Entre el 1 y el 20 de enero de 2020, los empleados públicos de Castilla-La Mancha dejarán de sufrir las penalizaciones económicas por incapacidad temporal que venían sufriendo durante los primeros 21 días de baja médica, según se ha comprometido este lunes el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, con el sindicato CSIF.
Así se ha dado a conocer en la rueda de prensa conjunta que han ofrecido el titular regional de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, tras la reunión de trabajo mantenida previamente para hablar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2020.
Las primeras palabras del dirigente sindical han sido para valorar el fin de las penalizaciones por incapacidad temporal, que eran del 50 por ciento los tres primeros días de baja médica y del 25 % del día 3 al 21, algo que "el consejero ha dicho que va a estar resuelto entre el 1 y el 20 de enero, lo que consideramos un gran paso, que agradecemos, pues Castilla-La Mancha era la única comunidad que mantenía estos recortes", ha aseverado Retamosa.
El presidente regional de CSIF ha valorado también que el 70 por ciento de los Presupuestos de Castilla-La Mancha vayan destinados a sanidad, educación, servicios sociales y creación de empleo, pero ha considerado que el proyecto de ley "carece de medidas clave en materia de función pública".
Así, ha criticado, por ejemplo, que después de siete años siga vigente la Ley 1/2012 de Servicios Sociales, conocida como "Ley Cospedal", que "tengamos una carrera profesional paralizada" y ha considerado también insuficiente el aumento del 9,1 por ciento en gastos de personal, "para recuperar los 14.000 empleos perdidos desde 2009".
En este punto ha indicado que a CSIF le parecen "insuficientes" las 6.000 plazas de Oferta Pública de Empleo (OPE) hasta 2023 anunciadas dentro del II Plan de Impulso de los Servicios Públicos, con las que solo se cubre la tasa de reposición pero no se crea empleo nuevo, ha subrayado Retamosa.
Y ha agregado que ha trasladado al consejero la necesidad de hacer convocatorias más amplias en todas las áreas, dado que "hay una falta de personal alarmante en residencias de ancianos de la Junta y también en los ámbitos más alejados de las capitales de provincia, como en las oficinas comarcales agrarias, ya que en muchos casos no se autoriza la cobertura de las vacantes".
En materia retributiva, el responsable de CSIF ha subrayado que todavía queda pendiente la aprobación de la disposición de un 0,75 % de fondos adicionales para los empleados públicos contemplada en el acuerdo de 9 de marzo de 2018 firmado con el ministro Montoro, así como recuperar el 0,4 % de masa salarial para el Plan de Acción Social y regular la bolsa de horas de conciliación, aspectos que, según Retamosa, "el consejero se ha comprometido a estudiar".
A este respecto, Ruiz Molina ha subrayado que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2020 contempla los incrementos retributivos que se firmaron a nivel nacional entre el Gobierno y los sindicatos y que es del 2 por ciento, al que se podría sumar hasta un 1 % en función del crecimiento de la economía.
Por lo tanto, ha enfatizado el consejero, "el proyecto de presupuestos contempla el incremento máximo autorizado por el Estado en lo referente a retribuciones de los empleados públicos".
También ha resaltado el consejero la "importancia" que tiene el gasto de personal en las cuentas regionales para 2020, que ha recordado que viene a ser más del 50 por ciento del techo de gasto que se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Y ha abundado que, de ese incremento del techo de gasto, más del 60 por ciento es para cubrir incrementos de gastos de personal, ya sea por las mejoras retributivas ya sea por el incremento de las plantillas".
Sobre las ofertas públicas de empleo, ha señalado que ya se están desarrollando las de 2016, 2017 y 2018 y se está negociando con los sindicatos la de 2019, con lo que, cuando se apruebe esta última, se habrán creado 12.000 plazas de empleo público en la región.
También ha puesto en valor el consejero que, durante la pasada legislatura, se diera cumplimiento al compromiso de implantar las 35 horas semanales en la función pública y ha reconocido que, aunque "quedan muchos flecos" que mejorar en este ámbito, "hay que acompasar unos objetivos con otros", garantizando los dos objetivos principales: el crecimiento económico a través de la generación de empleo y la consolidación del Estado de Bienestar", ha dicho.
