El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa que investiga si la eléctrica contrató los servicios del excomisario José Manuel Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.
En un auto conocido este miércoles, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda citar como investigados a Sánchez Galán, y a otras tres personas por delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.
Se trata del director general de negocios de Iberdrola -que es la segunda mayor empresa española por capitalización bursátil-, Francisco Martínez Córcoles; el que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker, y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
Galán y Orbegozo tendrán que comparecer ante el juez el 7 de julio, y un día antes han sido citados Martínez Córcoles y Becker.
Fuentes de la compañía han asegurado a Efe que la futura declaración de los directivos, para la que todavía no hay fecha, representa "una oportunidad para aclarar las cosas", como ya señaló Iberdrola hace unas semanas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al propio juez.
El caso data de finales de 2019, después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.
En un auto de 22 páginas, el magistrado aprecia indicios de que hubo "voluntad" por parte de la compañía de ocultar los trabajos encargados a Cenyt, como prueba el hecho de que las facturas correspondientes fueron emitidas por otra compañía diferente.
En total, señala el juez, entre 2004 y 2012 figuran como recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por Cenyt por un importe de 1.047.324 euros.
LA INVESTIGACIÓN DE VILLAREJO A FLORENTINO PÉREZ
Entre los servicios solicitados a la empresa del excomisario Villarejo se encuentra el llamado "proyecto Posy", centrado en investigar al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, "a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola".
De hecho, entre la documentación intervenida se encontraban los datos del censo de Pérez y de su familia; para entonces, año 2009, Sánchez Galán "ocupaba ya el cargo de presidente".
Fruto de este y otro proyecto, Iberdrola habría podido abonar dos facturas, una por importe de 160.080 euros y otra por 71.920 euros, de las que habló en su día el exresponsable de Control Corporativo de la compañía José Antonio del Olmo, igualmente investigado.
En concreto, Del Olmo indicó que el entonces jefe de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, le dijo "que tenía un trabajo del que solo tenía conocimiento Ignacio Sánchez Galán".
Asimismo, añadió el exdirectivo, ante sus dudas comentó el asunto con su superior, "quien le indicó que, antes de proceder a su pago, las facturas fueran firmadas por Orbegozo", como jefe de Gabinete de la Presidencia.
INFORMACIÓN SENSIBLE DE PIZARRO
Otro de los proyectos encargados por Iberdrola a través de Asenjo, prosigue el juez, fue el denominado "Black Board" o "B-B", desarrollado en 2004 y 2005 y que, según el informe de Cenyt, "tenía por objeto conocer información de naturaleza sensible" acerca del entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro.
En aquellos años, Sánchez Galán ocupaba el puesto de vicepresidente y consejero delegado de la eléctrica, en tanto que Becker, un histórico de la compañía, era director de recursos humanos y servicios, y Martínez Córcoles, director de generación.
Sobre este encargo, el auto se remite a la declaración como investigado de Asenjo, que aseguró que la factura emitida por Cenyt por importe de 93.438 euros correspondía al pago de estos servicios.
Además, recuerda que Del Olmo aportó a la causa una comunicación, de febrero de 2005, en la que Becker solicitaba que se procediera al pago de las facturas.
También podría estar vinculada al proyecto "B-B" otra factura de Cenyt, por importe de 116.000 euros.
IRREGULARIDADES EN LA TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS
Respecto a las facturas de los proyectos "Arrow" y "Black Board", el magistrado aprecia indicios de irregularidades en su tramitación, ya que aparecen "todas ellas no asociadas a ningún pedido".
Así, cita los informes de cumplimiento normativo realizados por Iberdrola en 2020, los cuales reconocían que "nuevamente se tramitaron sin pedido facturas que no podían ir por esa vía en la medida en que la normativa interna del grupo no lo amparaba".
Es más, el propio Asenjo "reconoció haber manipulado los conceptos en las facturas, de modo que los servicios prestados no se corresponden con los expresados, ocultando así la participación en la ejecución de los trabajos de Villarejo cuando se encontraba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía".
CAÍDA DE LA COMPAÑÍA EN BOLSA
Las acciones de Iberdrola han registrado una caída del 3,56% este miércoles en Bolsa, tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional de imputar al presidente de la eléctrica.
En concreto, los títulos de la energética retrocedieron hasta los 10,425 euros, su nivel más bajo desde el pasado mes de marzo, tras ser el segundo valor más castigado en la sesión bursátil del Ibex 35, tan solo por detrás de Solaria (-4,4%).
Esta caída en la cotización de la eléctrica se produjo en una jornada bajista dentro del selectivo español (-1,1%) y especialmente de castigo para el sector energético. Así, junto a Solaria e Iberdrola, también cayeron en el lado negativo Endesa (-1,6%), Red Eléctrica (-1,39%) o Naturgy (-0,6%).
Los títulos de la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán ya cerraron este martes también en negativo lastradas por un informe de Deutsche Bank que bajaba su valoración sobre la compañía debido a la amenaza del Gobierno de recortar la retribución de las nucleares e hidraúlicas.
En lo que va de 2021, las acciones de Iberdrola registran un descenso de más del 10%, especialmente por las caídas de las últimas semanas ante las propuestas de cambios regulatorios del Ejecutivo para el sector.
