El sector del vino cierra la semana tomando posiciones para defender los intereses de la industria frente a cualquier intento gubernamental de aumentar los impuestos a la categoría o, incluso, del IVA a la restauración.
De hecho, la organización agraria Asaja, la Asociación de empresas elaboradoras de vermouth y aperitivos vínicos (ANEV), las patronales FEV y Fedejerez participarán -junto a otras entidades- la semana próxima en una presentación un estudio sobre la contribución que hacen las compañías de bebidas con alcohol a la economía y cuantificarán los efectos que tendría una hipotética carga fiscal.
Aunque aún no hay ninguna propuesta sobre la mesa, el sector del vino lanza sus mensajes de advertencia por lo que pueda ocurrir.
Desde la Asociación de Destiladores de Alcohol Vínico (Adevin), recuerdan a Efeagro que, a diferencia de las bebidas de alta graduación -que pueden ser gravadas con un tasa o "accisa" que ronda los 9 euros por litro de alcohol puro-, el vino como categoría genérica -al tener menos de 15 grados- está exento (salvo algunos productos) y se libra de estos impuestos especiales.
El presidente de Adevin, Francisco Ligero, muestra todo el apoyo de este gremio a los productores de vino en el caso de que se decida implantar también una tasa para este producto, una medida que a su juicio terminaría afectando a los costes del sector.
"No tendría sentido" aplicar un impuesto al vino, más aún cuando se están invirtiendo 80 millones anuales en el marco del Programa Nacional de Apoyo para la reestructuración de los viñedos, es decir, para impulsar su modernización, calidad y mayor producción, añade.
En su opinión, "no parece razonable, ni coherente" que se imponga un impuesto a un producto agroalimentario de la dieta mediterránea.
Fuentes de las organizaciones agrarias consideran que aumentar impuestos al sector "sería la puntilla, dado su bajo consumo en España, que ahora está en sus momentos más bajos".
El segmento de las bebidas espirituosas, sujeto ya a una alta imposición, está más preocupado si cabe por lo que pueda decidir el Ejecutivo, pese a que ya aporta al erario público 1.300 millones de euros, sólo en imposición directa -IVA e impuestos especiales-.
El secretario general de la patronal del vino (FEV), Pau Roca, cree que el principal temor que, en general, tiene la categoría es que el Gobierno decida subir el IVA en la restauración, actualmente en el 10 %, lo que repercutiría en un incremento de los precios.
Roca recuerda que a ciertas referencias de Jerez, Condado de Huelva y Levante español (vinos de licor y aromatizados) se les aplica ya un impuesto especial como productos intermedios, pero duda de que el Gobierno lo pretenda extender ahora al resto de vinos.
Lo cierto es que las normas anti-alcohol nunca están exentas de polémica; hoy mismo, el Comité Europeo de Empresas de Vino (CEEV) anunciaba un recurso ante el Tribunal Supremo del Reino Unido después de que los tribunales escoceses dieran hace unas semanas la razón al Gobierno de Escocia en relación a su propuesta de establecer un precio mínimo unitario para las bebidas alcohólicas.
Las bodegas europeas creen que este precio mínimo es "desproporcionado y restringe el comercio", aseguran.
Mientras se despejan las incertidumbres impositivas y de otra índole entre los productores y bodegas, el mercado sigue su curso, con dispar evolución de cotizaciones de los graneles.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente destaca en su informe del 7 al 13 de noviembre alzas de precios del 0,63 % para el vino tinto, hasta 2,94 euros/ hectogrado.
El blanco retrocede el 0,01 % y se queda en 2,27 euros de media, aunque varía en función de las lonjas: 2,59 euros en Albacete; 2,64 en Badajoz; 2,27 en Ciudad Real; 2,24 en Cuenca y 1,80 en Toledo.
El tinto cotiza a granel y salida de bodega a 3,02 euros/hgdo en Albacete; 2,44 en Ciudad Real; 3,25 en Cuenca; 3,08 en Badajoz; 3,05 en Murcia; y 3,15 en Toledo y 3 euros/hgdo en Valencia.
