La Ley de Economía Circular recibe ocho alegaciones en periodo de información pública

Fuentes del Gobierno regional han explicado que la "práctica totalidad" de estas alegaciones han sido enviadas por personas a título individual o entidades que trabajan en relación con el reciclaje o el papel

La Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha recibe ocho alegaciones en periodo de información pública
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El anteproyecto de Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha ha finalizado su periodo de exposición pública recibiendo un total de ocho alegaciones, la mayoría de ellas en forma de "reflexiones positivas" hacia esta norma, que podría ver la luz en marzo del próximo año.

Así lo han destacado fuentes de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a Europa Press, que han explicado que la "práctica totalidad" de estas alegaciones han sido enviadas por personas a título individual o entidades que trabajan en relación con el reciclaje o el papel.

En este sentido, desde la Consejería dirigida por Francisco Martínez Arroyo han destacado que no ha habido ninguna alegación formulada por asociaciones ecologistas o medioambientales, ni tampoco por partidos políticos.

En cuanto a las propias alegaciones, la mayoría de ellas son "observaciones en cuestiones muy concretas", tales como aportar alguna palabra al texto para enriquecerlo. En cambio, no se han presentado aportaciones que quieran variar sustancialmente ninguno de los aspectos del anteproyecto.

Tras la finalización de este periodo de información pública, desde el Gobierno regional ya están "valorando" todas las alegaciones y, tras este paso, el texto "ya enriquecido" continuará con su trámite para que la ley pueda ser aprobada el próximo año 2019, "previsiblemente en marzo", haciendo que Castilla-La Mancha se convierta en la primera comunidad autónoma de España en contar con una Ley sobre Economía Circular.

La futura Ley recoge aspectos como que las empresas que gestionen residuos en Castilla-La Mancha tendrán la obligación de presentar una fianza para que en caso de problemas medioambientales sean las empresas y no los ciudadanos las que hagan frente a los costes de la reparación del medio ambiente, en línea con el principio denominado quien contamina paga. Además, se pondrán en marcha tasas para las empresas que trabajen con residuos y que los destinen a vertederos y no reciclen.

Igualmente, defiende un modelo económico sostenible, con optimización del uso de los recursos naturales, minimizando los impactos ambientales, fomentando una cadena de producción, distribución y consumo a través del reciclaje y la reutilización, y reduciendo el consumo de materias primas, energía y recursos, evitando emisiones y pérdidas materiales.

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