Miércoles 19.12.2018

El Gobierno y Podemos pactan subir el SMI a 900 euros en 2019 y más ayudas para vivienda

- Las pensiones mínimas subirán un 3% en 2019 y el resto se actualizarán un 1,6%, el IPC previsto.

- Los nacionalistas, abiertos a pactar unos Presupuestos para 2019 que el PP ve "suicidas".

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han firmado este jueves el acuerdo para los Presupuestos de 2019 en el Palacio de La Moncloa
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han firmado este jueves el acuerdo para los Presupuestos de 2019 en el Palacio de La Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han suscrito este jueves un acuerdo para los presupuestos de 2019 que ha sido posible gracias a una subida histórica del salario mínimo interprofesional (SMI) del 22,3 %, hasta 900 euros brutos mensuales.

El acuerdo recoge medidas que incrementarán adicionalmente el gasto el año que viene en 5.729 millones de euros, según Podemos, si bien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha matizado que con cargo al presupuesto del Estado son solo 2.082 millones, ya que hay partidas que tendrán que contabilizar otras administraciones, fundamentalmente la Seguridad Social.

Es el caso del gasto previsto en pensiones, que supone 704 millones para la paga compensatoria de 2018 por la desviación del IPC y 384 millones para que las pensiones mínimas y no contributivas suban el 3 % en 2019, así como el desembolso de 300 millones para elevar a 8 semanas el permiso de paternidad o de 315 millones para recuperar la cotización a la Seguridad Social de los trabajados de cuidados no remunerados.

Para pagar el gasto adicional se ha negociado una reforma fiscal que elevará la recaudación en más de 7.000 millones, de los que el Estado ingresará 5.678 millones, descontando entorno a 600 millones para las autonomías de subir un punto el impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones y unos 1.100 millones en cotizaciones a la Seguridad Social por el aumento del salario mínimo.

La mayor recaudación, en torno a 1.700 millones con los cálculos de Podemos, provendrá del establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 15 % sobre la base imponible (18 % para banca y petroleras) para empresas que facturen más de 20 millones.

Luego están los 1.200 millones de ingresos procedentes del gravamen del 3 % sobre determinados servicios digitales y los 1.000 millones del gravamen del 0,2 % sobre la compraventa de acciones, que podrían destinarse a financiar la Seguridad Social.

Se suman, siempre con las cifras de Podemos, los 900 millones de la lucha contra el fraude -que incluye la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo de empresarios y autónomos- y los 800 millones de la subida del IRPF al 47 % a partir de 130.000 euros y al 49 % para la parte que exceda de 300.000.

Montero ha valorado un acuerdo que permitirá presentar unas cuentas públicas "valientes y sostenibles" que cumplirán el objetivo de déficit comprometido con Bruselas para 2019.

No ha confirmado si ese objetivo será el del Gobierno del PP, fijado en el 1,3 % del PIB, o el renegociado por el Ejecutivo socialista en el 1,8 % del PIB, algo que se desvelará el próximo lunes tras el Consejo de Ministros extraordinario que aprobara el borrador de proyecto presupuestario que España debe remitir a Bruselas ese día.

De momento, el único aprobado por las Cortes es el del 1,3 %, aunque el Gobierno no renuncia a poder sacar adelante la reforma de la Ley de Estabilidad que le permitiría aprobar su senda de consolidación fiscal, más flexible que la actualmente en vigor.

La ministra ha insistido en que para el presupuesto del Estado la diferencia de un objetivo a otro es apenas de una décima lo que no modifica de forma sustancial el techo de gasto.

Montero ha hecho un llamamiento al resto de formaciones políticas para que se sumen al pacto suscrito con Podemos, "salvo a las que se han autoexcluido" en referencia a PP y Ciudadanos, y ha asegurado que el acuerdo está abierto a cambios "sin tocar las cuestiones esenciales".

En su opinión, en la negociación con los grupos independentistas deberían quedar al margen las cuestiones políticas y circunscribirse a las cuentas, que supondrán "más de 2.200 millones" adicionales para Cataluña.

La ministra ha destacado otras medidas del acuerdo como la eliminación del copago farmacéutico a casi 7 millones de pensionistas y familias con pocos recursos, el aumento del 40 % del presupuesto para dependencia o las medidas destinadas a fomentar una igualdad efectiva (equiparación de permisos de paternidad y universalización de la escuela hasta los 3 años).

También ha incidido en la lucha contra la pobreza con el aumento de la prestación por hijo a cargo, los 25 millones para comedores infantiles o los 50 millones para proteger a quienes sufren la llamada pobreza energética.

Por su parte, en Podemos han hecho hincapié en la batería de medidas para frenar la burbuja del alquiler, con un 38 % más de dotación para vivienda, la prolongación de la duración de los contratos de arrendamiento y la prerrogativa que se dará a los Ayuntamientos para regular temporal y excepcionalmente los alquileres en zonas de precios "tensionados". 

LOS NACIONALISTAS ABIERTOS A PACTAR

Tras el acuerdo presupuestario, los partidos nacionalistas, cuyo voto es determinante para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, se han mostrado abiertos a la negociación tras conocer el acuerdo logrado entre el Gobierno y Podemos, un pacto para unas cuentas que el PP, por el contrario, ha calificado de "suicidas".

El acuerdo ha sido recibido con cautela por los partidos a los que ahora buscará el PSOE para sumar los votos que necesita para sacar adelante la ley presupuestaria.

Pero hay, en cualquier caso, disposición a hablar.

Los partidos nacionalistas e independentistas no han mantenido ningún contacto con el Gobierno o con Podemos sobre el acuerdo presupuestario que han alcanzado y están a la espera de conocer su contenido para determinar si lo apoyan, han confirmado a EFE fuentes del PNV, ERC y PDeCAT.

Desde el PNV, fuentes del grupo vasco se han mostrado abiertas al diálogo. Están mirando al detalle el acuerdo, que revierte muchos de los recortes del Gobierno del PP, y esperan que en la negociación con el resto de grupos "no se pisen los callos los unos a los otros".

ERC, con nueve escaños, han señalado a EFE que siguen sin tener noticias del Ejecutivo, pero tiene claro que en algún momento acudirán a ellos.

En todo caso, los republicanos catalanes dejan claro que no se sentarán a hablar de los Presupuestos mientras el Gobierno no mueva ficha en la cuestión del derecho a la autodeterminación, la situación de los presos y fugados y las acusaciones ante el Tribunal Supremo.

En la misma línea, el PDeCAT se ha mostrado dispuesto a hablar de los presupuestos, pero, como ha avanzado en rueda de prensa el diputado Ferran Bel, pondrán sobre la mesa la cuestión de los "presos políticos y exiliados" y del derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Mientras hay disposición de los socios potenciales para sacar adelante las cuentas, PSOE y Podemos se han encontrado con la esperada oposición frontal al pacto por parte de PP y Cs.

"O la Comisión Europea tumba estos presupuestos o estos presupuestos tumban a España", ha dicho el líder del PP, Pablo Casado, quien los ha calificado de "imposibles, irresponsables y suicidas para el futuro de España".

Junto con Casado han sido varios los dirigentes del partido que han salido a criticar este pacto, que en palabras del secretario de Economía, Alberto Nadal, y de la portavoz en el Congreso, Dolors Monsterrat, supone la "semilla de la próxima crisis económica".

Para Ciudadanos, el acuerdo no deja de ser "papel mojado" porque faltan apoyos para sacar adelante las cuentas, y en la foto aún "falta Torra".

Así lo ha apuntado el portavoz parlamentario de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, para quien Sánchez e Iglesias "pueden hablar de muchas cosas y escribir una carta a los Reyes Magos, pero no tiene valor" lo que han firmado, que es un acuerdo presupuestario "inviable" como la actual legislatura.

Desde otros ámbitos políticos ha habido también reacción a este acuerdo, y por ejemplo la alcaldesa de Barcelona y líder de los Comunes, Ada Colau, ha invitado a los partidos catalanes que "echaron al PP", JxC y ERC, a apoyar estas cuentas, además de considerar el acuerdo "una buena noticia para los ayuntamientos".

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