El Gobierno defiende que no habrá más dudas sobre la subida de las pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el "Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones", fruto del acuerdo sellado la semana pasada con los agentes sociales
Gobierno y agentes sociales recuperan el consenso para reformar las pensiones
photo_camera El Gobierno defiende que no habrá más dudas sobre la subida de las pensiones

El Gobierno ha defendido que el primer paquete de medidas aprobado este martes para reformar el sistema de pensiones "recupera el consenso" y da "tranquilidad" al volver a vincularlas a la evolución de la inflación.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el "Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones", fruto del acuerdo sellado la semana pasada con los agentes sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT.

Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz, María Jesús Montero, se trata de un "importantísimo" proyecto normativo que da "tranquilidad" a los pensionistas que saben que sus pensiones "se van a revalorizar con la inflación".

"No va haber más incertidumbre respecto a cuánto suben las pensiones", ha añadido Montero, que ha señalado que es una "reivindicación justa y largamente esperada por los pensionistas".

El acuerdo establece que las pensiones se suban en enero con una media de las tasas de variación interanual del índice de precios al consumo (IPC) del año anterior, con lo que se garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo. Si esa media es negativa, se congelarán.

El acuerdo también supone derogar el factor de sostenibilidad y da de plazo hasta noviembre para fijar un nuevo mecanismo de ajuste, que empezará a operar en 2027.

Este punto ha sido "especialmente discutido", ha reconocido Montero, que ha señalado que este primer bloque supone volver al "consenso", "a diferencia" de lo que hizo el PP en 2013 aprobando una reforma de "forma unilateral".

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha incidido Montero, ha hecho esfuerzos "para tejer alianzas" recogiendo en este primer bloque algunas de las recomendaciones más importantes del Pacto de Toledo.

Sobre cómo va a funcionar ese mecanismo de equidad intergeneracional, y a raíz de las declaraciones de Escrivá sobre el impacto en la denominada generación del "baby boom", Montero ha pedido dejar espacio al diálogo social y ha insistido en trasladar "tranquilidad".

"Encontrarán el sistema", ha insistido.

Tanto la patronal como los sindicatos han avanzado su rechazo a que ese mecanismo suponga un ajuste para determinadas generaciones.

Este martes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha descartado acordar con el Gobierno ninguna medida que suponga un ajuste en la pensión de ninguna generación, y ha añadido que sí procede hablar de "solidaridad intergeneracional" pero "subiendo el tope de las cotizaciones sociales".

"¿Por qué tenemos que pensar que la Seguridad Social tiene un problema de gasto y no de ingresos?", se ha preguntado.

CAMBIOS EN PREJUBILACIONES, INCENTIVOS A LA DEMORADA Y AUTÓNOMOS

Esta primera pata de la reforma afecta asimismo a los coeficientes reductores para prejubilaciones e incluye diversas medidas para extender, de forma voluntaria, las carreras laborales con el objetivo de ir acercando la edad real de jubilación a la legal.

Del lado de los ingresos, se fija una transferencia de fondos todos los años en los Presupuestos del entorno del 2 % del producto interior bruto (PIB), garantizando así por ley la obligación del Estado de realizar las aportaciones que necesite el sistema para garantizar su equilibrio financiero.

También el compromiso de que los autónomos pasen a cotizar a partir de 2022 según sus ingresos, aunque no tendrá efectos económicos hasta 2023, y se ha dejado el detalle de tramos a la negociación con las principales asociaciones.

El anteproyecto de ley se tramitará por vía de urgencia con el objetivo de que todas las medidas estén en vigor el 1 de enero de 2022.

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