El importe total de adjudicaciones realizadas por el Gobierno regional hasta el 31 de octubre de 2018, según el programa Picos que utiliza la Administración autonómica, ha ascendido a 516 millones de euros, de los cuales el 2,2 % (11,3 millones) se adjudicaron mediante contratos menores.
Así lo ha manifestado el secretario general de Hacienda y Administraciones Públicas, Carlos Barrios, que, junto al director general de Función Pública, José Narváez, han comparecido en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes para informar sobre los contratos menores firmados por el Gobierno regional en 2016, 2017 y 2018 y el Plan Concilia en Castilla-La Mancha.
Barrios ha explicado que en 2018, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha sido la que más contratos menores ha adjudicado, un 27,5 %; seguida de la de Bienestar Social, con un 15,7 %; y de la de Hacienda y Administraciones Públicas, con un 14,7 %.
Por tipos, los contratos menores de suministros han representado este año el 53 %, los de servicios el 39,5 % y los de obras el 6,8 %.
Asimismo, ha precisado que en el ejercicio 2016, el importe total de adjudicación de las consejerías ascendió a 398,7 millones de euros, de los cuales el 4,7 % (18,7 millones) se adjudicó mediante contratos menores.
De igual modo, en 2017, el importe total de las adjudicaciones ascendió a 196,2 millones, de los que el 7 % (13,7 millones) se adjudicó por contratos menores.
Según Barrios, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes es la que más contratos menores ha formalizado entre las tres anualidades, con el 31,9 % del total; seguida de la de Fomento, con el 17,3 %; y la de Sanidad, con el 11,5 %.
Por tipos, los contratos menores de servicios representaron el 47,8 %, los de suministros el 45,1 % y los de obras el 6,9 %.
El secretario general de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que la ley 9/2017 de contratos del sector público es la que regula los contratos menores y que, con respecto a la normativa de 2011, ha disminuido los umbrales económicos que permiten acudir a este tipo de contratación, estableciendo los límites en 40.000 euros para obras y 15.000 para el resto de contratos.
También ha incidido en que este tipo de contratos es para "necesidades puntuales y coyunturales" y ha añadido que tienden a reducirse gracias a "una adecuada planificación y técnicas de racionalización de la contratación pública a través de acuerdos marco".
Por otro lado, Narváez ha destacado las mejoras introducidas en el II Plan Concilia, aprobado por Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de 24 de mayo de 2018.
Ha dicho que Castilla-La Mancha dispone de una plantilla pública de más de 70.000 personas y que las medidas que contempla este plan son "de aplicación directa a todos los colectivos de la Administración" y se concretan en permisos y licencias, reducciones de jornada y flexibilidad horaria, excedencias y protección integral contra la violencia de género, entre otras.
Y ha agregado que es "un acuerdo abierto" que permite adaptarse a las necesidades, pudiendo incorporar las modificaciones legislativas pertinentes.
Sin embargo, el parlamentario del PP Lorenzo Robisco ha lamentado que en lugar de hablar de qué empresas adjudicatarias tienen más contratos y cuáles menos se haya hablado de porcentajes, ya que, en su opinión, estos son "susceptibles de ser manipulados".
Además, ha pedido un "mayor refuerzo" del Plan Concilia, resaltado la necesidad de mejorarlo junto a los empleados públicos.
Por su parte, el diputado del PSOE Rafael Esteban ha remarcado la necesidad de no convertir el uso de los contratos menores en un "abuso continuado" y ha hecho hincapié en la necesidad de planificar.
Esteban también ha felicitado al Gobierno regional por el II Plan Concilia que, a su juicio, diferencia el actual modelo de gestión de lo público del empleado en la anterior legislatura, "cuando se anulaban medidas que garantizaban derechos a los trabajadores", ha señalado.
La parlamentaria de Podemos María Díaz ha coincidido con Esteban en la necesidad de recurrir a la planificación y ha opinado que los contratos menores siempre han ido acompañados de una "mala fama" porque se han vinculado a la corrupción en la contratación pública debido a la repetición y utilización excesiva, por lo que ha abogado por usarlos "para casos puntuales, esporádicos y urgentes".
Y respecto al II Plan Concilia, Díaz ha subrayado que tiene que ser "para todo el personal y no puede quedar a nadie fuera", y ha considerado también que "debe adecuarse a los nuevos tiempos que corren y estar a la altura de lo implica gobernar desde una mirada progresista".
