El juzgado de lo Social de Toledo ha requerido al Gobierno de Castilla-La Mancha que cumpla "sin más dilación" las medidas preventivas que son necesarias para garantizar la seguridad de los agentes medioambientales.
Así lo ha dado a conocer este domingo en una nota de prensa CCOO, que ha recordado que la Inspección de Trabajo instó al Gobierno regional a implantar estas medidas en 2016, en un "requerimiento firme" que la Consejería de Agricultura "se pasó años burlando".
Comisiones Obreras ha explicado que "los incumplimientos de la Consejería ahora condenados se remontan a 2011", cuando el departamento era dirigido por la consejera del ramo María Luisa Soriano, en el mandato del Gobierno regional que presidía la 'popular' María Dolores de Cospedal.
Asimismo, ha apuntado que "tras advertir reiteradamente a la Administración que se estaba exponiendo a graves riesgos a los agentes, y ante la inacción de la Consejería", CCOO denunció la situación ante la Inspección de Trabajo (ITSS) en 2014.
Según ha indicado el sindicato, el ITSS constató los "incumplimientos sistemáticos" de la Consejería y en junio de 2016, ya con Francisco Martínez Arroyo (PSOE) como consejero, instó a corregirlos en un plazo de seis meses.
Más tarde, en septiembre de 2016, emitió un nuevo requerimiento tras comprobar que documentación que había remitido la Administración autonómica "para intentar aparentar el cumplimiento del requerimiento anterior, incidía en falsedades", ha asegurado CCOO.Posteriormente, en abril de 2017, y cuatro meses después de que hubieran vencido todos los plazos, la Inspección de Trabajo "volvió a constatar que la Consejería seguía sin cumplir, más que de forma parcial, los requerimientos reiteradamente formulados", ha asegurado el sindicato.
Y dos años y medio más tarde, en octubre de 2019, en respuesta a una nueva denuncia planteada por CCOO, "la Inspección de Trabajo emitió un demoledor informe-denuncia, del que se concluye que la Administración demandada no ha dado cumplimiento a los requerimientos de la ITSS realizados en septiembre de 2016, pese al tiempo transcurrido".
Así lo destaca sentencia del Juzgado de lo Social de Toledo, que según Comisiones Obreras "da por probados todos los hechos denunciados por CCOO y constatados en los sucesivos informes de la ITSS".
Según el sindicato, el juzgado de lo Social ha rechazado todas las alegaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ha condenado a la Administración demandada a dar correcto cumplimiento a las medidas preventivas requeridas por la ITSS "sin más dilaciones que las debidas a la preparación de las actuaciones tendentes a la contratación de los servicios que se precisen", ha apuntado CCOO.
En este sentido, ha subrayado que el magistrado-juez titular del juzgado ordena a la Junta de Comunidades a que "proceda a impartir la formación necesaria a los agentes medioambientales a fin de reducir al mínimo posible el riesgo de violencia".
Y también le insta "a adoptar medidas eficaces para garantizar la confidencialidad de los datos personales de los agentes medioambientales" y a cumplir "con las medidas preventivas propuestas por el servicio de prevención, y concretamente las referidas a la realización de trabajos aislados y tareas que puedan ocasionar un acoso o violencia externa", ha subrayado CCOO.
