Inadmitida la querella de regantes contra el uso irregular de fondos europeos

La querella presentada por la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos denunciaba posibles delitos de malversación de más de 1.200 millones de fondos europeos en la compra de derechos del agua en el Alto Guadiana gestionados por la CHG y la Junta
La Comunidad de Regantes Rus-Valdelobos denuncia la “posible malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos”
photo_camera En la imagen de archivo representantes de la Comunidad de Regantes Rus-Valdelobos tras registrar la querella presentada

La Audiencia Nacional no ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos, que comprende 29 municipios de Albacete y Cuenca, contra el Gobierno regional por una posible malversación de fondos públicos, que según los denunciantes podría ascender a 1.200 millones de euros de fondos europeos.

Según han informado a EFE fuentes del Gobierno regional, la Audiencia Nacional comunicó a los servicios jurídicos de la Junta el pasado día 8 de marzo que la denuncia, de la que informan este martes medios como "Libertad Digital" o "Periodista Digital", había sido inadmitida, al margen de que los servicios jurídicos de la Junta han vuelto a solicitar información al respecto de la situación jurídica.

En el documento se argumentaba que se habría cometido un presunto delito de malversación de fondos europeos en la compra de derechos de agua en el Alto Guadiana, lo que habría perjudicado a dicha comunidad de regantes.

La denuncia de los regantes se presentó contra el expresidente de la Junta de Comunidades José María Barreda y otros consejeros de su gobierno, a quienes se les acusa de haber contribuido a causarles un perjuicio económico de más de 300 millones de euros en los últimos diez años.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado este martes en un acto público en Toledo la política "virtual y falsa" que "algunos" están haciendo con la Tubería Manchega, acusando a su Gobierno de corrupción "cuando saben, y si no lo saben son malintencionados, que todas las denuncias planteadas están archivadas".

"Les molesta mucho a algunos que abramos la tubería manchega y que se abra después de haber llegado a acuerdos con todos los ayuntamientos en este sentido, el último el de Villarrobledo, del PP", ha manifestado, para pedir seriedad en este asunto.

García-Page ha recordado que este miércoles se abre la Tubería Manchega, que, según ha apuntado, estuvo paralizada como proyecto cuatro años, lo que ha supuesto "casi una década de retraso"; a lo que ha añadido que "es indispensable para beber en buena parte de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo".

PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA

Según informó la comunidad de los regantes de Rus-Valdelobos el pasado miércoles 1 de marzo en nota de prensa, la Audiencia Nacional había admitido la querella por la posible malversación de 1.200 millones de euros de fondos públicos destinados a la gestión de aguas subterráneas del Alto Guadiana.

Los regantes de esa comunidad, con sede en San Clemente (Cuenca), interpusieron el pasado 31 de diciembre la querella criminal por un posible uso fraudulento de fondos europeos por parte de responsables políticos, funcionarios y altos cargos de la Administración estatal y autonómica.

Denunciaron así la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en coordinación con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Tras el auto de apertura de diligencias dictado por la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción asumió el pasado 3 de febrero la competencia para investigar el caso por la posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y desobediencia a la autoridad judicial.

La comunidad de regantes acusa en la misma a la Confederación Hidrográfica del Guadiana del uso irregular de los fondos públicos recibidos para la gestión de las masas de agua subterráneas del Alto Guadiana y particularmente de Rus-Valdelobos, lo que ha "aumentado la presión sobre los acuíferos y sus ecosistemas".

También denuncia la posible malversación de fondos europeos en la compra de derechos del agua en el Alto Guadiana, además de supuestas irregularidades en contratos públicos y en el proyecto de la tubería de la Llanura Manchega y el ramal de abastecimiento a los núcleos inmediatos al acueducto Tajo-Segura.

La querella incluye, entre otros aspectos, la posible gestión irregular de fondos europeos destinados al plan de humedales del Alto Guadiana entre 1992 y 2007 por más de 300 millones de euros, han asegurado los regantes en un comunicado. 

QUERELLA "MUY INJUSTA BASADA EN INFUNDIOS"

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, respondía ese mismo día que esta querella "está basada en infundios" y es "muy injusta".

La portavoz, en una rueda de prensa, respondía a preguntas de los periodistas sobre la citada querella criminal, y señalaba que la Audiencia Nacional "está en la obligación de admitir todas las querellas salvo que sea muy evidente que es un infundio".

Y -continuaba- esta querella "está basada en infundios, porque precisamente se ataca a las administraciones que han apostado por que el Guadiana sea preservado" y que también "tengan un presente los agricultores de esa zona".

Una querella que se dirige precisamente "a quien hizo todo lo posible por intentar que se legalizasen los pozos en la medida en que había disponibilidad de agua, y comprar agua en la medida que se ponían a disposición esos recursos hídricos con concesiones históricas que si no se compran no se pueden expropiar", indicaba la portavoz de la Junta, para quien se trata de "una serie de medidas que lo que hicieron fue intentar favorecer al mundo agrario de Castilla-La Mancha y de manera muy singular en el Alto Guadiana".

"Nos parece una querella muy injusta que va a quedar en nada absolutamente", aseguraba, pero que, según reconocía, "dificulta mucho la tarea a la hora de irte ahora a hablar con el Gobierno de España a pedirles que hay que legalizar los pozos del Alto Guadiana, de centenares de agricultores que están sufriendo esa situación de alegalidad y de precariedad que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere resolver".

"No sé si esta querella tendrá fines electorales o no, porque a semanas de las elecciones parece extraño que se ponga una querella de estas características, pero sobre todo da mucho que pensar en cómo nos debilita como comunidad autónoma a la hora de reivindicar que queremos legalizar esos pozos de esa gente que se quedó colgada de la brocha por el recorte en el Plan Especial del Alto Guadiana y la eliminación del Consorcio que tantos esfuerzos hizo por darle un poquito de dignidad y legalidad a los hombres y mujeres que viven del campo", señalaba Fernández.

La portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha manifestaba que la querella no les preocupa "de fondo" porque entienden que "no hay de fondo ningún asunto que nos deba preocupar, pero sí que nos parece muy injusto y lamentable, a estas alturas de la vida y tantos años después, tener que afrontar una situación de estas características".

"Es triste", señalaba Blanca Fernández, quien manifestaba su "máxima solidaridad con las personas que están en la querellas porque son personas honradas a carta cabal que lo que hicieron fue luchar con uñas y dientes por los intereses del campo castellano-manchego", subrayaba la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico al respecto. 

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