El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega al 8,7% de la población vulnerable de Castilla-La Mancha

La Junta achaca la baja implantación del IMV en Castilla-La Mancha a la complejidad de su tramitación en INSS, que se ha visto "colapsado"
El autobús del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que estuvo recorriendo España para informar a posibles beneficiarios de la prestación - EFE/Jesús Monroy
photo_camera El autobús del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que estuvo recorriendo España para informar a posibles beneficiarios de la prestación - EFE/Jesús Monroy

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales han advertido de que, cuatro años después de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación "sólo llega al 12,2% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza" y ha reprochado al Gobierno que no haya establecido "ninguna coordinación" con los servicios sociales municipales para incrementar su cobertura. En el caso de Castilla-La Mancha, el IMV llega al 8,7% de la población vulnerable de la región.

Asímismo, la asociación ha denunciado las diferencias territoriales existentes entre comunidades que van desde el 24,5% de cobertura de población bajo el umbral de la pobreza en Euskadi al 5,9 en Baleares.

Los gerentes de Servicios Sociales han acusado al ejecutivo de "no cumplir con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto, la persistencia de las "colas del hambre" deberían, según la asociación, "avergonzar a los gobernantes" a los que acusa de "impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, como calificaron el Ingreso Mínimo Vital".

Según datos recopilados por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociale en abril 589.948 familias fueron beneficiarias del IMV, con un total de 1.771.480 personas. El colectivo ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a 3 veces la renta garantizada.

Las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera "renta garantizada" son "sólo", según la entidad, 392.902 hogares (1.006.763 personas), el 2,1% de la población española. Asimismo, ha recordado que la previsión inicial, cuando el IMV se implantó en 2020, era llegar a 850.000 que se encuentran en situación de pobreza severa (17% de la población española, 2,3 millones de personas).

"La realidad es que sólo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa", ha explicado el colectivo. Y, han añadido, si se toma como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el IMV "sólo" llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza.

A nivel territorial, la asociación ha insistido en las "grandes diferencias" en esta implantación entre Comunidades Autónomas. El IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%), pero no llega al 10% en Castilla-La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).

Más próximas a la media nacional del 12,2%, se encuentran comunidades como Navarra (17,7%), Asturias (16,5%), La Rioja (15,8%), Andalucía (14,4%), Aragón (13,6%), Madrid (13,07%), Extremadura (13,4%), Cantabria (12,2%), Castilla y León (12,17%), Comunidad Valenciana (11,01%), Galicia (10,9%).

Ante estos datos, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales es "necesario un impulso aún mayor para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de atención primaria". Consideran que "los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social".

Sin embargo, se ha lamentado la organización, "el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias". En su opinión, "el laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad".

COMPLEJIDAD DE SU TRAMITACIÓN

Tras conocerse estos datos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha indicado que, pese a que el Ingreso Mínimo Vital es un recurso "muy bueno", su tramitación conlleva muchas dificultades, sobre todo porque la accesibilidad a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la región es "muy complicada" y la gestión se ha visto "colapsada", ha indicado la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales del Ejecutivo castellanomanchego, Guadalupe Martín, en declaraciones a Europa Press.

"El número de oficinas del INSS en nuestra región no es alto y el acceso por el sistema informático a veces es complicado. Hemos hecho muchos cursos para que sepan cómo acceder al sistema por vía telemática, pero somos conscientes de que hay muchas familias que no acceden en muchas ocasiones porque desconocen que pueden acceder", ha dicho Martín, que ha asegurado que estas deficiencias se las han hecho llegar al Ministerio "en varias ocasiones".

Y es que, según ha detallado la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, en Castilla-La Mancha se han llegado a emitir 109.000 solicitudes, de las que se han aprobado 33.845

"Para nosotros es una cifra baja, pero en Castilla-La Mancha tenemos un sistema complementario de prestaciones que, evidentemente las personas que no entran por el Ingreso Mínimo Vital, tienen otro tipo de cobertura".

Tras admitir que se tendría que ampliar la cobertura del IMV, Martín ha indicado que muchas veces se deniega esta prestación porque las familias demandantes superen el volumen de ingresos requeridos o porque se les requiere documentación que no se llega a presentar.

"Eso hace que se acumulen muchas resoluciones de negatoria, pero también tenemos que decir que, en este momento, se han beneficiado en Castilla-La Mancha 33.845 familias y nunca habíamos tenido esa cifra de cobertura".

Pese a que en la región tan solo han percibido esta prestación 33.845 de las 109.000 familias solicitantes, la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales ha indicado que, según los datos que manejan, en 2023 más de 55.000 familias se beneficiaron de otro tipo de medidas, como el sistema de ayudas de emergencia, el programa de pobreza energética o las ayudas a familias numerosas.

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