CCOO de Castilla-La Mancha ha remitido sendos escritos dirigidos al viceconsejero de Economía, Empresas y Empleo, Francisco Rueda, y al director general del Servicio Público de Empleo (SEPE), Julio Ángel Martínez, en relación con el fraude denunciado por este sindicato y por la Inspección de Trabajo con respecto a la agencia privada de colocación San Román.
Tras el cierre por parte del Gobierno regional de trece "sedes fantasmas" de San Román en la región, a raíz de los informes emitidos por la Inspección de Trabajo y de las denuncias de CCOO, el sindicato insta a que se inspeccionen la totalidad de los centros con los que cuenta esta agencia la comunidad autónoma", informa en nota de prensa.
También pide que se emitan las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de la normativa relativa a las agencias privadas de colocación, así como que se extienda esta vigilancia a Manpower, "la cual obtuvo el segundo convenio firmado con el Ministerio de Empleo para operar como agencia de colocación", explica la secretaria regional de Empleo de CCOO, Lola Santillana.
Asimismo, CCOO pide a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo que se le informe informado sobre la situación de las agencias privadas de colocación y sobre las conclusiones de las inspecciones que se lleven a cabo.
Según añade, la agencia de colocación San Román cuenta en España con más de un centenar de sedes, según consta en el Portal del Sistema Nacional de Empleo. Por ello, el sindicato se ha dirigido también al SEPE para trasladarle su preocupación ante el hecho de que el fraude detectado en la actividad de San Román en la región, se pueda estar produciendo también en el resto del país.
En este sentido, y dado, además, que el convenio que tiene San Román con el Ministerio de Empleo ha sido prorrogado, CCOO requiere al SEPE que "abra un expediente investigador sobre San Román en el país, para que si existe fraude se adopten las medidas correspondientes, dado que esta agencia está actuando con fondos públicos, atendiendo a personas en desempleo".
"No se puede tolerar que se esté haciendo negocio con las personas que están en desempleo y con el dinero de todos y todas, con fondos públicos que se están quitando de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos de empleo para dárselos a estas agencias privadas de colocación. Hay que sancionar a quienes están haciendo negocio de forma fraudulenta con fondos públicos y utilizando la desgracia ajena para enriquecerse. Es ilícito", asevera Santillana.
