El Gobierno regional, a través de la Consejería de Fomento, ha suscrito un convenio con Liberbank para poner a disposición de los ciudadanos de Castilla-La Mancha más de 200 viviendas con protección pública distribuidas por el todo el territorio regional. Esta firma viene a ratificar el compromiso que adquirieron ambas partes en diciembre de 2018.
El convenio tiene como objeto establecer un marco de colaboración para fomentar el alquiler social y/o venta de viviendas protegidas titularidad de esta entidad en Castilla-La Mancha, movilizándolas en favor de personas que figuren como demandantes en el registro público de la Comunidad Autónoma, según ha informado la Junta en nota de prensa.
De este modo, se ponen a disposición de los ciudadanos de Castilla-La Mancha que lo necesiten viviendas en régimen de compra y/o de alquiler a precios asequibles determinados de acuerdo con la normativa de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública. "Son recursos que hay que canalizar para poner a disposición de la ciudadanía", ha dicho Agustina García Élez.
La titular de Fomento, Agustina García Élez, ha rubricado este contrato con la directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Liberbank, Ana Echenique, y también ha estado presente el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo. Por parte de la entidad, además ha acompañado el director territorial de Banca Comercial de Liberbank en Castilla-La Mancha, Carlos Martín-Forero.
Con este acuerdo, Liberbank comparte ese interés para que las viviendas que son de su titularidad sirvan para dar acceso a ellas a las personas que están en el registro de demandantes de la Junta de Comunidades. En este caso, son más de 200 viviendas las que serán objeto de alquiler o compra en cerca de treinta municipios como La Roda (Albacete), Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Torrijos (Toledo) o Quintanar del Rey (Cuenca), entre otros.
García Élez ha recordado que esta "es una de las competencias de este Ejecutivo, la de fomentar alquileres o compra de viviendas a precios asequibles, sobre todo, aquellas que ya tienen algún tipo de protección". En este camino, el Gobierno de Castilla-La Mancha busca facilitar el acceso a la vivienda a las familias castellano-manchegas y "lo estamos haciendo de la mano de colectivos e instituciones que ocupan un papel relevante en nuestra sociedad", como los trabajadores sociales, los arquitectos y arquitectos Técnicos, notarios, registradores de la propiedad, o entidades financieras como ésta.
Este es el tercer convenio que la Consejería de Fomento materializa en esta línea, después de hacer lo propio con Bankia y con Caixabank, con la finalidad de movilizar las viviendas de estas entidades, y que están sujetas a protección pública, para que los demandantes puedan optar a las mismas, ya sea en alquiler o en compra. Para estas gestiones, el Gobierno regional se ofrece como mediador entre los destinatarios y los bancos.
GIRO RADICAL
Este Gobierno regional ha dado un giro radical a las políticas de vivienda desde que comenzó la legislatura, algo que "no estaba en la agenda del anterior Ejecutivo y, para nosotros ocupa una posición prioritaria y de primera necesidad", ha recalcado la consejera.
Ejemplo de ello son las seis Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) que se pusieron en marcha en octubre de 2015 y que "han sido clave para atender a las familias que se ven enfrentadas al drama que supone un desahucio", ha añadido. En esta legislatura ya se ha evitado la materialización de 98 lanzamientos hipotecarios o de alquiler.
El anterior Gobierno sometió a un "evidente abandono" al parque público de viviendas, mientras que en estos años podemos hablar de que este Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha invertido ya casi cinco millones de euros, es decir, cinco veces más que el anterior. Esta suma ha hecho posible la entrega de 811 viviendas protegidas en régimen de alquiler.
