Miércoles 19.12.2018

Montero abre la puerta a retrasar los Presupuestos de 2019 hasta tenerlos pactados

- El Gobierno planea bajar el IVA a los productos de higiene femenina en 2019.

- Montero incluirá el tipo mínimo del impuesto de sociedades en el Presupuesto.

- La ministra se muestra "más optimista" de poder aprobar la nueva senda de déficit

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la entrevista mantenida con Efe en la sede del ministerio
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la entrevista mantenida con Efe en la sede del ministerio

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a retrasar más allá de septiembre la presentación de los Presupuestos de 2019, que tendrán un alto componente social, con el objetivo de aprobarlos una vez que estén "pactados" con otras formaciones políticas.

"Si no da tiempo a que se pacte con los grupos políticos en el mes de septiembre, y evidentemente lo importante es llegar a un acuerdo, podemos presentarlos en noviembre e igualmente entrarían en vigor el 1 de enero", afirma la ministra en una entrevista con EFE.

En cualquier caso, Montero trabaja para presentar las cuentas en septiembre, como establece la ley, porque cree que hay "tiempo para acordarlas", aunque "si no pudiera ser" se retrasaría, siempre con el objetivo de que entren en vigor cuando comience 2019.

De hecho, la ministra ha planteado a los grupos la posibilidad de pactar medidas que se incluirán en los futuros presupuestos durante las negociaciones para la aprobación de la senda de déficit para el periodo 2019-2021, que fue rechazada en el Congreso y que volverá a las Cámaras a finales de mes.

Montero se muestra confiada en que logrará "apoyos suficientes para superar la negativa a la tramitación", es decir, los posibles vetos, y plantea que si una formación política está de acuerdo con una parte del Presupuesto pero no con otra "a lo mejor la expresión de su voto tiene que ser una abstención".

El futuro Presupuesto tendrá "un alto componente social" y avanzará en "la recuperación de los derechos perdidos" durante la crisis, por ejemplo a través de las políticas de educación o de dependencia.

En ese sentido, ha apuntado que las cuentas restablecerán la posibilidad de que las cuidadoras no profesionales de dependientes puedan cotizar a la Seguridad Social y recuperará parte de la financiación que se daba a las comunidades autónomas para estos servicios.

En cuanto a las pensiones, "el Gobierno siempre ha querido que se vayan actualizando conforme a lo que se actualiza el coste de la vida", aunque es una materia que corresponde al Ministerio de Trabajo y que dependerá de "los elementos" con que se cuente.

Este Presupuesto tendrá, en caso de que el Ejecutivo consiga sacar adelante la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2019-2021, un techo de gasto de 125.064 millones de euros, un 4,4 % más que en 2018.

Sin embargo, este límite de gasto no financiero podría requerir un "ajuste" si la flexibilización de la senda de corrección del déficit propuesta por el Ejecutivo vuelve a rechazarse en las Cortes, algo previsible por la negativa del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado.

La ministra se muestra ahora "más optimista" de poder sacar adelante la senda ante las "conversaciones" abiertas con varios grupos parlamentarios, a los que ofrece la posibilidad de acordar medidas que se incluirán en las futuras cuentas.

Si finalmente se vuelve a la senda anterior, el ajuste presupuestario ascendería a unos 1.200 millones de euros -ya que el Estado solo vería relajado su objetivo de déficit en una décima del PIB con la nueva senda-, algo que "puede hacerse sin mucho problema (...) aumentando ingresos básicamente".

De hecho, el Ejecutivo ya prevé incorporar modificaciones impositivas en las cuentas del próximo año, entre las que destaca el establecimiento de una tributación mínima del impuesto de sociedades del 15 % sobre la base imponible, que actualmente está en el 19 %, cuando el tipo nominal es del 25 %.

Otros impuestos como el digital o el de la banca se desarrollarán más adelante, mientras que la equiparación de la carga impositiva del diésel y la gasolina, que forma parte del paquete ambiental, aun no está decidido si entrará o no en el próximo Presupuesto. 

BAJAR EL IVA A PRODUCTOS DE HIGIENE FEMENINA EN 2019

Por otra parte, el Gobierno tiene la intención de bajar el IVA que pagan los productos de higiene íntima femenina del 10 % actual al 4 %, una medida que podría incorporarse al proyecto presupuestario de 2019 para entrar en vigor, si este se aprueba a tiempo, el 1 de enero del próximo año.

La ministra de Hacienda ha explicado que esta rebaja pretende aliviar un coste asociado al "simple hecho de ser mujeres".

Sin embargo, esta reclasificación precisa del visto bueno de Bruselas, ya que de acuerdo a la normativa actual no puede hacerse.

Montero ha añadido que el Gobierno también pretende atajar la "tasa rosa", es decir, que algunos productos dirigidos a las mujeres tengan "un precio superior cuando tiene la misma utilidad o aplicabilidad que el de al lado".

Al margen de los colores del envase, "no es de recibo que si realmente quiere dirigirse a un público femenino encarezca el precio por el simple hecho de que esté con una connotación femenina".

Este asunto es "complejo", admite la ministra, que añade que se trabajará con las empresas aunque todavía no sabe si podrá abordarse la cuestión en el próximo presupuesto.

IMPUESTO DE SOCIEDADES EN EL PRESUPUESTO

De otro lado, la ministra de Hacienda iniciará la reforma fiscal del Gobierno con la inclusión, ya en los Presupuestos de 2019, de un tipo mínimo para el impuesto de sociedades que pagan de manera efectiva las grandes empresas.

"Mi pretensión es poner en marcha un paquete de medidas fiscales dirigidas a una nueva realidad, que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y social y la contribución por parte de sectores que tienen que desarrollar un mayor esfuerzo para la redistribución de las rentas", afirma Montero.

Entre los cambios que irán recogidos en las cuentas figura la modificación del impuesto de sociedades para que los grandes grupos consolidados tributen de manera efectiva como mínimo al 15 % sobre su base imponible.

Actualmente, el tipo nominal es del 25 %, pero la aplicación de exenciones y deducciones rebaja el tipo efectivo sobre la base imponible hasta una media del 19 %, de acuerdo a los últimos datos de la Agencia Tributaria, lo que significa que muchas empresas ya pagan más del 15 % que el Gobierno quiere fijar como mínimo, aunque otras lo hacen por debajo y estas últimas serían las que se verían afectadas.

Esta medida "no va a afectar ni a pymes ni a autónomos", insiste, y tampoco los grandes grupos que tributan por encima del 15 % tendrán "ningún problema", ya que el objetivo es que quienes no alcanzan ese umbral "contribuyan en una medida justa y razonable".

A nivel técnico, el tributo está aún en desarrollo, aunque la ministra apunta que el cambio podría pasar "por quitar deducciones a partir de un determinado nivel".

Otro cambio tributario que podría incluirse en el Presupuesto, aunque todavía no está cerrado, es la equiparación de los impuestos que paga el diésel -inferior- y la gasolina, aunque Montero señala que forma parte de un paquete medioambiental en el que aún se está trabajando.

Este aumento del impuesto de hidrocarburos que paga el diésel "tiene un elemento político superior al de la recaudación", ya que su objetivo es ayudar a transitar hacia un sistema energético menos contaminante, es decir, que será "un soporte y una ayuda" para que este combustible "vaya progresivamente desapareciendo".

No estará en el Presupuesto el futuro impuesto sobre la banca, "un sector que entendemos que tiene que hacer un mayor esfuerzo", porque se va a diseñar de manera finalista para contribuir a sufragar el sistema de pensiones, por lo que se trabaja con la Seguridad Social.

Tampoco figurará otra de las grandes novedades tributarias de este Gobierno, el impuesto digital, "que responde a una nueva realidad de transacciones que se efectúan en las redes y que no están contempladas en la tributación tradicional", lo que perjudica a las empresas tradicionales de sus sectores.

Este tributo, que afectará principalmente a las grandes empresas tecnológicas, gravará la intermediación que realizan las plataformas entre particulares y empresas, la venta de datos de los usuarios -"con lo que algunas empresas ganan dinero y no tributan"- y la publicidad en la red, que conlleva un ingreso.

Con respecto a la posibilidad de que las grandes tecnológicas abandonen España para evitar pagar este impuesto, la ministra recuerda que "tarde o temprano el resto de países se verán abocados a poner en marcha" impuestos similares por "justicia social".

Además, critica que cuando se plantea una subida tributaria "siempre hay un sector que amedrenta con motivo de pérdida de empleo o de que la pérdida de beneficio repercute en el salario de los trabajadores".

"Ya está bien", añade, "ya somos todos suficientemente maduros como para saber que las grandes empresas tienen que contribuir más y que la sociedad tiene mecanismos para que eso no se le traduzca al común de los ciudadanos".

NUEVA SENDA DE DÉFICIT

Además, la ministra de Hacienda se muestra "un poco más optimista" de poder aprobar la nueva senda de estabilidad para el periodo 2019-2021 ante las conversaciones que el Gobierno mantiene con "algunas formaciones políticas" que podrían reconsiderar su voto.

En estas negociaciones podrían incluso comprometerse algunas de las medidas que se incluirán en el futuro proyecto presupuestario de 2019, avanza la ministra, con lo que las conversaciones sobre la senda se convertirían en "el principio de la negociación presupuestaria".

"Estaríamos encantados" con esa opción, subraya la ministra, que confía en un cambio en el sentido del voto una vez que los grupos han tenido "tiempo para reflexionar" después del rechazo a la senda en el Congreso de los Diputados a finales de julio, donde solo logró el apoyo de PSOE y PNV.

De acuerdo a la Ley de Estabilidad, tras el rechazo el Gobierno tiene que presentar una nueva senda en el plazo de un mes y la intención del Ejecutivo es aprobar, previsiblemente en el Consejo de Ministros del 24 de agosto, la misma, ya que "no podemos ampliar el déficit que nos autoriza Europa y someter a consideración menor déficit (...) no nos parece que sea ni siquiera coherente".

En cualquier caso, reconoce que el gran escollo es el Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta que, en esta materia, constituye poder de veto, ya que la Ley de Estabilidad establece que la senda tiene que aprobarse en ambas cámaras, sin vuelta al Congreso como ocurre con la mayor parte de los trámites parlamentarios.

Ante esta situación, Montero ha instado al PP a no vetar la senda en el Senado en caso de que se apruebe en el Congreso de los Diputados, ya que esa sería la opción más "democrática".

"Me gustaría que el PP expresase su negativa a ejercer el veto" porque si Congreso y Senado votan en sentido contrario se "está poniendo al país en una situación compleja y por tanto abocando a que esta situación se arregle".

"El PP debería evitar que se tenga que producir ninguna situación de modificación", añade, aunque elude pronunciarse sobre un eventual cambio en la Ley de Estabilidad que sí ha sido planteado por otros miembros del Gobierno.

De producirse el veto, las votaciones de ambas Cámaras reflejarían "realidades democráticas distintas" y "no es posible que si hay un voto contrario de una Cámara frente a otra el que prevalezca sea el voto del Senado".

Por ello, la ministra anima al PP a "recapacitar" y "reconsiderar esta propuesta que beneficia sobre todo a comunidades autónomas y Seguridad Social", de manera que se puedan plantear "al menos una abstención", aunque por el momento "todas las afirmaciones han sido en sentido contrario".

Con respecto a las críticas a esa flexibilización de los objetivos de déficit -el Gobierno plantea unas metas del 1,8 %, el 1,1 % y el 0,4 % del PIB en 2019, 2020 y 2021, frente al 1,3 %, el 0,5 % y superávit anteriores-, Montero recuerda que "llegar al final vamos a llegar", ya que "estamos abocados a llevar a los países a la estabilidad presupuestaria", y se trata de hacer "más llevadero el esfuerzo".

En caso de que la senda de déficit se rechace de nuevo, se volverá "en automático" a los objetivos anteriores, más restrictivos, ya que son los únicos que en estos momentos están aprobados por ambas cámaras.

Por ello, Montero trabaja con esos objetivos en la elaboración del Presupuesto de 2019 ya que, en caso de que finalmente se apruebe la flexibilización, "es más fácil incorporar gasto que quitar gasto", un consejo que también ha trasladado a las comunidades autónomas.

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