El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el Real Decreto que da luz verde a la transferencia de 4.757.863 euros a Castilla-La Mancha para la modernización del transporte por carretera, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En total, el Gobierno transferirá 110 millones de euros a todas las comunidades y ciudades autónomas para la concesión de ayudas a autónomos y pequeñas y medianas empresas privadas de transporte de viajeros por carretera y a las que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, para impulsar su digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías.
Este Real Decreto regula la transferencia de fondos europeos en materia de modernización del transporte por carretera y aprueba las bases reguladoras de las subvenciones en concurrencia simple. Las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla deberán sujetarse a estas bases para realizar las convocatorias y dispondrán de un plazo de cinco meses desde la concesión de la subvención para publicar las convocatorias de las ayudas a pymes y autónomos.
La distribución de los fondos NextGenerationEU se ha realizado siguiendo el criterio de población, tal y como se consensuó con los gobiernos regionales en la Conferencia Nacional de Transportes del pasado 6 de julio.
Para la definición de las actuaciones subvencionables incluidas en este Real Decreto se ha contado con la participación del sector, así como de las empresas tecnológicas del ámbito del transporte por carretera y de las CCAA. No en vano, las ayudas están incluidas en el acuerdo de diciembre de 2021 alcanzado con los transportistas para contribuir a garantizar la rentabilidad del sector.
Este programa de incentivos persigue incrementar la eficiencia de las empresas y del sistema de transporte por carretera mediante la digitalización, la sostenibilidad, la conectividad, la renovación de los sistemas y la introducción de nuevas tecnologías en el sector.
Para conseguir la interoperabilidad de los sistemas y procesos de los diferentes actores involucrados en el transporte de mercancías, se ha considerado necesario promover, no solo la modernización de las empresas de transporte por carretera, sino también de los operadores de transporte y de las empresas cargadoras, como miembros indispensables de la cadena de transporte.
El sector del transporte por carretera en España se encuentra muy atomizado, con un número considerable de empresas pequeñas que no disponen de la capacidad ni los medios para mejorar su eficiencia mediante la introducción de nuevas tecnologías. Por este motivo, estas ayudas se han destinado a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.
Una vez publicadas las convocatorias por parte de las comunidades y ciudades autónomas, los destinatarios últimos de las ayudas (autónomos y pymes del sector del transporte por carretera) tendrán hasta el 30 de junio de 2024 para solicitarlas en la comunidad autónoma donde tengan su residencia fiscal, conforme al procedimiento que establezcan en las respectivas convocatorias. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos.
Con el fin de facilitar la gestión de las ayudas y la implantación de las soluciones de modernización subvencionadas, se ha creado a la figura de los Proveedores de Soluciones de Modernización.
Así, las empresas del ámbito tecnológico y digital que sean proveedores de alguna de las soluciones de modernización incluidas en el Real Decreto aprobado hoy, y que cumplan las condiciones fijadas para ser Proveedor de Soluciones de Modernización, podrán solicitar a Mitma su adhesión al programa de ayudas, mediante un procedimiento que se publicará en la web del Ministerio, y previa publicación de un anuncio de adhesión. No obstante, las CCAA que lo deseen podrán publicar anuncios de adhesión complementarios al del Ministerio.
PLAN ESTATAL DE VIVIENDA Y BONO JOVEN
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto-Ley que introduce "ajustes de carácter muy técnico" para agilizar la gestión del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y del bono joven al alquiler y "asegurar que las ayudas llegan cuanto antes a quienes las necesitan", como ha informado la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los ajustes también afectarán a planes de vivienda anteriores que siguen vigentes "porque todavía hay actuaciones que se están desarrollando", ha precisado Sánchez.
El decreto aprobado este martes también facilita "la contribución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) al incremento del parque de viviendas públicas".
Sánchez ha recordado que hay 10 millones de euros consignados de forma adicional al Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022 destinado a la compra de vivienda y alquiler asequible por parte de las comunidades autónomas "para que puedan comprar directamente a la Sareb".
Con las modificaciones del nuevo decreto, las ayudas a las comunidades autónomas podrán llegar al 100%, mientras que antes estaban limitadas al 60%.
"Estas medidas que hemos aprobado hoy constituyen un impulso más de nuestra política de vivienda", ha insistido la ministra.
Además, en el Consejo de Ministros de este martes también se ha abordado el bono joven al alquiler, que en 2023 volverá a contar con un presupuesto de 200 millones de euros, como consta en los PGE para 2023.
Asimismo, Sánchez se ha referido al plan de rehabilitación de vivienda y a la construcción de vivienda para alquiler asequible. La ministra ha precisado que se espera edificar más de 100.000 viviendas para este fin, de las que ya se cuenta con unas 98.000 y 25.000 se encuentran habitadas.
"Es un esfuerzo sin precedentes en materia de vivienda", ha expuesto Sánchez.
Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha añadido que la vivienda es "la protagonista de los PGE que se están tramitando en el Congreso", con un incremento presupuestario del 5,4%.
