El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto que recoge medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social en el que se apunta que las pensiones subirán un 0,9% una vez haya Ejecutivo.
Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, tras celebrarse el último Consejo de Ministros del año, donde ha resaltado también que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se elevará conforme a lo que acuerden sindicatos y patronal en el diálogo social cuando se forme Gobierno.
En el Real Decreto se recoge la prórroga del plazo de vigencia del Real Decreto de 21 de diciembre por el que se fijó el salario mínimo interprofesional para 2019, puesto que este dejará de tener efecto el próximo 31 de diciembre.
El Ejecutivo ha alegado que concurren razones extraordinarias y de urgente necesidad "que hacen ineludible mantener su vigencia a partir del 1 de enero y hasta que se apruebe el real decreto del Salario Mínimo Interprofesional para 2020 en el marco del diálogo social y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores".
Sobre las pensiones, Celaá ha explicado que únicamente se hará una única revalorización del 0,9% "en el momento preciso" y no dos, una del 0,25%, y otra con el 0,65% restante, por el gasto que supone, no solo de coste, sino de infraestructura logística.
La ministra portavoz ha recordado que las pensiones están recuperando poder adquisitivo gracias a la subida del 1,6% que se aprobó para 2019, pactada por Mariano Rajoy con el PNV, y ha dejado claro que la subida del 0,9% tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2020 una vez se apruebe.
Así, el Real Decreto-ley aprobado este viernes recoge la suspensión del artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la que se recoge una subida del 0,25%, ya que el Gobierno tiene previsto aplicar, "en cuanto sea posible", una revalorización de las pensiones del 0,9%, tal y como se recoge en el Plan Presupuestario para el próximo año enviado a la Comisión Europea.
MEDIDAS DE GRAN INTERÉS SOCIAL
Celaá ha reconocido que tanto la subida de las pensiones como del salario mínimo tiene "mucho interés social" y ha asegurado que espera que haya una respuesta práctica en ambas materias en beneficio de la gente "muy pronto".
"El compromiso del Gobierno fue la subida de las pensiones en relación con el IPC y este es el 0,9% y, en relación con el SMI, en nuestra propuesta electoral se incluye la subida de este al 60% del salario medio en España, como indica la carta social europea, en una legislatura", ha dejado claro Celaá.
En esta línea, ha indicado que en 2020 el SMI se ajustará atendiendo a la conversación con agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, y "redundará en el beneficio de la gente como en otras ocasiones". Además, ha señalado que la subida del salario mínimo también se aplicará de manera retroactiva.
El Real Decreto aprobado este viernes también incluye la prórroga de la cláusula de salvaguarda de las pensiones, que permite a trabajadores despedidos antes de la reforma de agosto de 2011 acceder a una jubilación con las condiciones establecidas antes de la reforma y que afecta a unas 26.000 personas.
Por otro parte, la prórroga de la cláusula de salvaguarda de las pensiones hasta el 31 de diciembre de 2019 "no ha sido suficiente para paliar los efectos que la nueva regulación causaría en los trabajadores que salieron del mercado laboral a edad avanzada, sin haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones".
En un comunicado, el Gobierno ha afirmado que, por razones de seguridad jurídica y de preservación de la igualdad, se hace su extensión hasta el final de 2020.
También se prorrogan algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto en materia de bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, que garantice su aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2020, "dado el carácter temporal que tenía esta norma, circunscrita al año 2019".
INVESTIDURA DE PEDRO SÁNCHEZ
Por otra parte, el Gobierno considera que aún hay "tiempo físico" para conseguir antes de Reyes la investidura de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo si la Abogacía del Estado presenta el lunes su informe tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la situación del líder de ERC, Oriol Junqueras.
Ha sido la portavoz del Gobierno quien durante su comparecencia ha recordado que la Abogacía tiene de plazo hasta el 2 de enero para presentar ese informe.
Pero ha precisado que hay que esperar a ver si antes, en concreto el lunes, día 30 de diciembre, puede conocerse y ha mostrado su esperanza de que pueda ser así.
En ese caso, "daría tiempo físico" para que la investidura pudiera ser antes de la festividad de Reyes, el día 6 de enero, aunque ha subrayado que ya prefiere no dar fecha alguna.
"Sí les digo que este Gobierno quiere que sea cuanto antes", ha recalcado la ministra.
Celáa ha defendido que la Abogacía del Estado pueda tomarse el tiempo que considere oportuno para emitir su informe dentro del plazo fijado por el Tribunal Supremo y ha resaltado su autonomía para que decida el sentido del mismo.
Además, ha recordado que el pasado mes de junio la Abogacía ya emitió un informe positivo al Tribunal Supremo respecto a que Junqueras debería haber obtenido un permiso para poder ir a recoger su acta de eurodiputado.
También ha justificado que aún no se haya emitido el informe por el hecho de que la sentencia del Tribunal Europeo es novedosa a la hora de fijar cuándo puede considerarse que una persona elegida para la Eurocámara ha adquirido la condición de parlamentario europeo y que goza de inmunidad desde que es proclamada.
"Por tanto, ese cambio doctrinal requiere un estudio profundo, y ese estudio es el que está haciendo la Abogacía del Estado", ha añadido.
La ministra ha hecho hincapié en que no puede interpretarse la sentencia del Tribunal de la Unión Europea como un "varapalo" a la Justicia española.
En ese sentido, ha resaltado que el tribunal europeo es el intérprete supremo de la justicia en la UE y no debe verse como una instancia extranjera. "No hay dos justicias; sólo una", ha recalcado.
La portavoz del Ejecutivo ha reconocido las interpretaciones distintas ("hay juristas que piensan que sí y hay juristas que piensan otra cosa", ha dicho) ante la pregunta de si se puede pedir un suplicatorio en el caso de una persona que, como Junqueras, cuenta ya con una condena en firme o es necesario anularla.
Respecto a la investidura del presidente del Gobierno, la portavoz ha asegurado que no se han roto las negociaciones con ERC y ha reprochado el bloqueo que están propiciando algunos partidos.
Al plantearle si se refería en concreto a fuerzas políticas como el PP o Ciudadanos, no les ha señalado directamente, pero ha insistido en que se trata de partidos empeñados en desentenderse de la necesidad que tiene España de contar ya con un Gobierno.
Así ha arremetido contra el PP ante las declaraciones de algunos dirigentes de este partido encabezados por su líder, Pablo Casado, en las que critican al Gobierno que pretenda sacar adelante la investidura de Sánchez pactando con "delincuentes".
Para Celáa, no es ninguna novedad ese tipo de declaraciones, y ha precisado que habrá que examinar si esa "carga de caballería" es un mecanismo para distraer, una "nube de polvo para cubrir la vergüenza de que se siga bloqueando".
Lo que ha reiterado la portavoz es que no hay una opción B a la investidura de Sánchez y que están intentando formar un Gobierno progresista que encauce las diferencias con aquellos que piensan distinto frente a la apuesta de otros partidos para que haya unas terceras elecciones generales.
