El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este lunes el proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Comunidades para 2020, que incluye un presupuesto no financiero que asciende a 8.093,1 millones de euros, un 6,3 % más que la cuantía de 2018, que se traduce en 483,5 millones más.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado en conferencia de prensa, en la que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos de la Junta, Isidoro Hernández Perlines, el proyecto de ley de presupuestos, que también se registrará este lunes 30 de septiembre en las Cortes regionales, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
Ruiz Molina ha detallado que el presupuesto financiero de la administración regional para 2020 alcanza los 10.505,1 millones y el presupuesto no financiero, es decir, "lo que reciben los ciudadanos en forma de bienes y servicios públicos", son 8.093 millones de euros y, de este total, 5.613,4 millones, que supone el 71,2 %, está destinado a gasto social.
El consejero ha definido el presupuesto como "expansivo en lo social y austero en lo que se refiere al gasto de funcionamiento de la administración regional"; inversor porque por primera vez se superarán los 200 millones en este capítulo, sobre todo para infraestructuras sociales, y responsable, debido a la prudencia con que se han realizado las previsiones de crecimiento.
En este punto, ha precisado que según estimaciones de la propia Consejería, la economía castellano-manchega crecerá un 2,3 % este año y un 2 por ciento en 2020, en ambas anualidades una décima más que la media nacional.
El consejero ha incidido en que las previsiones de crecimiento son "prudentes y conservadoras" y ha recalcado que, si bien se está produciendo una desaceleración de la economía, no se está en recesión, sino que las tasas de crecimiento se mantienen en positivo, aunque menores.
Ruiz Molina ha añadido, asimismo, que desde el punto de vista financiero, el presupuesto es "riguroso" porque "los ingresos están en función de lo que realmente" se percibirá; solvente "en la medida en que nuevamente genera ahorro" y equilibrado, toda vez que el déficit es cero y, por lo tanto, los gastos y los ingresos están equilibrados.
Asimismo, ha señalado que las estimaciones de ingresos se han realizado en base a los cálculos de la Consejería de Hacienda, puesto que el Ministerio de Hacienda no ha remitido las previsiones que tenía que haber enviado en julio, y ha indicado que cuando se reciban "habrá que ajustarse a los datos que, con carácter definitivo, el Ministerio de Hacienda remita".
En cuanto a los objetivos estratégicos del presupuesto, Ruiz Molina ha explicado que se basan en generar riqueza, incentivando el crecimiento económico y creando empleo, promoviendo la competitividad empresarial y siendo sostenibles desde el punto de vista ambiental, y redistribuir la riqueza, finalizando la recuperación y consolidando el Estado de Bienestar, mejorando la calidad de los servicios públicos y apoyando la igualdad de oportunidades.
Y también para luchar contra la despoblación, desde el diálogo social y respetando la congelación del esfuerzo fiscal y la estabilidad presupuestaria.
Sobre el reparto del gasto del presupuesto no financiero, Ruiz Molina ha recalcado que el 71,2 por ciento es para gasto social, es decir, 5.613,4 millones de euros, lo que supone 416 millones más en total y además, se traducen en 15,3 millones al día en gasto social.
Asimismo, ha detallado que el 38 por ciento del gasto no financiero se destina a recursos humanos, con un incremento del 9 % en comparación con 2018, y que en este proyecto de presupuestos se reservan 122,9 millones a inversiones de infraestructuras de carácter social, lo que supone un incremento del 36 por ciento.
En concreto, el gasto de personal asciende a 3.406 millones de euros y que, en total, se reservan 226,6 millones para inversiones reales, un 15,7 % más que en 2018.
Sobre el impulso al desarrollo económico, Ruiz Molina detallado que se destinan más de 1.400 millones para la política agraria y medioambiental, 420 millones para la incentivación del crecimiento económico y la creación de empleo, 268 millones para infraestructuras básicas y vivienda y 120 millones para I+D+i y nuevas tecnologías.
En cuanto al capítulo de ingresos, ha explicado que también ascienden a 10.505,1 millones de euros, de los cuales 7.915 millones proceden de ingresos no financieros, y de ellos 1.525 millones son impuestos directos (19% más que en 2018), 2.828 millones son impuestos indirectos (9,5 % más) y 2.856 millones, transferencias corrientes (2,2 % mas).
"Cohesión, desarrollo y sostenibilidad" son los tres conceptos que ha usado el consejero de Hacienda para definir este proyecto de presupuestos y los de toda la legislatura y ha calculado que estas cuentas puedan estar aprobadas a finales de diciembre, para que pueda entrar en vigor el 1 de enero, "que debería ser lo habitual" y ha destacado que será así gracias a la estabilidad política de la región.
