Castilla-La Mancha estima que va a necesitar entre 1.100 y 1.200 millones de euros adicionales al año en el nuevo modelo de financiación autonómica, para alcanzar el nivel medio de prestación de los servicios públicos que son de su competencia de las comunidades autónomas.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa un informe que ha elaborado este departamento, en el que se hace esta estimación tras analizar el periodo comprendido entre los ejercicios de 2012 y 2015.
En el estudio, y tras analizar distintas variables, se establece que la infrafinanciación con el actual sistema de financiación autónomica fue de 892,64 millones de euros en 2012 a 1.549, 5 millones de euros en 2015, ha indicado el consejero.
Asimismo, ha apuntado que si se extrapola al periodo que lleva vigente el actual sistema de financiación autonómica, que se inició en 2009, la merma de recursos para Castilla-La Mancha ha sido de unos 8.000 millones de euros hasta 2015, lo que, según Ruiz Molina, pone de manifiesto la urgencia para la comunidad autónoma de que se negocie un nuevo modelo.
Ruiz Molina ha añadido que si se traslada al conjunto de las comunidades autónomas, el modelo necesitaría añadir recursos adicionales por importe de 17.000 millones de euros al año y así se trasladará al Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando se reúna para analizar el nuevo modelo de financiación autonómica.
El consejero ha explicado que hacer el análisis se ha usado la metodología que viene utilizando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que ya emitió un informe sobre la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas
Según el informe de AIReF, Castilla-La Mancha tendría una insuficiencia de recursos del 3,5 por ciento del PIB regional para alcanzar el nivel medio de prestación de los servicios públicos que son de su competencia, del orden de 1.200 a 1.300 millones de euros, ha precisado.
También ha avanzado que Castilla-La Mancha reclamará que el reparto de los recursos se haga en su totalidad de acuerdo con la población real ajustada, ya actualmente solo se distribuye con estos criterios el 75 por ciento.
Se hace además con unas variables que, en el caso de Castilla-La Mancha, no reflejan el coste que supone prestar los servicios públicos fundamentales como la sanidad o la educación, ha advertido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas.
Eso implica ponderar más las variables de superficie, dispersión de la población, los estratos de población y abordar el problema de despoblamiento que sufren determinadas comunidades autónomas.
En este sentido, ha explicado que una de las causas que insuficiencia de recursos es que éstos no se distribuyen con arreglo a las necesidades y de los costes de la prestación de los servicios públicos que son competencia de las comunidades autónomas.
Así, no se refleja el mayor coste que supone en algunas comunidades prestar los servicios públicos fundamentales, principalmente la sanidad y la educación, lo que se pone de manifiesto en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha que tiene una gran extensión y una gran dispersión poblacional.
Como ejemplo de la diferencia de costes en la prestación de los servicios públicos, Ruiz Molina se ha referido a la provincia de Guadalajara, en la que la prestación sanitaria en atención primaria cuesta cuatro veces más por tarjeta sanitaria en la zona de Molina de Aragón que en un centro de salud de la capital.
Lo mismo ocurre en el caso de la educación, ya que mientras que el coste por alumno en un colegio de la capital es de cerca de 2.700 euros, éste aumenta hasta más de 6.100 euros si se trata de un centro en Atienza, en la zona de la Serranía.
Esta relación puede hacerse extensiva a otras zonas del territorio castellanomanchego, ha apuntado Ruiz Molina, que ha subrayado que cuesta más prestar la atención sanitaria en la provincia de Cuenca, que en un solo municipio de Madrid como Fuenlabrada, por la concentración de la población.
Por otra parte, Ruiz Molina ha adelantado que va a proponer al Estado que se establezcan mecanismos que puedan compensar a la región de la merma de recursos de todo el periodo de financiación de 8.000 millones de euros, lo que se podría calificar como una deuda histórica como consecuencia del mal funcionamiento del modelo.
Se puede hacer de varias formas, bien mediante el reconocimiento de lo que podría ser una deuda histórica o con mecanismos como una reestructuración de la deuda viva que tiene Castilla-La Mancha actualmente y que ronda los 14.000 millones de euros, que podría hacerse por medio de una condonación de intereses o alargando los plazos de amortización de la deuda actual.
Podría convertirse la deuda que se mantiene con el Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en que se viene a considerar como una deuda perpetua, alargando el periodo de amortización a unos 40 años, ha añadido.
JORNADA LABORAL DE 35 HORAS EN LA ADMINISTRACIÓN
En otro orden, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas se ha mostrado contrario a que se vincule la jornada laboral de 35 horas semanas a los objetivos de estabilidad, porque es "injusto" y porque se hace depender de factores "totalmente coyunturales".
Ruiz Molina ha dicho que está "totalmente en desacuerdo" con que la jornada laboral de 35 horas se vincule al cumplimiento de los objetivos de déficit, ya que no comparte que una cuestión estructural y que beneficia a la conciliación de la vida laboral y familiar "se esté vinculando a un aspecto absolutamente coyuntural".
A preguntas de los periodistas sobre el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Hacienda y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, ha considerado que debe de llevar modificaciones cuando se traslade a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Ruiz Molina ha defendido que se desvincule la jornada de 35 horas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, porque "técnicamente es imposible vincularlo" y además entiende que "es injusto, porque se está haciendo depender la conciliación de la vida familiar y laboral de índices que son totalmente coyunturales".
En este sentido, se ha referido a su propia experiencia como consejero de Hacienda y ha recordado que en el ejercicio de 2016 en marzo el Gobierno dijo que Castilla-La Mancha había cumplido el objetivo de déficit y en octubre que no lo había cumplido.
Por lo tanto, sería preciso aclarar al vincular la jornada de 35 horas "si se hace con arreglo al informe de marzo o al informe de octubre", ha apuntado Ruiz Molina, que ha comentado también que puede ocurrir que un año se cumplan los objetivos de estabilidad y otro año no, lo que "tal y como está redactado el acuerdo, implicaría cambiar la jornada todos los años".
Y cambiar la jornada todos los años "no solo perjudica, sino que conlleva un problema muy complejo en determinados sectores como es el de la sanidad", ha advertido Ruiz Molina, que ha insistido en su consideración de que es preciso "desvincular absolutamente ese acuerdo de los cumplimientos de objetivos de estabilidad".
En Castilla-La Mancha es necesario hacerlo con mayor motivo, puesto que ya se tuvo la jornada de 35 horas en el ejercicio de 2016, hasta que fue anulada por una sentencia del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno central y ya se hizo todo el gasto con la contratación de 400 personas en el ámbito de la sanidad y de los servicios sociales, ha recordado.
Ese personal no ha sido despedido y por lo tanto el gasto se sigue haciendo, ha apuntado el consejero, que ha opinado que "en consecuencia, en Castilla-La Mancha no tiene sentido vincular la jornada de 35 horas a un objetivo coyuntural como es el cumplimiento de los objetivos de estabilidad".
También ha precisado que los objetivos de estabilidad no solamente son el déficit, sino también la regla de gasto y el objetivo de deuda y ha aseverado: "El Gobierno nos lo pone muy difícil, en la medida que cumplir esos tres objetivos y hacer partícipes en positivo o negativo a los trabajadores a mí me parece que es algo que se debe de evitar a toda costa".
Ruiz Molina ha explicado que su propósito es conseguir la jornada de 35 horas para los trabajadores de esta comunidad autónoma "y ello pasa por desvincularlo de los objetivos de estabilidad"
Además, ha considerado que si se vincula "se generarían desigualdades en distintos territorios con arreglo a índices de finanzas que nada tienen que ver con la calidad en la prestación de los servicios públicos en cada comunidad autónoma".
AUDITORIA EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Por último y de otro lado, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas está perfilando los elementos de la auditoría que se hará a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), cuyo alcance se deberá de determinar en las próximas semanas.
El titular del departamento ha indicado que se está en conversaciones con la UCLM, fundamentalmente en lo que se refiere a la negociación del contrato-programa con la institución académica, y que aún no se ha iniciado la auditoría que se le va a hacer.
A preguntas de los periodistas, Ruiz Molina ha dicho que se están perfilando los elementos en los que se debe de basar la auditoría "que por mandato de las Cortes y por la Ley de Presupuestos tenemos que realizar a la Universidad".
En este sentido, ha añadido que "estamos prácticamente todos los días en contacto" y ha avanzado que "en las próximas semanas tendremos que despejar los dos asuntos, hasta dónde queremos llegar con la auditoría, hasta dónde es necesario llegar, y cuál es el contrato-programa que debe de garantizar una financiación suficiente a la Universidad para los próximos años", ha concluido.
