La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado que un Gobierno del PSOE no renunciará a aprobar una tasa a determinados servicios digitales, conocida como 'tasa Google', en caso de que no sea alcance un acuerdo a nivel internacional en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En el 33 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic, Calviño ha señalado que es "fundamental" desarrollar un marco internacional para la fiscalidad del entorno digital, pero ha agregado que si no es posible llegar a un acuerdo en el G20 y la OCDE, que el Gobierno español está impulsando "muy directamente", habrá que hacerlo a nivel europeo y, si no, "habrá que hacerlo a nivel nacional".
"No podemos renunciar a tener una estructura justa de imposición digital porque las empresas de la economía tradicional o física con las que compiten sí están pagando impuestos allí donde se realiza la prestación del servicio. Se trata de una adaptación que, creo, cuenta con un apoyo muy amplio de toda la sociedad y que hay que poner en marcha", ha agregado.
Calviño ha defendido que es "indispensable" adaptar el sistema fiscal español a la realidad del siglo XXI, ya que la transformación digital ha llevado al surgimiento de grandes plataformas digitales que no tienen una estructura productiva que se acomode con los sistemas fiscales existentes. "En definitiva, el valor añadido de estas plataformas lo proporcionan los datos y, sin embargo, los impuestos no se pagan allí donde se está generando ese valor añadido", ha incidido la ministra de Economía y Empresa.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno ya propuso la creación de un impuesto sobre determinadas actividades digitales, que "lamentablemente decayó cuando, debido al bloqueo de los Presupuestos Generales de Estado, terminó la legislatura de forma anticipada". "Nosotros no renunciamos y tenemos la intención de volver a poner sobre la mesa una propuesta de creación de un impuesto sobre determinados servicios digitales", ha asegurado.
Preguntada por si se plantea la opción de devolver los importes cobrados a las empresas en caso de que posteriormente se apruebe una tasa distinta a nivel global, como se ha comprometido a hacer Francia, la ministra ha señalado que están pendientes de ver "exactamente" cuál es el acuerdo al que se ha llegado a nivel internacional y cómo se desarrolla el trabajo de la OCDE antes de tomar decisiones de ese tipo.
EN DEFENSA DEL COMERCIO TRADICIONAL
Por su parte y al respecto, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha vuelto a defender también este lunes la aprobación en España de la denominada 'tasa Google' y ha indicado que la posible repercusión de este impuesto que puedan hacer las empresas tecnológicas sobre sus clientes es un "mito" que siempre aparece en este tipo de debates.
Montero afirmó, en declaraciones a la cadena COPE recogidas por Europa Press, que el comercio de la esquina paga muchas veces más que una multinacional tecnológica que está facturando 3 millones de euros. "Lo que no hay derecho es que la fiscalidad tradicional esté pesando más en los pequeños comercios tradicionales que en estas compañías", apuntó la ministra.
En este sentido, indicó que el debate sobre las sedes fiscales de las multinacionales es uno de los "más importantes" en Europa, ya que una compañía tecnológica puede tener la mayoría de sus clientes en España pero no contribuye a la actividad económica en este país, sino donde tiene la sede fiscal, y ello hace que la fiscalidad tradicional "no encuentre acomodo" ante estas nuevas realidades.
En cuanto a actualizar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, como reclaman algunas regiones, Montero volvió a insistir en que un Gobierno en funciones tiene "muy limitada" su actividad, como así lo ha puesto de manifiesto la Abogacía del Estado, porque compromete las decisiones futuras del próximo Ejecutivo, pero afirmó que es necesario que se pueda "desbloquear" esta situación porque a finales de año puede haber problemas de tesorería.
"El criterio de la Abogacía del Estado siempre ha sido el mismo y lo voy a respetar, es un cuerpo de profesionales al que nunca se ha cuestionado su capacidad y siempre ha tenido el mismo criterio que cuando gobernaba el PP, y voy a defender a los abogados del Estado", subrayó la ministra, que salió así al paso de las críticas acerca de que la Abogacía del Estado hace lo que dice el Gobierno. "El Gobierno tiene que atenerse a la legalidad", indicó.
Así, compartió con la Junta de Andalucía que las comunidades necesitan un nuevo modelo de financiación y se comprometió a poder debatirlo "cuanto antes", con la finalidad de blindar la sanidad, la educación o la dependencia. En este punto, dijo que cuando se forme nuevo Gobierno habrá los Consejos de Política Fiscal y Financiera que sean necesarios.
Sobre la anunciada rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid, Montero rechazó que el Gobierno vaya a recurrirla porque las comunidades tienen esa capacidad normativa, pero sí admitió que debería haber "determinada homogeneidad" entre ellas para que haya "equilibrio".
