabajo.
También la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La sentencia señala que dichas leyes contradicen la jornada general de trabajo mínima de treinta y siete horas y media semanales del personal del sector público, incluido el personal estatutario, establecida en la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012, al amparo de los arts. 149.1.7, 149.1.13 y 149.1.18 CE, con lo que de un modo mediato invaden este ámbito competencial reservado al Estado.
CSIF INSISTE EN BUSCAR ALTERNATIVAS
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha incidido este lunes en que "existen otras alternativas" para el establecimiento de la jornada de 35 horas semanales, tales como el periodo de cortesía, la jornadas de formación o la conciliación de la vida familiar y laboral.
CSIF se ha pronunciado así en un comunicado, a propósito de la publicación este lunes en el Boletín Oficial del Estado de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios de la Administración autonómica.
En este sentido, ha lamentado que el Gobierno regional no haya tenido en cuenta esas opciones para reducir la jornada de 37,5 horas, y que "en ningún momento" se haya valorado su implantación, lo que supone, junto a la propia resolución del Tribunal Constitucional "un agravio comparativo respecto al resto de administraciones regionales".
