miércoles 03.06.2020

Junta: "La próxima Legislatura será de la desalación y no la de trasvases para riego"

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha indicado, en relación a los regantes del Levante, que “hay agua de la desalación que puede permitir hacer rentable sus explotaciones perfectamente; la tecnología lo permite, las condiciones ambientales lo permiten, incluso es mejor que el trasvase, porque queramos o no el trasvase se va acabar por falta de agua en la cabecera del Tajo”

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha participado en la apertura de la jornada sobre Agricultura Sostenible y Agua en Castilla-La Mancha organizada por Cooperativas Agro-Alimentarias
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha participado en la apertura de la jornada sobre Agricultura Sostenible y Agua en Castilla-La Mancha organizada por Cooperativas Agro-Alimentarias

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que la próxima Legislatura será la de "la desalación y no de los trasvases para el riego en el Levante".

Así de convencido se ha mostrado este lunes Martínez al ser preguntado por los trasvases del Tajo al Segura con motivo de asistir a la jornada sobre Agricultura Sostenible y Agua en Castilla-La Mancha, organizada por Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha de Toledo, ha informado una nota institucional.

Y, aquí, ha recordado las palabras del presidente García-Page de ser la región "más solidaria de España" y que el futuro del regadío en el Levante está en "las desaladoras" y, también, que solo en caso de "consumo humano" Castilla-La Mancha quiere seguir "aportando su granito de arena".

En el caso de regadío, ha comentado que se está apreciando un cambio de sensibilidad desde el Gobierno central y se ha traducido en que "ya se han puesto al 100 % del funcionamiento algunas de las desaladoras construidas en el Levante para riego" y que "está previsto que el resto lo estén el año que viene".

"Hay un convencimiento general de que la desalación es el futuro para la agricultura en el Levante", que saben sus propios regantes, a los que también ha defendido porque "todos tienen derecho al agua", ha añadido.

Y en este caso, "hay agua de la desalación que puede permitir hacer rentable sus explotaciones perfectamente; la tecnología, las condiciones ambientales lo permiten, incluso es mejor que el trasvase porque queramos o no el trasvase se va acabar por falta de agua en la cabecera del Tajo".

En su intervención, Martínez ha aludido a los tres pilares imprescindibles en relación al agua con son, en primer término, un Pacto de Estado donde primero se tengan en cuenta las decisiones técnicas y después las políticas, y después un documento regional de defensa del agua al que "nos comprometimos con pico y pala", ha defendido.

Un documento que incluye la propuesta de Cooperativas para que se hiciera un estudio para analizar el estado de las masas subterráneas fundamentalmente en el Guadiana, pero también el Júcar y el Segura, "dos cuencas en las cuales las aguas subterráneas tienen mucho peso" y ha insistido en "trabajar todos juntos para defender los intereses de todos".

Ha vaticinado, aquí, que este documento saldrá la próxima Legislatura y servirá como herramienta "indispensable" para negociar el pacto a nivel nacional.

En tercer lugar, ha aludido a la reciente creación de una Federación de Comunidades de Regantes en la región que "va a defender los intereses de los regantes regionales de aquellos que riegan en otras comunidades autónomas".

Así, ha agradecido el compromiso de las comunidades de aguas que se han sumado y ha animado al resto a que se sigan adhiriendo a este proyecto que "al final va a representar a más de 65.000 regantes y representándolos a ellos, representa los intereses del conjunto de la región".

Por último, Martínez ha anunciado que el Consejo de Gobierno va a aprobar este martes la nueva orden de ayudas para regadío, por importe de 29 millones de euros, y que una vez publicada en el Diario Oficial (DOCM) contará con un plazo de tres meses para la presentación de solicitudes. 

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