Las grandes energéticas tendrán que asumir durante los próximos dos años un nuevo gravamen del 1,2 % sobre sus ventas y los grandes bancos, uno del 4,8 % sobre sus márgenes, una medida temporal que pretende aumentar la contribución de estas compañías a financiar las políticas contra la inflación.
Esta iniciativa, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Debate sobre el estado de la Nación, se ha materializado este jueves en una proposición de ley registrada de manera conjunta por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.
Las nuevas prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y carácter no tributario, con las que el Gobierno espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años, no podrán trasladarse a los consumidores, un requisito cuyo incumplimiento se considerará una falta "muy grave" que podrá ser sancionada con el 150 % del importe trasladado.
El organismo encargado de vigilar este cumplimiento será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -con la ayuda, en el caso de la prestación bancaria, por el Banco de España-, que según fuentes conocedoras diseñará junto al Gobierno un mecanismo de control similar al que ya existe para el precio de los carburantes.
Los impuestos, de carácter extraordinario, solo estarán en vigor dos años y no podrán deducirse en el impuesto de sociedades.
La obligación de pago nace el 1 de enero de los ejercicios 2023 y 2024, pero se refiere a los resultados del año anterior, y el pago se realizará en dos abonos: uno a cuenta, en el mes de febrero, por la mitad del importe total, y el resto, en los veinte primeros días del mes de septiembre.
Los gravámenes solo afectarán a una veintena de grandes corporaciones, fundamentalmente grupos fiscales, de manera que quedarán fuera del tributo tanto las operaciones intragrupo como la actividad de las filiales en el extranjero.
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, ha enmarcado estos nuevos impuestos en el pacto de rentas que impulsa el Gobierno, de manera que dos sectores "que se encuentran en una posición mucho mejor ante el incremento de los precios", energéticas y bancos, "aporten una parte a la solidaridad común".
También el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha querido "celebrar" la medida, si bien ha advertido de que si las empresas repercuten los impuestos a los clientes su grupo volverá a reclamar "mano dura", en línea con la petición de incorporar un delito en este sentido en el Código Penal.
LAS ENERGÉTICAS TRIBUTARÁN POR UN 1,2 % DE SUS VENTAS
La prestación energética, que prevé recaudar 2.000 millones anuales, gravará con un tipo del 1,2 % la cifra de negocios anual de las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras.
El tributo se circunscribe únicamente a los operadores energéticos principales que en 2019 registraron una cifra neta de negocios de más de 1.000 millones de euros y cuya actividad energética supuso más de la mitad del total de su negocio entre 2017 y 2019.
LA BANCA TRIBUTARÁ POR UN 4,8 % DE SU MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
Por lo que respecta a la prestación bancaria, que espera recaudar 1.500 millones anuales, ascenderá a un 4,8 % del margen de intermediación, es decir, los intereses netos -diferencia entre los que cobra y los que paga- y las comisiones netas -diferencia entre las cobradas y pagadas-.
En este caso, la medida será obligatoria para las entidades financieras cuyos intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superaran los 800 millones de euros en 2019.
LAS EMPRESAS SE OPONEN A LOS NUEVOS IMPUESTOS
Esta iniciativa, que el Gobierno presentará este viernes al sector empresarial, ha chocado con una feroz oposición por parte de las empresas afectadas.
Las principales asociaciones bancarias, AEB y CECA, han denunciado que el nuevo impuesto a la banca supondrá un obstáculo para la recuperación económica y la creación de empleo, y no conseguirá su objetivo de combatir la elevada inflación.
El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha advertido de que el nuevo impuesto al sector restará a los bancos capacidad de prestar unos 50.000 millones de euros en sus dos años de aplicación, mientras que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado que la compañía hará "todo lo posible" contra cualquier iniciativa arbitraria.
