Los ocho presidentes reunidos este martes en la cumbre sobre financiación autonómica de Santiago han logrado firmar una declaración institucional, con hasta 35 posiciones consensuadas, en la cual, ante una eventual reforma del sistema, piden que prime el coste de los servicios, así como un mayor peso para el criterio demográfico.
Un consenso multilateral dejando al margen los "legítimos espacios bilaterales" entre el Gobierno y cada comunidad autónoma, cuantificar de forma completa las necesidades de gasto reales (dispersión, baja densidad, orografía) y equidad en la asignación de recursos son aspectos recogidos en el documento saliente.
En él, estos dirigentes, que representan el 61,97% de la superficie española y al 24,13% de la población, transmiten su "absoluto respeto" a las comunidades con intereses diferentes.
La cita ha juntado este 23 de noviembre en el parador de los Reyes Católicos a los presidentes del PP Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); al del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; y a los del PSOE Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias).
Todos ellos, tras comenzar la junta a las diez y culminarla pasada la una de la tarde, han destacado en sus comparecencias la anuencia a la que han llegado y el clima de normalidad en el que se ha celebrado esta asamblea, alejándola por tanto de toda confrontación partidista.
En ese clima han acordado, tras un trabajo previo de sus respectivos gabinetes de hacienda, que las necesidades de financiación de las comunidades autónomas deberán ser fijadas atendiendo a los factores determinantes de sus necesidades reales.
Es decir, que, además de los costes fijos, se tengan en cuentan factores como la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad, y el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, puesto que son, según apunta el texto, "condiciones innegables de un mayor coste en la prestación de servicios" cuyo efecto debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema.
También se han entendido en el hecho de que, de forma específica, se evalúen los gastos vinculados a la educación, sanidad y servicios sociales, dado su elevado peso relativo en todas las autonomías.
Especialmente en sus áreas reclaman que se tengan en cuenta factores de coste consustanciales a la población, destinataria en última instancia de los servicios públicos.
"No sería posible la consecución de un sistema de financiación justo e igualitario sin tener en cuenta los efectos reales sobre el coste de los servicios de la extensión del territorio, de la baja densidad y de la dispersión que obliga a los poderes públicos a multiplicar las unidades de prestación de servicios de cercanía (escuelas, centros de salud, centros de día...) o del envejecimiento que suele ir asociado a una mayor dependencia, prevalencia de patologías, y con el consiguiente gasto farmacéutico", refleja el texto.
Un gasto, este último, que conlleva necesariamente "diferentes intensidades" en la utilización de los servicios públicos.
Del mismo modo, proponen la elaboración de un estudio independiente que evalúe el efecto de criterios como el nivel de renta, la tasa de paro o la pobreza en el coste de la prestación de servicios.
En particular, ponen el foco en la sanidad pública y en su dinámica de crecimiento de gasto, todavía más intensificada con la pandemia vigente, al considerar que debe ser objeto de un análisis especial en la próxima negociación.
El peso de la sanidad en el sistema, creen, debe adecuarse al gasto real de las comunidades autónomas, incluidos los gastos estructurales que ha dejado la crisis sanitaria.
En particular, han coincidido en que se valore de forma adecuada el impacto de cada grupo de edad que forma parte de la población protegida equivalente, recogiendo la creación de nuevos tramos a partir de los 65 años (mayores de 85) y aumentando su ponderación.
Aparte, sugieren revisiones periódicas para ajustar estos indicadores y, sobre todo, ponderación, de forma que se garantice la suficiencia dinámica del gasto sanitario en el modelo de financiación.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha emplazado a partir de ahora a dar "pasos decididos" para asegurar la igualdad de acceso a servicios porque "nos jugamos mucho", mientras que Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, ha celebrado el éxito de esta jornada, por "compartir cosas que se pueden compartir" y "respetar" las que no.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha puesto en valor el acuerdo a ocho frente al "frentismo" que se "enseñorea" en el Congreso de los Diputados "poniendo en riesgo la gobernanza del país"; y Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha confesado estar "contento" por una declaración "sosegada" muy alejada del "postureo".
La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha saludado, como sus homólogos, el "consenso" y las "ganas de construir"; Adrián Barbón, el presidente asturiano, ha aplaudido la ausencia de una actitud "frentista" y la presencia, en cambio, de otra muy "constructiva"; y Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha resumido el día en que "al final ha salido todo muy bien" y han llegado "a unos acuerdos importantes".
El anfitrión, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha loado el ejercicio de entendimiento con el reto de "aportar" a un debate que califica de auténtico desafío y ha dejado caer que "si alguno no lo quiere ver así, es porque no quiere que hablemos -ha subrayado-", pese a ser personas a las que les gusta "tener criterio" y, por tanto, entenderse y hablar.
VALORACIÓN DEL GOBIERNO
Por su parte, el Gobierno ha valorado el acuerdo alcanzado este martes en Santiago de Compostela por estos ocho presidentes autonómicos del PSOE, el PP y el PRC, pero considera necesario el consenso del resto de comunidades, ha afirmado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
"Valoramos positivamente que haya habido presidentes de comunidades autónomas que manifiestan cuáles son las singularidades de sus territorios, ahora bien, han de ponerse de acuerdo, debemos ponernos de acuerdo con aquellos otros territorios que tienen diferentes circunstancias y todos juntos concurrir en algunos principios que se exponen en esa declaración de Santiago", ha declarado la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra de Política Territorial ha defendido que la modificación del sistema de financiación, que caducó en 2014, "es una cuestión pendiente en la agenda política" y "es de las reformas que sí o si son precisas afrontar", pero también que "ha de hacerse con un previo consenso".
Considera que los principios de esa declaración coinciden con los "principios inspiradores" de la Constitución, "que tienen que ver con la solidaridad de los territorios y con la igualdad de los españoles, vivan donde vivan, y con la garantía de esos servicios básicos".
Ha señalado, además, que el Ejecutivo enmarca la reunión celebrada este martes en la capital gallega "en un ámbito de normalidad en las relaciones institucionales de los gobiernos autonómicos" e "incluso" la valora "positivamente si va en la senda de fijar esos consensos previos que habrían de preceder una reforma del sistema de financiación" en España.
En todo caso, la portavoz ha apuntado que "en tanto en cuanto llega ese consenso, este Gobierno ha demostrado su absoluto compromiso con la financiación de las comunidades autónomas para que puedan ejercer sus competencias, fundamentalmente las que tienen que ver con la educación, la sanidad o la protección social, con la mayor entrega de financiación que nunca se había producido en nuestro país".
"Este es el gobierno que más recursos ha dado a las comunidades autónomas y por tanto tenemos la tranquilidad de que hoy las comunidades autónomas tienen recursos suficientes para abordar la prestación de los servicios básicos que prestan a la ciudadanía", ha subrayado Rodríguez.
Por otra parte, la titular de Política Territorial ha indicado que el Ministerio de Hacienda "está trabajando" en la definición del criterio de 'población ajustada' que se aplicará en la financiación autonómica y que, dado que "aun no ha terminado el mes de noviembre", que era la fecha comprometida para tenerlo listo y presentarlo a las comunidades, el Gobierno aún está "en tiempo de poderla avanzar".
