Junta niega "irregularidades" en las cuentas del año 2017 y reconoce "matices"

El interventor general del Gobierno regional ha informado en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes sobre el informe anual de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, correspondiente al ejercicio 2017, que fue aprobado por el Tribunal de Cuentas
El interventor general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Martín Cabeza, durante su comparecencia en la comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes reginales
photo_camera El interventor general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Martín Cabeza, durante su comparecencia en la comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes reginales

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha negado este viernes "irregularidades e ilegalidades" en las cuentas regionales de 2017 en el marco del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, si bien sí ha reconocido "matices en términos contables" pero "en ningún caso falta de control del gasto público ni control deficiente interno".

Así lo ha manifestado el interventor general de la Junta de Comunidades, Francisco Javier Martín Cabeza, durante su comparecencia en la comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales para informar sobre el Informe Anual de Castilla-La Mancha de 2017 aprobado por el Tribunal de Cuentas.

Martín Cabeza ha destacado que la cuenta general fue remitida "dentro del plazo legal" y que el informe del tribunal, en términos generales, no ha encontrado "ninguna irregularidad", por lo que la actividad "se ajusta a la legalidad y normas aplicables", así como tampoco ha hallado "ningún indicio que haya llevado a pensar que haya ninguna ilegalidad".

No obstante, ha indicado que sí recoge "algunas incidencias", la mayoría "de carácter menor" que, ha dicho, siempre se producen, al tiempo que ha hecho una serie de recomendaciones que el Gobierno regional ha ido cumpliendo en los siguientes ejercicios y que también contempla el informe, ha resaltado.

En este punto, ha asegurado que la Junta de Comunidades "trabaja siempre con la intención de seguir las recomendaciones", pero que hay algunas que no se pueden llevar a la práctica "de un día para otro" porque requieren de cambios normativos o de recursos humanos y económicos que no siempre se pueden llevar a cabo.

En cualquier caso, ha rechazado que, tal y como han criticado los partidos de la oposición, haya una "falta total de control del gasto público", algo que ha aseverado que "está muy lejos de la realidad", y ha señalado que PP y Ciudadanos (Cs) "confunden conceptos" como el relativo al pago a proveedores, el cual ha señalado que en 2017 se realizó en todos los meses por debajo del máximo legal de 30 días y, de hecho, en ningún mes llegó a los 20 días, por debajo de la media de las comunidades autónomas.

Asimismo, ha indicado que la prescripción de las deudas opera de forma automática y que hay deudas que permanecen en contabilidad varios años pero "eso no quiere decir que no se esté haciendo una gestión eficaz y eficiente", ha sentenciado.

Durante la comparecencia, el interventor general de la Junta se ha detenido en el objetivo de déficit y sostenibilidad de la deuda y ha remarcado que la situación actual por la pandemia del coronavirus "ha roto todas las costuras" y ha abogado por "repensar, a nivel europeo y nacional, para ver cómo se establecen las reglas fiscales" que, a su modo de ver, ahora mismo son muy rígidas y exigen cumplimiento año a año.

Por lo tanto, ha indicado que la situación actual es de "total incertidumbre" y que se ha producido un aumento del gasto en el presente ejercicio 2020, así como que "está en el aire lo que pueda pasar en el año 2021 en cuanto a la financiación" y que la deuda “se tendrá que planificar para que disminuya”.

En la misma línea, el presidente del grupo parlamentario socialista, Fernando Mora, ha subrayado que, con carácter general, el tribunal dice que las cuentas de 2017 se presentaron "de acuerdo con los principios y normas contables" y que la gestión se desarrolló "según las normas que rigen".

Mora ha incidido en que el presupuesto de 2017 inició la recuperación económica de Castilla-La Mancha después de "varios años de caída muy dura" que ha achacado al Gobierno del PP, y ha hecho hincapié en que el Tribunal de Cuentas realiza "una serie de salvedades, observaciones y algunas recomendaciones", algo que ha dicho que es habitual en los informes del resto de las comunidades autónomas y del Estado.

Ha insistido en que no detecta "ninguna ilegalidad", al tiempo que ha recordado que cuando se publicó el informe en el mes de enero el PP dijo que era "susceptible de llevarlo a los tribunales" pero sin embargo siete meses después "no lo ha hecho, posiblemente porque no haya encontrado nada".

Además, ha defendido que el Gobierno regional recuperó en 2017 la paga extraordinaria para los empleados públicos y que ésta fue una de las cuestiones por la que no se cumplió el objetivo de déficit, así como ha explicado que el exceso de interinidad en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) se debe, a su juicio, a que la convocatoria de plazas había estado congelada en la legislatura anterior, en la que también se paralizaron las depuradoras de las que habla el informe.

Por su parte, el diputado regional del PP Miguel Ángel Rodríguez ha lamentado la ausencia del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la comisión y la tardanza en dar explicaciones sobre el informe del Tribunal de Cuentas, si bien ha indicado que los 'populares' entienden que "se quiera esconder y no dar la cara" porque dicho informe "saca los colores y destapa la catastrófica gestión presupuestaria".

Para Rodríguez, el Tribunal de Cuentas pone sobre la mesa "irregularidades y un cúmulo de deficiencias" así como "trampas contables" que terminarán pagando los castellanomanchegos, ha advertido.

De igual forma, ha lamentado las "graves deficiencias contables" en el sentido de imputar gastos sin respaldo presupuestario y las deudas que podrían haber prescrito por valor de más de 93 millones, además del alto grado de interinidad de la plantilla del Sescam.

También el diputado regional de Ciudadanos (Cs) David Muñoz ha lamentado la ausencia del consejero de Hacienda y ha afirmado que "controlar el gasto público no es solo una obligación legal sino también una cuestión de ética pública" y, en este sentido, ha apuntado que el informe del Tribunal de Cuentas concluye que el Gobierno regional dejó sin control previo del gasto 20 expedientes por valor de ocho millones de euros.

Asimismo, ha dicho que el tribunal indica que hay "graves fallos" en la contabilidad del patrimonio público, que los límites para las modificaciones de presupuesto son "muy laxos" en relación a 366 millones de euros que cambiaron de destino en el presupuesto de 2017, que falta evaluación en el gasto público y un plan de disposición de fondos así como falta transparencia, y que no hay paridad en los altos cargos y por tanto "una brecha importante" en este sentido.

Muñoz ha concluido que el Gobierno regional "siempre echa la culpa de todos los males" de la situación económica al sistema de financiación autonómica, pero ha manifestado que "aquí hay que hacer los deberes y no poner excusas" porque no es el Ejecutivo central el que gestiona las consejerías, el Sescam ni los centros educativos; y, en este marco, ha asegurado que Cs va a plantear las reformas legales necesarias para que haya evaluación y control de gasto público.

Comentarios