Los trabajadores públicos temporales se han manifestado este domingo en 27 ciudades de España, entre las que figuraba en principio Toledo, que al final fue suspendida al denegar el correspondiente permiso la Delegación del Gobierno, a causa de la pandemia, según han señalado a Efe fuentes de la organización, para denunciar su situación laboral y han pedido regulación administrativa.
La movilización, que por la crisis sanitaria de la covid-19 se ha hecho en coche, ha sido organizada por la Plataforma Estatal Temporales Públicos en Fraude de Ley -Movimiento #15F.-, que denuncia que estos empleados se sienten "totalmente desprotegidos" por parte del Gobierno y las Administraciones.
Y ello, mientras sus homólogos europeos están amparados frente al abuso de temporalidad por la Directiva Europea 1999/70, cuyo objetivo "no se está cumpliendo en España", ha criticado la plataforma.
"No queremos más contratos en fraude, ni que nos echen a la calle sin derecho alguno después de años entregados al servicio público, ni que se obvie la supremacía del derecho europeo que se aplica en el resto de Estados Miembros de la Unión Europea. Queremos que se cumpla la ley, al igual que se hace en el empleo privado, para que podamos continuar en nuestros puestos de trabajo", asegura la plataforma en un comunicado.
El pasado mes de marzo, el Tribunal de Justicia de la UE reconoció la desprotección y el abuso que sufren los trabajadores interinos del sector público español, pero dejó en manos de la justicia española las medidas sancionadoras para compensar esa situación.
De esta forma, deben ser los tribunales nacionales los que decidan en cada caso si obligan a la administración pública empleadora a hacer fijo al trabajador o a pagarle una indemnización por término de contrato o despido, a la que no tienen derecho según la normativa nacional.
En declaraciones a Efe, Esther Velasco, trabajadora temporal de la Comunidad de Madrid y miembro de la Plataforma, ha asegurado que hay solución para este colectivo, que es la regulación administrativa.
En este sentido, la Plataforma Estatal Temporales Públicos en Fraude de Ley -Movimiento #15F.- reivindica que la Administración pública cumpla el Derecho de la Unión, comprobando cada relación temporal, para determinar si incurre en abuso de temporalidad, y aplique como sanción al incumplimiento, el mantenimiento del empleo hasta que concurran las causas generales de cese para todo trabajador público mediante una regulación administrativa.
Asimismo, demanda que el Gobierno atienda la resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo, adoptando políticas de lucha contra el fraude en la contratación y contra el abuso de la temporalidad en el sector público, similares a las adoptadas en el sector privado.
También pide que la Administración deje de aplicar toda norma que impida garantizar la igualdad en las condiciones de trabajo de los temporales respecto a los fijos o de carrera, y exige que se posponga la ejecución de toda oferta de empleo público que afecte a las plazas de estos trabajadores hasta que se adopten medidas para la detección del fraude en la contratación y se sancione el abuso de temporalidad.
La Plataforma también reivindica que todas las fuerzas políticas promuevan un Pacto de Estado contra la precariedad y el abuso de la temporalidad en el sector público, y exige una vía de diálogo con el Gobierno.
Nazaret Caballero, trabajadora del Ayuntamiento de Madrid, ha denunciado en declaraciones a Efe que España lleva sufriendo casi 40 años el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.
Según sus datos, los trabajadores públicos sufren una temporalidad media de entre 15 y 30 años.
