El servicio social femenino que muchas mujeres se vieron obligadas a hacer entre 1937 y 1978, computará para la pensión de jubilación, con algunas condiciones, al igual que ya lo hace el servicio militar ("mili") o la prestación social sustitutoria ("objeción de conciencia").
La primera parte de la reforma de pensiones, que el Gobierno ha pactado con los agentes sociales y cuyo proyecto de ley comenzará su trámite parlamentario en septiembre, contempla una equiparación entre el servicio social femenino obligatorio y la "mili" u "objeción de conciencia".
La norma establece que, para acceder a la jubilación anticipada, podrá computar el periodo de prestación de la mili, la objeción de conciencia o, como novedad, el servicio social femenino obligatorio, todos ellos con el límite máximo de un año y siempre con el objetivo de alcanzar los 33 años cotizados (para el cese forzoso) o 35 (para el voluntario).
La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha señalado a Efe que esta era de una de las medidas reclamadas por los sindicatos para reducir la brecha de género en las pensiones, que asciende al 34 %, y para equiparar los derechos entre hombres y mujeres.
Antoñanzas ha explicado, no obstante, que calcular el impacto de la medida es muy complejo porque no hay registros del servicio social femenino y porque era "muy discrecional", ya que no había una duración determinada y la obligación de hacerlo era más laxa para las clases altas.
El servicio social femenino era realizado por mujeres entre 17 y 35 años, siempre que estuviesen solteras, para poder acceder a un trabajo remunerado o a un título académico u oficial, pero también se exigía para unirse a una asociación, obtener el pasaporte o el carné de conducir.
Organizado en el ámbito de la Sección Femenina de la Falange Española, fue obligatorio desde 1937 hasta 1978 y se configuró como un "deber nacional" a desempeñar entre tres y seis meses en hospitales, escuelas, comedores o bibliotecas.
Las mujeres que se verían afectadas por esta medida serían las que lo realizaron desde 1972, que se jubilarían este año y en los seis siguientes.
En una reciente sentencia, de febrero de este año, el Tribunal Supremo reconocía el cómputo de la realización del servicio social femenino a una mujer a efectos de acreditar el periodo mínimo cotizado para acceder a la jubilación anticipada.
Asimismo, el Defensor del Pueblo, en su Informe Anual de 2020, hacía mención a dicha resolución judicial e instaba al Ministerio de Hacienda a que equipara el cómputo del servicio social con el militar.
EL GOBIERNO VOLVIÓ A APLAZAR QUE LA MILI COMPUTE COMO VIDA LABORAL
Al margen de esta medida, la reforma de pensiones de 2011 ya contemplaba la necesidad de tener en cuenta estos periodos dedicados a prestar un "deber nacional" que interrumpía las carreras de cotización.
En esta norma se instaba al Gobierno a que, en el plazo de un año, presentara un proyecto de ley que estableciera un sistema de compensación para asimilar el tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria como periodo cotizado.
No obstante, este mandato ha sido aplazado en cada uno de los proyectos de presupuestos generales del Estado de la última década, también en los de 2021.
De esta forma, sólo se tienen en cuenta estos periodos en el caso del acceso a la jubilación anticipada, con un máximo de un año y, de momento, sólo para los hombres.
El cómputo de todo el periodo realizado para el acceso a cualquier prestación podría afectar a los hombres nacidos entre 1955 y 1983 y que realizaron el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, ya que ambas se suspendieron en 2001.
A falta de datos oficiales de posibles afectados, al último reemplazo de la mili del año 2001 se presentaron algo más de 90.000 jóvenes, si bien este dato osciló cada año en función de la demografía a lo largo de los más de 200 años de servicio militar obligatorio.
