Salvo sorpresa mayúscula, el Gobierno conseguirá este jueves sacar adelante la votación para convalidar la reforma laboral que será aprobada gracias al apoyo de última hora del PDeCAT y de Unión del Pueblo Navarro, que se sumarán al voto garantizado de Cs y de media docena de pequeños partidos.
Los cuatro diputados del PDeCAT y los dos de UPN se unirán a los de Unidas Podemos, Cs, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC, que junto al PSOE alcanzarán los 176 votos a favor frente a los 173 noes de PP, Vox, ERC, PNV, JxCAT, EH Bildu, BNG, la Cup, Foro Asturias y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero.
Este acuerdo rompe momentáneamente la dinámica de mayorías parlamentarias con la que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se había ido apoyando durante toda la legislatura, de la que siempre formaban parte ERC, PNV y EH Bildu, e introduce en la ecuación a Ciudadanos, hasta ahora siempre en el bloque del "no".
Cs ya dijo que votaría que sí, siempre y cuando no se llegara a ningún acuerdo paralelo con los nacionalistas, cosa que sobre el papel no se ha producido, aunque el Gobierno siempre ha dicho que quiere sumar a todos los partidos posibles.
Inés Arrimadas se congratulaba por haber expulsado del acuerdo a los independentistas y afirmaba que no le extraña que tanto Bildu, ERC estén incómodos por su presencia porque es el fracaso de su promesa electoral de derogar la reforma laboral "pero el triunfo de la sensatez y de los empresarios, trabajadores y autónomos".
Una posición criticada por el PP, que ve que Cs vuelve a dar un balón se oxígeno a Pedro Sánchez.
En defensa del "sí", el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha reconocido que aunque el decreto no deroga íntegramente la anterior reforma laboral del PP, sí ha sido acordada por los agentes sociales, algo "capital", porque su no aprobación supondría un "golpe mortal al Diálogo Social".
En esta misma línea, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha explicado que su partido ha decidido apoyar el decreto "por responsabilidad y por sentido de Estado" y porque no creen que esta votación sea un "plebiscito" sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Antes de amarrar los números y durante todo este miércoles, el Gobierno de coalición había sacado toda su artillería para empujar a ERC a apoyar el decreto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje en Dubái, volvía a apelar a la responsabilidad y pedía "todos los votos posibles" en tanto que varios ministros destacaban que la reforma ya ha dado sus primeros frutos en enero con un incremento de contratos nuevos indefinidos.
La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, avisaba de que hay propuestas sobre la mesa "sin responder" y los comunes en Cataluña amenazan con retirar su apoyo al gobierno de ERC si los republicanos no avalaban la norma.
Consideran que esta falta de apoyo supone una ruptura de la confianza y creen que ERC "hace pasar motivos electoralistas por encima de los avances que supone la reforma", pese a que el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, lo niega.
Rufián que acusa indirectamente a Díaz de no moverse y hacerles apoyar un "trágala", reiteraba que no se sentirán culpables si vuelve la reforma del PP ya que el Gobierno les prometió derogarla y "y no se puede llegar aquí y decir que son lentejas".
"Escucharemos hasta el último minuto pero para negociar hay que hablar y hoy por hoy están más preocupados por vender su relato", lamentaba.
Yolanda Díaz, que desde el primer momento, había apostado por pactar con ERC, como socio preferente del Gobierno, no ha conseguido su objetivo, aunque garantizaba que no se levantaría de la mesa hasta el último aliento.
"Como saben este Gobierno no se levanta nunca de una mesa. Hay tiempo y el tiempo no es una excusa. Hemos presentado propuestas respetando el acuerdo del Diálogo Social que no han sido respondidas e instamos a ERC a que nos sentemos y se sienten a negociar con seriedad en una mesa", señalaba.
Entretanto el PNV, que ha guardado silencio durante los últimos días, había puesto como única condición para apoyar el decreto la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales.
En la calle los sindicatos vascos, con ELA y LAB a la cabeza, han presionado al PNV para que no apoye la reforma si no se tramita como proyecto de ley para que pueda enmendarse, en tanto que Bildu han mantenido su rechazo ante la "reedición de la pinza".
Pese a este aparente revés en la estabilidad parlamentaria del Gobierno, tanto el Ejecutivo como los socialistas no ven que peligre la legislatura y Sánchez afirma que pase lo que pase agotará su mandato.
